E jueves fue aprobado el proyecto de ley que instaura el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, entidad que busca reemplazar al actual Servicio Nacional de Menores (Sename) para mejorar la atención y cambiar la cara a una entidad que ha estado en el "ojo del huracán" en los últimos años. La medida se enmarca en la nueva institucionalidad que implementa el Gobierno para dar mayor especialización en la materia. La Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Servicio Nacional de Protección Especializada son los otros organismos que buscan redoblar esfuerzos.

El cambio de nombre del Sename puede provocar un impacto positivo en el corto plazo, pero eso terminará disipándose si es que no se dan herramientas y recursos adecuados para desarrollar la labor de funcionarios de la entidad y de los que apoyan los diversos programas.

Y es que no es tarea fácil la que deben realizar día a día sicólogos, sicopedagogos y asistentes sociales, entre otros profesionales. El apoyo a niños y adolescentes es constante y va desde lo que se pueda hacer puertas adentro como también puertas afuera, dado que pueden ocurrir episodios lamentables que requerirán la experticia o la funcionalidad de estos funcionarios, fuera de su horario de trabajo.

Si se quiere dar una atención como corresponde, el cambio debe ser en lo institucional, pero también en este tipo de miradas dado que finalmente son estos funcionarios y los encargados de programas los que se llevan el mayor peso y la constante tensión por las funciones que en ciertos periodos puede llegar a ser 24/7 , lo que no parece ser muy visibilizado.

El Sename fue creado en 1979 y comenzó a funcionar en 1980, pero lejos de tener una consolidación con el paso de las décadas, pasó a ser uno de las últimas prioridades en la cadena del país y con ello ocurrieron una serie de irreparables episodios.

El paso dado el jueves puede ser una oportunidad de enmendar el camino que ha estado lleno de piedras y trabas, pero que requiere también de un cambio de mirada en el recurso humano.

El pasado domingo 25 de octubre, la opción de aprobar una nueva constitución arrasó en todo Chile. De las 5 comunas donde el "apruebo" obtuvo más alta votación, 3 son de Atacama, con un 91,48 % Freirina lidera la lista, y luego en tercero, cuarto y quinto lugar le siguen Diego de Almagro, Chañaral y Huasco respectivamente.

Que la mayoría de los electores de dichas comunas se inclinaran por el esta opción, no es mera coincidencia. Más allá de la tendencia política, hay un potente mensaje, que sobrepasa las concepciones de democracia y el deber cívico que llevaron a atacameñas y atacameños a tener una participación histórica en este plebiscito.

Un llamado de atención, que se enfoca en la realidad imperante de una región tan rica y diversa, que ha visto cómo sus recursos se van sin dejar un beneficio efectivo a sus habitantes y cómo se trasforma en una especie de patio trasero de actividades extractivas: un desierto de oportunidades para sus ciudadanos y una mina de oro para otros.

Freirina, Huasco y Chañaral dejan en evidencia ese grito soterrado de la contaminación excesiva y el olvido. La actual Constitución no ha entregado la protección y mecanismos suficientes para asegurar un ambiente libre de contaminación, tal como indica en su artículo 19 N8. Tampoco sus reformas, han dado el ancho para enfrentarse a la emergencia climática y sus consecuencias.

En nuestro Congreso, permanecen dormidas aquellas voluntades de modificar la Carta Magna para ampliar la participación ciudadana en temas ambientales, el manejo de recursos hídricos, la protección del ecosistema, entre otros. Ante eso, la posibilidad de escribir una nueva Constitución abre una ventana de esperanza para quienes habitan en dichos lugares; presos de la contaminación, la sequía, la desertificacion y la sobreexplotación de sus recursos naturales.

Lo anterior es un llamado urgente a terminar con las zonas de sacrificio ambiental, apuntando no sólo a los cambios estructurales de la institucionalidad ambiental, sino también, a la construcción y consagración del derecho a vivir en un medio ambiente sano, donde no exista afectación directa a la integridad física y psíquica de sus habitantes y se mantenga una relación armónica con el entorno.

Lo que también implica un enérgico reclamo a la constante dicotomía que el modelo de desarrollo y la matriz productiva de nuestra región impone a sus habitantes; el acceso a bienes de consumo y derechos sociales, a cambio de metales pesados en el aire y cuencas de los ríos secas.

Un estado permanente de estar contra la espada y la pared del desarrollo, que en Atacama, luego del domingo, estamos todos y todas dispuestos a romper.

El Juramento a la Bandera establecido en 1914, es una ceremonia donde los jóvenes soldados del Ejército, en homenaje a los 77 héroes de La Concepción, al mando del Capitán Ignacio Carrera Pinto, en este acto Juran a la Bandera y se comprometen fielmente con la Patria hasta rendir la vida si fuese necesario.

Si bien este año se realizará en una fecha distinta a la que conmemora la gesta de 9 y 10 de julio, esto no resta el simbolismo y tradición que miles de integrantes del Ejército de Chile que han jurado cumplir con su deber, hoy es turno de los jóvenes demostrar hoy y como antes, la fortaleza y el carácter de los "77 chacabucanos", que dieron su vida por Chile y la causa nacional.

Los hombres y mujeres que integran nuestro Ejército, hoy más que nunca demuestran la profunda relevancia de la vocación de servicio a la Patria, honrando así el sacrificio de nuestros héroes, cumpliendo su deber constantemente en ir ayuda a la ciudadanía, este año los jóvenes que han ingresado a la institución en un momento tan difícil como lo es la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia de covid-19, ellos han oído el llamado a la patria a través del Servicio Militar.

La misión que están cumpliendo los integrantes de la I División de Ejército durante este Estado de Excepción de Catástrofe, refleja el compromiso permanente del Ejército de Chile, con toda la ciudadanía, compromiso de proteger a nuestros compatriotas, que cada integrante adquiere en el Juramento a la Bandera, con el país y sus ciudadanos, especialmente en los cuales es más necesario.

Los jóvenes que juran hoy no sólo sellaran su compromiso con el país sino que, lo hacen una condición tan difícil para Chile, devela la profunda importancia que mantienen nuestros integrantes, la vocación de servicio a la Patria que honra el legado de valor y virtud de nuestros héroes y que se ve reflejado cada vez que el país lo requiere, como lo estamos viviendo, ayudando a nuestros compatriotas en esta pandemia.