Redacción

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, dijo ayer que "formar parte de la 'primera línea', o integrar una 'primera línea', no es un delito. Si los integrantes de la 'primera línea' roban, saquean o destruyen, esos hechos sí son constitutivos de delito". Sus palabras a radio T13 fueron a propósito de la liberación de 43 de los 44 detenidos por desórdenes en Plaza Italia que pasaron a control de detención el miércoles, decisión que recibió desde el Gobierno y desde el oficialismo.

"La prisión preventiva está contemplada para delitos más graves, como crímenes, o para gente con muy malos antecedentes (...). Por lo tanto, sería absurdo dejarlos detenidos. Quizás nos gustaría que quedaran detenidos, pero en los juicios nosotros tenemos que aplicar las leyes", continuó Silva. Su comentario va en línea con lo señalado por el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, quien el fin de semana pasado dijo que "no se ha creado en Chile el delito de 'primera línea'".

La respuesta del presidente de la Corte suprema se dio en el contexto de los dichos del miércoles del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, en que sindica como integrantes de la "primera línea" a parte de los 62 detenidos en Plaza Italia por Carabineros con una nueva estrategia que se ha denominado "ecenrrona". Tanto la autoridad metropolitana como desde la institución policial y desde La Moneda, insistieron en que se trata de "violentistas" o "delincuentes".

De los que pasaron a control de detención en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, 16 eran menores de edad que quedaron "apercibidos", a 27 se les determinó medida cautelar de firma bimensual y solo uno quedó detenido, con fianza de 250 mil pesos para acceder a libertad bajo firma mensual. El plazo de investigación se fijó en 70 días.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quedó disconforme con la decisión y anunció que apelará. "El esfuerzo policial por detener a estos violentistas y proteger a los vecinos debe ir acompañado de sanciones rigurosas. Apelaremos esta decisión y seguiremos trabajando para recuperar el orden público", publicó en su cuenta de Twitter.

La vocera de gobierno Karla Rubilar, lamentó la decisión indicó que "dados los antecedentes, no compartimos la decisión -la Fiscalía tampoco, porque podría tomar medidas cautelares gravosas- que tomó el juzgado, pero tampoco nos corresponde profundizar en esa decisión".

Por su parte, el senador RN Andrés Allamand señaló en Twitter: "¿De qué sirve que Carabineros de Chile detenga a delincuentes de la 'primera línea' si los tribunales los dejan en menos de un día en libertad (...) con el criterio de algunos jueces va a ser imposible derrotar a los violentistas, que seguirán amenazando a los chilenos".

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló ayer en contra de los ex generales directores de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, además de la ex ministra Javiera Blanco, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos relacionados con el uso de gastos reservados de la institución.

"Correspondientes al presupuesto de los años 2006 a 2016, se sustrajeron cuantiosos caudales públicos, destinando gastos reservados en moneda nacional y extranjera a fines no previstos por el legislador y/o a instituciones, entidades y/o funcionarios públicos a quienes la ley no les asignó tales recursos, como ocurriera con Altas reparticiones o reparticiones de Carabineros de Chile cuyas funciones no son operativas o tácticas, como la Dirección de Salud, de Personal, de Justicia, Dirección de Finanzas, la Subsecretaria de Carabineros, entre otras, entre los años 2006 a 2010. Del mismo en otras ocasiones se sustrajeron, señalándose mendazmente los montos que se entregaban a reparticiones que, si se encontraban habilitadas para recibirlos, o derechamente dando cuenta de su entrega (dólares) en circunstancia que no se efectuaba entrega alguna" , señala el texto que ya fue declarado admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía.

El documento de la querella también nombra a 12 exfuncionarios de la institución, entre los cuales está Iván Carlos Whipple Mejías y Flavio José Echeverría Cortez, quienes están acusados en la causa "Fraude de Carabineros", quienes llegarán a juicio oral en los próximos meses.

La ex consejera del CDE, Javiera Blanco, aparece en la lista de "beneficiarios y receptores de la distribución ilícita de recursos públicos", mientras ejercía como subsecretaria de Carabineros, entre los años 2006 y 2010. "Seguiré colaborando con la justicia", "nunca he recibido gastos reservados y así lo he hecho saber en la causa", respondió Blanco ayer en la tarde en una declaración.

El ministro de Economía y ex subsecretario de Obras Públicas (MOP), Lucas Palacios, declaró hace unas semanas ante la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, que investiga una docena de presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en la Seremi de Obras Públicas de esa región.

El caso, que cobró relevancia en febrero tras revelarse un audio de WhatsApp en el que Gustavo Hasbún, ex diputado UDI, le menciona al ex contratista del MOP, Bruno Fulgeri, que podía hablar con Palacios. También dice "ojo, que esto cuesta plata". El registro lo dio a conocer Fulgeri y Hasbún niega que su frase se refiere a sus supuestos honorarios como abogado.

En su declaración, publicada ayer por "La Tercera", Lucas Palacios señala que "el 11 de febrero de 2019 (Hasbún) me envía un WhatsApp, presentándose y solicitando por favor que revisemos y aceptemos la apelación asociada al levantamiento de la suspensión de la empresa SGYC, que posteriormente reparé que se trataba de la misma empresa de Fulgeri. Frente a lo cual le contesto que voy a revisar de qué se trata. Ahí, él me dijo, a través del mismo mensaje, que había comprado hacía cinco meses el 50% de esa empresa y que habían resuelto todos los problemas que tenía y necesitaba que le levantaran la suspensión de la empresa".

Además, dice que "luego, el 20 de febrero vuelvo a recibir otro WhatsApp de Hasbún preguntándome si había podido ver el tema y le respondí que aún no había recibido ninguna información al respecto. Luego, el 21 de febrero yo le escribo y le comento que efectivamente recibimos a la empresa y que en dicha ocasión se les pidió información. (...) Él me contesta pidiendo que le diga cuál es la información que se requiere enviar para él solicitar que la envíen correctamente. Le dije que no sabía cuál era, puesto que por reglamento no me puedo meter en el contenido asociado al proceso".

El actual titular de Economía también descartó cualquier tipo de pagos o traspasos de dinero de Hasbún o Fulgeri y autorizó a que se revisara su cuenta bancaria.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) dio a conocer ayer cifras sobre el comercio minorista en las regiones de Valparaíso, Biobío y La Araucanía en 2019. En palabras de la gerente de estudios de la CNC, Bernardita Silva, el sector "sufrió fuertemente las consecuencias del estallido social del 18 de octubre, y así lo refleja el resultado del último trimestre, donde las tres regiones en estudio evidencian una fuerte caída y una marcada desaceleración respecto a los trimestres anteriores".

En la Región de Valparaíso, las ventas locales marcaron en diciembre una baja real anual de 7,5%, acumulando una caída de 6,9% en 2019, frente a la baja de 0,2% del año 2018 según el comunicado.

En la Región del Biobío, tuvo una baja de 9,4% real anual en diciembre y un descenso acumulado de 3,5%, frente a un avance de 2,4% del periodo anterior.

Mientras tanto, las ventas minoristas en la Región de La Araucanía mostraron un retroceso de 4,4% real anual en el último mes del año y terminaron el 2019 con una baja real de 2,6%, frente a la caída de 0,2% de 2018.

Según la CNC, la recuperación del sector dependerá de factores políticos.