La Sala de la Cámara de Diputados aprobó todas las enmiendas del Senado a la reforma constitucional para limitar la reelección de las autoridades públicas, y ratificó que la nueva ley regirá una vez promulgada y será aplicada también a quienes están en ejercicio.

La iniciativa, que quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República, fue objeto de controversia en el último tiempo. Parte de esta se dio cuando el Senado rechazó la retroactividad -esto es, que la nueva ley no sería válida para impedir repostulaciones de congresistas en ejercicio-, no advirtiendo que el texto legal incluía una norma "in actum", con lo cual rige en cuanto sea promulgado.

La discusión de ayer incluyó varias críticas al Senado por la no retroactividad que este consideró. Finalmente, 136 diputados se inclinaron porque la ley fuera retroactiva.

El texto indica que los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo en dos ocasiones (12 años en total) y que los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo por un período (16 en total). En el caso de los consejeros regionales -cuyo período es de cuatro años-, podrán ser reelegidos sucesivamente hasta por dos períodos. En tanto, los alcaldes y concejales podrán ser reelegidos hasta por dos períodos siguientes y sucesivos.

El período en un cargo se considera ejercido cuando se haya cumplido más de la mitad del mandato.

Con la iniciativa despachada a ley, 38 diputados y 13 senadores no podrán repostular. Lo mismo ocurrirá con al menos 96 alcaldes.

La mayoría de las bancadas opositoras y oficialistas optaron por respaldar el proyecto. Solo congresistas de la UDI lo rechazaron, calificando la norma de "traje a la medida" y "mal proyecto".

La ley busca mejorar el nivel de confianza ciudadana hacia las instituciones democráticas y las personas que se desempeñan en ella, al limitar los períodos en que es posible ejercer el cargo de senador, diputado, gobernador, consejero regional, alcalde y concejal. "Es un hito histórico para la política nacional", dijo el presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), para quien la norma "consolida una de las demandas ciudadanas más pedidas en el último tiempo".

Redacción

El presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva Ley de Portabilidad Financiera, que permitirá a las personas y empresas cambiarse con mayor rapidez y facilidad de proveedor de productos como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios, de consumo y automotrices.

"Esta ley va a mejorar la competencia y la transparencia en el mercado financiero, y va a terminar con los deudores cautivos de sus instituciones financieras", destacó el jefe de Estado en La Moneda.

Traspaso de garantías

La ley establece un mecanismo que permitirá a las personas comparar la totalidad de costos, intereses y comisiones que les cobran por todos los productos que contrate, facilitando significativamente la comparación de alternativas.

Además, se facilita al cliente el traslado de una compañía a otra, tal como ocurre con la portabilidad de telefonía móvil: será el nuevo proveedor quien realice la totalidad de las gestiones a nombre del cliente.

La ley promoverá la competencia en el mercado de productos y servicios financieros, impulsando la inclusión financiera y reduciendo los costos de los créditos y de refinanciamiento de préstamos.

La nueva normativa permitirá traspasar garantías de los créditos contratados desde un acreedor a otro de manera fácil y simple, abaratando el costo de refinanciar créditos en 60% y disminuyendo el tiempo de trámites en 40%.

Todos los productos financieros serán objetos de portabilidad y solo en el caso de los créditos hipotecarios habrá condiciones especiales. Se podrán cambiar de proveedor financiero las cuentas de ahorro, cuentas vista, chequera electrónica, línea de crédito, tarjetas de crédito y débito, créditos de consumo y créditos automotrices, entre otros.

Las entidades sujetas a la nueva ley son bancos, compañías de seguros, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, agentes administradores de mutuos hipotecarios, instituciones que colocan fondos masivamente, emisores de tarjetas y otras fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero.

La ley entrará en vigencia transcurridos 90 días desde su publicación en el Diario Oficial. Además, en 45 días desde dicha publicación, los ministerios de Hacienda y el de Economía deberán publicar un reglamento con los aspectos necesarios para la correcta aplicación de esta normativa.

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, se abrió a la posibilidad de que una condonación de la deuda por el Crédito con Aval del Estado (CA) para estudios superiores, sea parte del diálogo tendiente a concordar un plan de emergencia para enfrentar los efectos económicos de la contingencia sanitaria.

"Me carga vetar temas per sé, no sé cómo se está trabajando en Renovación Nacional u otro, pero lo veremos en la mesa y si se enmarca dentro de estas tres cosas (los tres focos del Gobierno, que incluyen empleo e ingresos) puede ser parte de la conversación", dijo el secretario de Estado en entrevista con radio Universo.

La idea de incluir una condonación del CAE ha sido planteada por el presidente de RN, Mario Desbordes, pero descartada por los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, del Interior, Gonzalo Blumel, y de Educación, Raúl Figueroa.

"De olfato inicial, me parece que no va en el sentido de lo conversado de transferencias directas a las personas, pero si se demuestra que tiene que ver con los ingresos de las personas en el corto plazo, puede ser parte de la conversación. No hay vetos iniciales (…) pero ojalá las medidas le metan plata al bolsillo de las personas, la discusión concreta se debe ver en el marco del acuerdo", afirmó Sichel en la emisora.

El titular de Desarrollo Social dijo que "como ministro me doy cuenta de que la gente no tiene lucas para pagar sus alimentos. Yo pondría todos los esfuerzos en que tengan esas lucas en una semana más y eso es liquidez. Entonces veamos cómo llegamos a esas medidas, si son mejores las transferencias directas u otras medidas".

Sichel indicó que las principales preguntas de los ciudadanos son sobre ingresos y alimentos. "Cuando uno entra en la casa, las preguntas siempre son las mismas: 'oiga ¿me van a llegar lucas?, ¿cómo tengo comida?'. Mientras resolvamos esa conversación, que no está resuelta todavía porque a la gente no le hemos dado certezas después del 15 de junio de qué va a pasar, las otras conversaciones tienen que esperar un poquito. Bien franco".

Dijo que "no se descarta para nada" volver a entregar cajas de alimentos, las que no requieren aprobación legislativa. "Va a depender de cómo se mueva la curva. Si efectivamente la cuarentena se extiende, obviamente la política de caja es muy importante porque evita abastecerse". Destacó que se llegó a 70 mil cajas diarias y añadió que "probablemente tendremos que extender el Ingreso de Emergencia".