Redacción

Chile superó los 41 mil exámenes de PCR para detectar el coronavirus y anotó un nuevo récord en dicho indicador: el Ministerio de Salud dio cuenta de 41.152 pruebas informadas en la jornada previa, entre las cuales el 3,91% arrojó positivo.

"La cantidad de exámenes que podemos informar hoy (ayer) es reflejo de un esfuerzo conjunto entre las universidades, la red pública y la red privada, que han trabajado incesantemente para enfrentar los desafíos que ha significado el coronavirus. No hemos bajado los brazos y vamos a seguir trabajando enfocados en pesquisar de manera oportuna, en buscar activamente los casos y, por lo mismo, quiero agradecer la importante labor de los trabajadores de la salud, quienes han hecho posible informar, por primera vez, más de 41 mil exámenes PCR en las últimas 24 horas", resaltó el ministro de Salud, Enrique Paris.

Hasta la fecha, el país registra 4.349.913 exámenes analizados, con un 11,76% de positividad.

Contagios y decesos

Se reportaron, asimismo, 1.607 casos nuevos de covid-19, de los cuales 1.031 corresponden a personas sintomáticas y 548 no presentan síntomas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad en el país alcanza a las 511.864. De ese total, 9.164 pacientes se encuentran en etapa activa del virus. A los más de 511 mil confirmados cabe agregar los 68.378 casos probables, al 29 de octubre, documentados por el informe epidemiológico del Minsal divulgado el sábado.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud del ministerio, en las previas 24 horas se registraron 40 fallecidos por causas asociadas al covid-19. El número total de fallecidos asciende a 14.247 en el país, aunque cabe consignar que el informe epidemiológico reporta 19.009 decesos al 28 de octubre, al incluir los casos sin confirmación de laboratorio.

A la fecha, además, 743 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 606 están con apoyo de ventilación mecánica y 89 se encuentran en estado crítico de salud. Existen 383 ventiladores disponibles para el paciente que lo requiera, independientemente de la región donde esté.

Las residencias sanitarias disponibles son 149, con 10.835 cupos. Al día de hoy cuentan con 5.565 usuarios considerando todas las regiones del país. Las personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran trasladarse a una residencia sanitaria, pueden llamar al 800 726 666 o ingresar a www.minsal.cl.

Sancionar a quienes dificulten o impidan el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad a los servicios de transporte público pagado de pasajeros. Ese es el propósito del proyecto de ley presentado por un grupo de diputados de Chile Vamos y el radical Cosme Mellado, y que hace unos días fue aprobado, por unanimidad, por la Cámara de Diputados, que lo remitió al Senado.

La idea matriz del texto es sancionar en el transporte público de pasajeros el exigir a las personas con discapacidad y adultos mayores cumplir requisitos especiales, fuera del marco legal, para acceder a ese transporte. Esta conducta es considerada infracción grave en la iniciativa, que fija una multa ante ella de 1 a 1,5 UTM (de cerca de $50 mil a $76 mil).

El proyecto también modifica la Ley de Tránsito incorporando en las infracciones gravísimas el que un conductor de transporte público lo ponga en movimiento o no lo detenga completamente cuando haya pasajeros que deseen subir o bajar del vehículo, si estos corresponden a pasajeros con discapacidad y/o adultos mayores. En este caso, la sanción corresponderá a una multa de 1,5 a 3 UTM (de cerca de $76 mil a $152 mil) y 5 a 45 días de suspensión de licencia.

Érika Olivera, una de las autoras de la moción, destacó que "el transporte es hoy una necesidad básica; bien lo sabemos quienes vivimos en ciudades tan grandes e interconectadas como Santiago, donde una persona vive en un extremo y trabaja o estudia en otro, y en que los viajes largos lo son aún más y se hacen más gravosos para quienes tienen movilidad reducida", como los adultos mayores y las personas con discapacidad. Recalcó que el transporte es "vital" para ellos, "sobre todo para quienes se encuentran en vulnerabilidad socioeconómica".

La iniciativa plantea entre sus fundamentos que, según la Segunda Encuesta Nacional de la Discapacidad, de 2016, en el país hay 2.606.904 personas con discapacidad, un 20% de la población total.

El senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán entregó al presidente de su partido, Rafael Prohens, 15 propuestas de reformas para que el partido las proponga y defienda en la Convención Constitucional con miras a que sean parte de una eventual nueva carta magna.

"Renovación Nacional debe estar unido en torno a las propuestas constitucionales. Si bien hasta el plebiscito teníamos caminos distintos para hacer los cambios a nuestra carta fundamental, hoy debemos trabajar juntos para obtener un gran resultado en la próxima elección de constituyentes. Esto debe implicar que los candidatos a la elección de abril deban firmar un compromiso programático con las ideas del sector y con los principios que debemos defender en el proceso constituyente", explicó Chahuán, quien dijo que las ideas fueron consultadas con legisladores de RN.

Propone, por ejemplo, avanzar hacia un Estado Unitario Descentralizado que transfiera competencias, atribuciones y recursos a los gobiernos locales; modificar el sistema político, pasando a un semipresidencialismo; dar reconocimiento constitucional a los pueblos originarios; e instaurar un defensor de los derechos del pueblo.

No acaba la controversia por el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el que, junto con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, busca reemplazar al actual Sename.

La entidad, por implementar, considera un aumento de la subvención de las residencias en su componente fijo al 50% y un mayor monitoreo de los organismos colaboradores acreditados, entre otros ejes.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió en el canal La Red al servicio. Dijo que, mientras "el primer deber del Estado de Chile es prevenir que los niños y adolescentes sean víctimas de vulneraciones a sus derechos" y, por tanto, "el énfasis debe estar puesto" en las garantías, la ley que permitirá implementar el sistema de estas últimas aún está pendiente en su aprobación.

Expuso que por ahora el esfuerzo gubernamental "se focaliza" en el nuevo servicio, "anunciado como 'el fin del Sename": implica "un cambio de nombre y de dependencia orgánica, pues pasa del Ministerio de Justicia al de Desarrollo Social, pero, en términos estructurales, no provoca una modificación del modelo de intervención y mantiene el mismo sistema de financiamiento, basado en la subvención, bajo una perspectiva asistencialista y caritativa, que no logra resolver una obligación que le asiste al Estado: garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños".

La subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, respondió en 24 Horas: "No es sólo un cambio de nombre. El Servicio de Protección va a estar bajo la dependencia de Desarrollo Social, ¿y quiénes son los grupos que están bajo esta protección? Los vulnerables. Por tanto, hay un cambio de foco muy claro: de niños que estaban bajo la dependencia de Justicia, que en general tiene carácter punitivo, a niños que se reconoce son vulnerables y vulnerados en sus derechos".