El lunes 23 de noviembre el aeropuerto Arturo Merino Benítez comenzará a recibir a turistas extranjeros. Solo ese terminal estará facultado para proceder al ingreso de visitantes, los que luego deberán tomar una serie de medidas para seguir su trazabilidad y de no hacerlo se exponen a varias multas y costos.

Si bien se entiende que el Gobierno busca levantar la industria y que empresarios y trabajadores necesitan del turista extranjero, el plan genera muchas dudas y deja muchos aspectos demasiado sueltos.

La declaración jurada que se obtiene en el c19.cl no genera ninguna seguridad de que varios datos puestos por las personas sean ciertos y, para peor, es imposible castigar si se omite o se miente respecto a alguno de los antecedentes.

La primera "barrera" ya es obsoleta y la "segunda" tampoco da seguridad plena. Los turistas deberán ingresar con un examen PCR negativo que sea emitido por un laboratorio certificado por la Autoridad Sanitaria local donde se originó el viaje, lo que implica confiar en los mecanismos y ordenamiento de otros países, y, por ende, puede conducir a errores e incluso irregularidades. Hace poco el nuevo técnico de la Universidad de Chile, Rafael Dudamel, llegó al país con un PCR negativo y tras el examen realizado en Chile dio positivo. Él llegó por trabajo, pero en el ámbito turístico no se exige y pueden pasar con un testeo erróneo o hasta con papeles irregulares.

La tercera "barrera" es que los turistas informen diariamente su estado de salud, lo que deja muchas interrogantes. Podría ser a través de una aplicación, dado que esta herramienta supone un lugar común para personas de todo el mundo y porque por vía telefónica el idioma puede ser una traba. Pero ¿están las herramientas para hacer una buena app? ¿está el personal suficiente para atender a las 300 mil personas que podrían llegar hasta fin de año? Se necesitaría un "ejército" para atender requerimientos de viajeros de habitantes del país.

Por otra parte, ¿cómo hacer el seguimiento a personas que tienen una alta movilidad dentro del territorio? Los turistas perfectamente pueden dar una dirección y luego cambiarse de hotel, hostal, ciudad o de región sin dejar rastro con lo que la amenaza de multa queda reducida a nada. Qué pasa con quienes dicen que irán a un lugar sin señal ¿tendrán que mandar señales de humo?

La trazabilidad es difícil ya para un país e incluso una ciudad y lo puede ser más con personas que tienen mil excusas para no cumplir con los protocolos. Por ello, es indispensable que se les hagan controles PCR en el país, tal como sucede con otras personas que vienen por trabajo u otros ámbitos.

Con el amplio triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional se inició formalmente el proceso constituyente que, como sabemos, tiene como objetivo generar una nueva Constitución que sustituya la actual. Definido el órgano que discutirá y aprobará el futuro texto constitucional surgen propuestas respecto a su funcionamiento y sobre cómo se adoptarán los acuerdos para aprobar las normas constitucionales.

Si bien la Convención Constitucional es quien definirá estos asuntos, la Constitución Política vigente regula una serie de cuestiones relacionados con el ejercicio de la función constituyente, las atribuciones de la Convención y sus límites. Por ejemplo, la Constitución estableció la mayoría de dos tercios para aprobar las normas constitucionales; y el plazo de nueve meses - renovable por tres meses más- para redactar y aprobar el texto constitucional.

Sin embargo, una serie de asuntos serán regulados por la Convención Constitucional en el ejercicio de su autonomía, disponiendo aquello que la Constitución no estableció o complementándolo. El análisis sobre los asuntos controvertidos que regulará el reglamento de la Convención se ha centrado principalmente en cómo se alcanzará y aplicará la referida norma de los dos tercios; y cómo se logrará que el texto sea consistente.

La experiencia comparada indica que para un funcionamiento eficiente de la Convención debieran conformarse comisiones temáticas. Los asuntos mínimos que se discutirán en su seno - y que no tendrán como base el texto constitucional actual - deben relacionarse con las comisiones que se determinen. El número de estas comisiones debiera ser acotado para así favorecer un trabajo más coordinado y un mejor aprovechamiento del tiempo. Solo a modo ejemplar, una comisión podría dedicarse a la organización territorial del Estado.

También debieran preverse comisiones que se vinculen con la redacción del texto. Por ejemplo, una comisión de armonización, de redacción y estilo podría revisar los borradores aprobados por las comisiones con miras a detectar posibles inconsistencias, sugiriendo fórmulas para salvarlas. Otra comisión podría encargarse de desarrollar la participación ciudadana en el proceso, por ejemplo, las consultas ciudadanas, las audiencias públicas de expertos, de grupos de interés y territoriales.

Como adelanté, una preocupación central es que el futuro texto sea completo y consistente. Para ello algunos han propuesto, además de la aprobación particular de las normas, una aprobación final y general por dos tercios. Sin embargo, esta aprobación final no es necesaria porque, como señalé, hay distintos instrumentos como las comisiones temáticas, la comisión de armonización y redacción, que - sumados a debates y votaciones sucesivos - permitirán que el texto constitucional sea consistente. Esta votación general final no solo es innecesaria, sino que es un incentivo al bloqueo para que siga vigente la Constitución actual. Además, cabe recordar que la Constitución definió expresamente que el plebiscito ratificatorio es la instancia de aprobación final y general del futuro texto constitucional.

La Región de Atacama y sus nueve comunas se encuentran en el Paso 3 de "Preparación" de la estrategia "Paso a Paso", iniciativa del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que ha permitido ir recuperando gradualmente actividades, rubros económicos y empleos que se habían perdido por los efectos negativos de la pandemia del Covid-19.

Todas las actividades que se están desarrollando y las que han ido retornando gradualmente deben operar bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios, los cuales han sido diseñados por nuestro Ministerio de Economía y Ministerio de Salud.

Al respecto, desde el 01 de septiembre se permitió la atención de público en restaurantes, cafés y análogos en lugares abiertos, hasta el 25% de su capacidad o guardando una distancia mínima de dos metros lineales entre mesas. Está medida fue acompañada por propuesta que realizamos a varias autoridades municipales de la región, en ir ocupando espacios de administración municipal y media calzada para que restaurantes puedan atender y comenzar a recuperar sus emprendimientos. Sumado a lo anterior, desde el día 07 de noviembre, para aquellos locales que no contaban con espacio para atención en exterior, pueden comenzar a recibir al público al interior de sus locales cumpliendo con las siguientes exigencias sanitarias: 25% de aforo respecto de su capacidad, distancia mínima de dos metros entre las mesas, estadía máxima de los clientes no debe exceder las dos horas, deben tener ventilación permanente y adecuada, además de sanitizar el local por completo durante 15 minutos.

Todas estas acciones contribuyen a dar ese impulso tan necesario al rubro gastronómico y reactivar sus emprendimientos, así como también, otros sectores económicos que han sufrido bastante durante el desarrollo de la pandemia.

Nuestro trabajo y compromiso esta enfocado en seguir levantándonos, reactivar la economía regional acompañada por la implementación de los protocolos sanitarios, recuperar y generar nuevos puestos de trabajo que son fundamentales para las familias de Atacama, y de igual forma, continuar apoyando a los emprendedores que son el corazón de nuestro gobierno.