Senado votará hoy tercer retiro, pese al aviso de La Moneda de recurrir al TC
10%. Comisión de Constitución aprobó ayer la iniciativa y la envió a una nueva discusión en Sala. Cacerolazos y paro de portuarios canalizaron el descontento por la medida del Gobierno, que reconoció que impugnar la norma "no es lo más grato".
No sólo reacciones en el mundo político provocó la decisión del Gobierno de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el tercer retiro de fondos previsionales, aún en trámite en el Congreso. También las hubo a nivel ciudadano: a los ruidosos "cacerolazos" de la noche del miércoles, barricadas y otros desmanes durante la noche del miércoles, se sumó ayer un paro de trabajadores portuarios.
La movilización ocurrió en más de 20 terminales del país, incluido los dos principales, San Antonio y Valparaíso, en rechazo al anuncio que realizó el martes el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. A ellos se sumó durante la tarde la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) que se declaró "en alerta" por la decisión del Ejecutivo de dificultar un nuevo retiro del 10% de las AFP.
Refiriéndose a estas incipientes protestas y muestras de descontento, el Gobierno, a través del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló que "estamos sujetos a expresiones de la ciudadanía, pero otra cosa completamente distinta es la barricada, el ataque a cuarteles policiales". Galli agregó que "la condena debería ser transversal a la violencia".
"Cuando el Gobierno tiene la opinión de que aquí se está transgrediendo la Constitución, su obligación es hacerla cumplir. Un juramento que hemos hecho todas las autoridades públicas es respetar la Constitución, y por eso mismo, ese respeto no puede estar sometido a una amenaza de violencia", complementó el subcecretario.
En tanto, el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, reconoció que "ir al Tribunal Constitucional no es lo más grato, pero lamentablemente nosotros estamos obligados a hacerlo (…) Por el impacto que esto va a tener en el mediano plazo en pensiones, hemos tenido que recurrir al TC y de alguna forma también es muestra facultad legal".
AVANZA TRÁMITE
Mientras el debate crece, ayer la Comisión de Constitución del Senado revisó en particular la reforma constitucional sobre el tercer retiro de fondos previsionales, y además lo despachó para su votación hoy -desde las 9:00 horas- en el Hemiciclo, tal como había comprometido la presidenta de la Corporación, Yasna Provoste (DC).
La propuesta, de acuerdo con el quórum necesario, requiere que 26 senadores están a favor, apoyo que en rigor ya existe, según han expresado los parlamentarios, incluyendo del oficialismo. Luego, deberá regresar a una nueva discusión en la Cámara, en principio este viernes.
Rentas vitalicias
La comisión mantuvo en la propuesta la posibilidad de que pensionados de rentas vitalicias puedan acceder a un retiro equivalente en el sistema hasta por un máximo de 150 UF. Por otra parte, acordó que el retiro -en cualquiera de sus modalidades- no constituirá renta, y que las aseguradoras tendrán plazos de 15 y 30 días, a partir de cuando sea solicitado por los usuarios, para pagar la primera y segunda cuota respectivamente.
Asimismo, en la instancia se estimó mantener la indicación de la Cámara en relación con las facultades excepcionales del Congreso en materia fiscal, de manera de fortalecer la posición con que se defenderá el proyecto ante el TC.
"Ir al Tribunal Constitucional no es lo más grato, pero lamentablemente estamos obligados a hacerlo".
Rodrigo Cerda, Ministro de Hacienda
No hay consenso para acusación
Pese a que en los tres grandes conglomerados de oposición (U. Constituyente, F. Amplio y Nuevo Trato) hubo consenso en las críticas a La Moneda por recurrir al TC, e incluso emitieron una declaración conjunta, al cierre de esta edición no había acuerdo para una eventual acusación constitucional contra el Presidente Piñera, fórmula que un grupo de diputados de RD, el PC, el PS y la DC, entre otros, continuará estudiando hasta este viernes. Al respecto, el Gobierno llamó a la "responsabilidad política".