El presidente Sebastián Piñera, destacó ayer la incorporación de los primeros 20 furgones escolares para el traslado de pacientes covid-19 o sospechosos de estar contagiados con la enfermedad a residencias sanitarias, donde las personas podrán cumplir su aislamiento de forma segura.

Esta iniciativa de enmarca dentro del Programa de Residencias Sanitarias e incluye una adaptación especial en cada furgón, para proteger la salud del conductor, evitando cualquier contagio con los pasajeros trasladados.

"Estamos viviendo épocas muy difíciles, estas semanas que vienen van a ser, probablemente, las más difíciles, pero cuando hay grandes problemas se requieren grandes soluciones", dijo ayer el mandatario en un acto realizado en la Plaza de la Constitución, en el que estuvo acompañado por el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y por la seremi metropolitana de Salud, Paula Labra.

En la actualidad los furgones están realizando traslados en las comunas de Colina, Paine, Maipú, Pudahuel, La Pintana, Renca, San Joaquín, La Florida, Puente Alto, Lo Prado, Quinta Normal y La Granja y, de acuerdo a lo señalado por el ejecutivo, esperan llegar a una flota de 100 furgones. "A los chilenos les decimos: no los vamos a dejar solos", destacó.

Cabe recordar que en la última semana el Gobierno ha promovido el acceso y la ampliación de cupos en residencias sanitarias como estrategia para dar más efectividad a las medidas de cuarentena total, sobre todo en la Región Metropolitana, donde se concentran el 80,8% de los casos totales de coronavirus desde que inició el brote epidemiológico en marzo.

"Es muy importante comprender que algunas personas no pueden hacer un verdadero aislamiento en sus propios hogares, porque no tienen las condiciones, los espacios suficientes, y por esa razón impulsamos con mucha fuerza las residencias sanitarias", dijo el Presidente y agregó que "las residencias sanitarias son importantes porque nos permiten aislar las personas que son contagiosas y, de esa forma, restringimos, evitamos la dispersión del virus". Piñera aprovechó también la instancia para llamar a la colaboración y a la solidaridad.

Según las cifras del Ministerio de Salud (Minsal) hasta ayer, el Gobierno disponía de 11.812 cupos en residencias sanitarias en 130 centros habilitados con esta función.

Redacción

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), junto a la Escuela de Gobierno Local, dieron a conocer ayer los resultados de la "Encuesta municipal nacional de necesidades básicas en pandemia", que realizaron con información de 131 municipios a lo largo del país, que cubren el equivalente al 44,66% de la población nacional. Los datos corresponden al período entre el 25 de mayo y el 2 de junio.

Tomando como ejemplo tres comunas del país, como son Coquimbo (norte), Renca (centro) y Temuco (sur), el estudio arrojó que los mayores problemas a raíz de la actual situación sanitaria tienen relación con la adquisición de alimentos y el pago de servicios básicos del hogar.

También muestra que el sector medio ha debido endeudarse para paliar las consecuencias económicas de la pandemia, lo que ha dejado en evidencia "la realidad y vulnerabilidad en la que viven las personas pertenecientes a este grupo socioeconómico".

De las categorías consultadas, el 33% apunta a que sufre necesidades de tipo material, dentro de la cual destaca la necesidad de mercadería (48%), falta de canastas de alimentos (14%), artículos de aseo (11%), pañales (7%), elementos de construcción (7%), leña y calefacción (6%), entre otras.

El presidente de la AChM y alcalde de Natales, Fernando Paredes, dijo al respecto que "este es un fiel reflejo de las necesidades de nuestros vecinos, que en esta crisis sanitaria lo están pasando muy mal, especialmente los sectores vulnerables de nuestra población, que están sufriendo con las altas tasas de cesantía y la imposibilidad de llevar los insumos básicos para su hogar".

El 24% de los consultados indica que sus necesidades se inclinan a la categoría de servicios, dentro de las que a su vez destaca dificultades para pagar arriendos (25%), falta de gas (24%), agua (23%), electricidad (21%), entre otras.

Por otro lado, el 23% se inclina porque la categoría económica es la que los ha afectado en mayor proporción, dentro de la cual se contemplan la cesantía o falta de empleo (33%), la necesidad de bonos (18%), subsidios (17%), entre otros.

Paredes indicó que "esperamos llevar este estudio a las distintas mesas de trabajo que tenemos con el gobierno para ir solucionando estos problemas que arroja el estudio, ya que luego que pase la crisis sanitaria debemos abordar cómo bajamos las altas tasa de cesantía".

Finalmente, en la categoría de Salud, la cual el 16% de las consultadas declara como una de sus mayores necesidades, se traduce en falta de medicamentos (24%), mascarillas (17%), sanitización (15%), kits de aseo (13%), exámenes (7%), mejor atención (5%) y atención mental (4%), entre otras.

Desde hace años, organismos internacionales y el propio Estado chileno han interpelado a las empresas a involucrarse en la prevención y detección de la violencia intrafamiliar en sus trabajadores y trabajadoras. La propia norma 3262 de Igualdad de Género y Conciliación de vida laboral, familiar y personal que promueve el Sernameg, lo plantea como requisito.

Hoy, se ha vuelto un ineludible en las políticas de igualdad de género y en los componentes de género de las políticas de diversidad e inclusión de las organizaciones, siendo una de las líneas de acción más difíciles de desarrollar en tiempos de pandemia.

La dificultad que expone realizar pesquisas y contención a través del teletrabajo y la incertidumbre que provoca la derivación de casos detectados a la red pública de casas de acogida y centros de la mujer en condiciones de cuarentena y distanciamiento social, son dos variables que tensionan el normal desarrollo de estos programas en las áreas de recursos humanos.

Comunidad Mujer, al entregar el informe de la Iniciativa Paridad de Género IPG Chile frente al covid-19, planteó la inquietud de las empresas encuestadas por abordar la violencia doméstica, como uno de los desafíos de género de la pandemia.

Y es muy cierto. Lo es.

Es un gran desafío poder abordarla y derivarla de forma adecuada y hay mucha incertidumbre sobre el curso de las acciones a seguir en estas nuevas condiciones.

Y es muy necesario hacerlo, también es cierto. Porque el número de denuncias por violencia intrafamiliar en Chile ha aumentado exponencialmente durante la pandemia y se necesita la actuación de todos los actores sociales para poder enfrentarla.

En medio de esta neblina, urgen mensajes más claros que nunca de parte de la autoridad pública y sus dispositivos de comunicación. Mensajes que logren desarrollar confianza y que apoyen las acciones -no sólo comunicacionales, sino también relacionales- que establecen las empresas a la hora de construir sus propios mensajes, contener y derivar casos.

Un polémico video presentado por Sernameg hace unos días, eliminado de sus plataformas luego de recibir críticas con el argumento de que estaría victimizando al victimario, provoca una gran confusión entre los distintos actores de la red de contención y derivación a la que se invita a las empresas a ser parte y por eso es correcto que haya sido retirado. Es muy contradictorio ver al Estado involucrando al sector empresarial en un fenómeno que él mismo no sabe comunicar. Esa colosal confusión, no se puede establecer como legítima. Se necesitan mensajes claros.

La violencia de género es inaceptable en cualquier contexto, no se mitiga con arrepentimiento y es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Es tarea de todos los actores sociales prevenirla y erradicarla. Las empresas pueden marcar la diferencia.

*Claudia Pérez Müller es directora asociada en Connecting D&I