Pamela Vásquez Fuentes

Un decreto de la Gobernación Provincial de Copiapó que fue publicado ayer en el Diario Oficial, dispone del retiro de los cercos emplazados en forma ilegal en terrenos fiscales.

Según el documento, esto busca que se ejecuten las "medidas necesarias tendientes a retirar la totalidad de cercos palafitos, radieres o muros sin techumbre, cada uno o todos a la vez que no sean considerados una unidad o recinto de permanencia, emplazados en propiedad fiscal de la Provincia de Copiapó".

Agrega el texto que "en cuanto se tenga conocimiento respecto a la instalación de cercos, por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, remitirá, mediante oficio, dicha información a la Gobernación Provincial de Copiapó, para con ello proceder al retiro de los mencionados cercos, de la forma más expedita posible".

Respecto a este decreto, el intendente, Patricio Urquieta, explicó que "tenemos un trabajo que responde a cautelar de propiedad fiscal y en segundo lugar de regularización de propiedades o personas que están haciendo ocupación ilegal de algunos territorios de la región. Cuando tenemos la posibilidad de ejecutar y llevar adelante acciones que pretendan derribar algún tipo de cimiento o estrategia de construcción de una propiedad en lugar fiscal, lo vamos a hacer porque permite ser mucho más ágiles en el desarrollo de acciones preventivas de ocupaciones ilegales y que lamentablemente cuando no se hacen, terminan consolidando propiedades irregulares en sectores que naturalmente son de interés para el fisco".

Por ello, la primera autoridad regional recordó que "lo más importante es que quienes están en esta situación puedan cumplir con la ley que es que no pueden ocupar propiedades fiscales cuando no tengan autorización, cuando están en zonas de riesgo que es el caso de algunas propiedades que se han detectado (...) pueden poner en riesgo a otras personas que no tienen nada que ver con las ocupaciones ilegales".

Agrupación

Ruth Collao, presidenta de la Agrupación Campamentos de Atacama, respecto del decreto manifestó que "de cierta forma estamos preocupados por la situación porque el país está viviendo una realidad que muchas familias van a pasar a vivir en asentamientos, pero también por otro lado ojalá que se pueda concretar porque hoy hay mucho asentamiento en zona de riesgo".

Agregó que "lamentablemente se dieron cuenta que la realidad ha sobrepasado lo que nosotros en algún momento dijimos, vamos a estar atentos para que esto se pueda cumplir y llevar a cabo cuando se empiecen a asentar (...) Esperamos que las autoridades pongan mano dura con esta situación que afecta a los campamentos y esperamos que el decreto se pueda cumplir, el territorio no da abasto tampoco, se han intervenido quebradas, zonas de riesgo y nunca hubo un control. Ojalá se haga efectivo este decreto, es lo que esperan todos los dirigentes y lo hemos esperado por harto tiempo".

"Cuando tenemos la posibilidad de ejecutar y llevar adelante acciones que pretendan derribar algún tipo de cimiento o estrategia de construcción de una propiedad en lugar fiscal, lo vamos a hacer".

Patricio Urquieta, Intendente Regional

La Fiscalía de Atacama, en el marco del permanente contacto con la comunidad y otras instituciones públicas, desarrolló en Caldera una jornada de capacitación dirigida a funcionarios de Seguridad Ciudadana de este puerto.

Dicha actividad, realizada a través de videoconferencia, estuvo a cargo del fiscal jefe de esta comuna, Alvaro Córdova, quien centró la entrega de información en las actuaciones que este personal de apoyo a la seguridad pública debe tener frente a delitos flagrantes.

"El personal de Seguridad Municipal cumple una importante labor de prevención de delitos, pero hay ocasiones en que se ven enfrentados a la comisión de ilícitos de manera presencial o concurren a los llamados de alerta que hace la comunidad. Es por eso, que estos funcionarios deben tener pleno conocimiento de sus atribuciones para no incurrir en actos que estén fuera del marco de la Ley", dijo el fiscal.

De este modo, Córdova explicó las condiciones que enmarcan a un delito en el periodo de flagrancia y qué debe hacer el personal de seguridad si se enfrenta a ellos, indicando además las comunicaciones que deben realizar principalmente a personal de Carabineros o la Armada, quienes están facultados para llevar a cabo los procedimientos policiales que luego son derivados a la Fiscalía.

Finalmente, el fiscal Alvaro Córdova valoró el interés de los funcionarios por conocer de esta temática y así sumarse al trabajo comunal destinado a brindar seguridad a la ciudadanía, además del aporte que en el marco de sus atribuciones puedan realizar a la persecución penal de los delitos.

Los centros residenciales del área de protección -de administración directa o de organismos colaboradores acreditados- resultaron beneficiados con la donación realizada por Unicef Chile, organismo que entregó un gran aporte de insumos de seguridad sanitaria al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para ser distribuidos a través de la Subsecretaría de la Niñez. En este contexto, la región de Atacama recibió un apoyo fundamental para continuar enfrentando el covid-19.

Unicef Chile hizo entrega de mascarillas, escudos faciales, alcohol gel, pecheras y guantes de látex con el propósito de proteger a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y también a funcionarios que se desempeñan a diario cumpliendo sus funciones en trato directo.