Pamela Vásquez Fuentes

Más de 30 condenados en la región serán beneficiados con la ley de indulto conmutativo para reos, debido a la crisis sanitaria, informó el intendente de Atacama Patricio Urquieta.

Esta medida tiene como objetivo que los reos de baja peligrosidad que forman parte de los grupos de riesgo ante la posibilidad contagio de coronavirus, puedan terminar su sanción penal bajo arresto domiciliario.

El número exacto de beneficiarios alcanzaría a los 37 en la región, mientras que la cifra a nivel nacional serían más de 1.500. De acuerdo a la ley que ya fue publicada en el Diario Oficial podrán hacer uso de este beneficio los internos que hayan cumplido más de la mitad de su condena y que les reste por cumplir menos de tres años, que sean mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 años. Además de mujeres embarazadas o con hijos menores de dos años que residan en la unidad penal. También los condenados cumpliendo pena de reclusión nocturna total o parcial; y quienes actualmente son beneficiarios del permiso de salida controlada al medio libre.

El intendente, Patricio Urquieta explicó que la iniciativa busca "proteger la salud y la vida de la población penal de mayor riesgo, de su familia y muy especialmente del personal de Gendarmería. Hay personas con alto riesgo, necesitamos que cumplan el resto de su condena en un arresto domiciliario total".

Los que acceden al beneficio son "quienes no han cometido delitos graves, sino que son de menor gravedad, son población de alto riesgo y le falta poco por cumplir o terminar su condena".

Respecto a si no dan cumplimiento a la medida y vuelven a cometer delitos, mencionó que "van a tener que concluir el tiempo que le queda de pena en la cárcel, si cometen un delito deberán cumplir el resto de la pena al interior de la cárcel y además la pena adicional por el delito que comentan".

"Proteger la salud y la vida de la población penal de mayor riesgo, de su familia y muy especialmente del personal de Gendarmería. Hay personas con alto riesgo, necesitamos que cumplan el resto de su condena en un arresto domiciliario total"

Patricio Urquieta, Intendente de Atacama

La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de protección presentado por funcionario del SAMU del Hospital Regional que, tras un sumario administrativo, fue sancionado con una multa por el 20% de sus remuneraciones y UNA anotación de demérito.

En fallo unánime rechazó la acción deducida tras establecer que ni la resolución administrativa ni el sumario respectivo han infringido garantías constitucionales reclamadas por el recurrente."Que, respecto de la infracción al principio de igualdad ante la ley, (...) no se desprende de los hechos denunciados cómo se habría infringido, ni se precisa por el recurrente cuál es la diferencia arbitraria de que habría sido objeto mediante la resolución administrativa que puso término al sumario administrativo y le sancionó, respecto de la cual, en todo caso, podía ejercer los recursos que la legislación administrativa le permite", establece el fallo.

La Corte de Apelaciones de Copiapó declaró inadmisible el recurso de protección presentado en contra del Presidente Sebastián Piñera; el ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi y jefe de la Defensa Nacional para la Región de Atacama, general Enrique Heyermann Ríos, que buscaba la imposición de cuarentena nacional y específicamente para la comuna de Alto del Carmen, para evitar la propagación del coronavirus.

En fallo unánime (causa rol 139-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Pablo Krumm, Antonio Ulloa y la abogada (i) Verónica Álvarez- rechazó la acción judicial, tras establecer que las medidas solicitadas corresponden a políticas públicas de potestad exclusiva y privativa del Poder Ejecutivo.

"Habida consideración que lo solicitado en el recurso de protección de marras no dice relación con cautelar el respeto y ejercicio de garantías constitucionalmente protegidas, sino que se vincula con la adopción de políticas públicas para hacer frente a la emergencia sanitaria que aqueja al país, gestión que es privativa del Ejecutivo, cuya calificación -por lo demás- no corresponde efectuar a los Tribunales de Justicia, de lo que se sigue que la referida acción excede los fines y propósitos del señalado arbitrio excepcional y de urgencia, a través del cual se persigue la adopción de las medidas urgentes necesarias para proteger los derechos esenciales de las personas, a todas luces afectados por una actuación anormal, ilegal y arbitraria, restableciendo el imperio del derecho y visto además lo dispuesto en el número 2° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema Sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara inadmisble el recurso de protección deducido en lo principal del folio 1 por doña Constanza Andrea San Juan Standen", plantea el fallo.