El Senado aprobó y despachó el proyecto de ley que prohíbe cortar o suspender, por mora en el pago, el suministro de los servicios básicos (agua, luz, gas) al 60% de la población más vulnerable. La iniciativa fue aprobada con 28 votos a favor y 10 abstenciones. Sin embargo, ayer en la tarde el ministerio Secretaría General de la Presidencia publicó un comunicado en el que anuncia que evaluará su posible inconstitucionalidad.

"El gobierno durante su tramitación señaló expresamente que ésta se refería a materias que ya se habían abordado el 27 marzo pasado junto a las empresas de servicios, con el propósito de alivianar el bolsillo de las familias del país que más se han visto afectadas por efectos del covid-19. El contenido de la parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales. El gobierno se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción", indica el texto.

El nuevo beneficio debe ser solicitado a cada empresa. El requisito básico es encontrarse dentro del 60% de la población más vulnerable, según el Registro Social de Hogares. También están incluidos los adultos mayores, quienes estén acogidos a la Ley de Protección del Empleo, los trabajadores independientes y los informales no comprendidos en una de las categorías anteriores.

El proyecto establece una vigencia de 30 días antes y 90 días después de publicada la ley. La repactación por deudas comenzaría a correr en la facturación de cada servicio siguiente al tercer mes. En el lapso de 90 días, las proveedoras de servicios sanitarios, de distribución eléctrica y de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a diversos clientes, como usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, recintos penales, hogares de menores, bomberos, microempresas y otros. También se permitirá que los usuarios de telefonía móvil (con o sin plan), teléfono fijo e internet domiciliario o móvil, accedan a un servicio gratuito por los próximos tres meses para asegurar la conectividad requerida.

Redacción / Agencias

Adías de que concluya -este domingo- el plazo que pidió el presidente Sebastián Piñera para alcanzar un gran acuerdo nacional que permita implementar un plan económico de emergencia, autoridades de Gobierno expresaron su optimismo respecto de lograr dicho objetivo.

Las posiciones se han ido acercando, dijeron desde La Moneda, y además surgió un apoyo transversal a la propuesta hecha por un grupo de economistas convocados por el ministerio de Hacienda, de generar un "Fondo Covid" por 12 mil millones de dólares.

"Vamos a llegar a un acuerdo respecto del monto de todas maneras. ¿Cuánto? Lo que más se pueda. Tan importante como eso es que sea plano y no decreciente, y que cubra la mayor cantidad de personas", comentó el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, en radio Pauta.

Similar confianza expresó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar. "Hay una diferencia entre un marco que estamos nosotros planteando y el ideal de lo que quisiera la oposición, pero claramente, al tener más o menos claro cuáles son los mecanismos y los horizontes de tiempo, hay muchos más puntos de convergencia en este minuto y que nos acercan claramente a la posibilidad de llegar a un acuerdo", dijo a radio Duna.

El transversal grupo de economistas convocados por Hacienda planteó crear un "Fondo Covid" de US$12 mil millones para la emergencia y la reactivación. Sería extrapresupuestario y serviría para financiar transferencias directas a las familias, apoyos a trabajadores y empresas, recursos para la salud, inversión pública adicional y nuevos impulsos económicos. Existiría en principio por unos 24 meses. Para costear el fondo, se propone combinar transferencias de los fondos soberanos y un mayor endeudamiento público.

La idea incluye un alza del Ingreso Familiar de Emergencia, de $65 mil a un rango de $80 a $90 mil por persona; entregar a libre disposición unos 100 millones de dólares a los municipios; y mejorar el monto que reciben los trabajadores amparados en la Ley de Protección del Empleo, entre otrs medidas.

"Espero que Hacienda adopte esta propuesta, que es coincidente con lo planteado por la oposición", dijo el senador DC Jorge Pizarro, de la Comisión de Hacienda. "Es una propuesta bien pensada, donde US$12 mil millones a 24 meses es un desafío grande, pero en la línea de lo posible y con el mérito de ser armónica con las propuestas del Gobierno", destacó su par Juan Antonio Coloma, de la UDI. "Ojalá que el consenso técnico se traduzca en un consenso político", manifestó el líder de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte.

más cerca

A través de una declaración conjunta, los gremios de la macrozona norte compuesta por A.I.I (Asociación de Industriales de Iquique), A.I.A (Asociación de Industriales de Antofagasta), CORPROA (Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama), CIDERE Región de Coquimbo (Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de la Región de Coquimbo), valoraron que el rubro minero continuara en actividad pese al coronavirus y llamaron a las empresas a comenzar con la reactivación económica.

"Haber logrado mantener la continuidad operacional del sector minero y sus encadenamientos esenciales, resulta muy destacable por su impacto estratégico en lo económico, social y territorial. Los estrictos y ejemplares protocolos sanitarios y de seguridad explican este gran logro. Todos los actores de la industria somos responsables de mantener la producción minera y sus beneficios para los chilenos", señalaron los gremios en el texto.

Además, los gremios solicitaron a las mineras de la zona que aplicaran una política de contratación de mano de obra local.

"Junto con mantener la producción, por razones sanitarias y de sustentabilidad, hacemos un llamado a las grandes empresas mineras y grandes proveedores para que, iniciemos desde ya, la reactivación económica y social desde las regiones productoras del norte, priorizando la contratación de mano de obra y de empresas contratistas y proveedoras de las regiones en las que tienen sus operaciones", agregaron.

También apuntaron a las autoridades de Atacama, pidiendo que dieran premura a la tramitación de proyectos.

"A las autoridades regionales y comunales les solicitamos que apliquen la máxima celeridad para las tramitaciones de los proyectos que se encuentran a la espera de las aprobaciones necesarias para su más pronta puesta en marcha. Asimismo, les hacemos extensiva la solicitud para que en la ejecución de obras públicas se priorice la contratación de empresas y mano de obra regional", concluyó el texto.