El Presidente Sebastián Piñera visitó ayer la Región de La Araucanía, donde este fin de semana el conductor de un camión, Juan Barrios Farías (54), resultó con el 30% de su cuerpo quemado producto de un ataque incendiario. Ante esto, el mandatario dijo que "es fundamental aprobar el perfeccionamiento de la ley antiterrorista".

"Estamos muy conscientes de los graves problemas de violencia rural y de terrorismo que afectan a esta región. Quiero enviar mi más sentido apoyo y solidaridad a Juan Barrios y a su familia, un transportista que sufrió graves quemaduras", afirmó Piñera en Temuco.

Con esto, "quiero decir que es fundamental aprobar el perfeccionamiento de la ley antiterrorista, que aún está en el Congreso, para darles mejores instrumentos y mejores herramientas a nuestras fuerzas de orden y seguridad para combatir la violencia rural y el terrorismo", agregó el Presidente, quien suspendió sus vacaciones en Lago Ranco, Los Ríos, para efectuar una serie de actividades en la vecina región.

Barrios fue trasladado ayer a la ex Posta Central, en Santiago, producto de la gravedad de las quemaduras producto de un ataque incendiario que destruyó dos camiones en Victoria, durante la madrugada del sábado.

Camioneros

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) condenó el ataque y exigió al Gobierno "que restaure el orden público que desde hace años se ha perdido en el sur".

El presidente del gremio, Juan Araya, manifestó que "se ha atentado contra la vida de un trabajador en forma impune y las autoridades deben entender que es suya la responsabilidad de recuperar algo que hasta ahora no parece posible, que es restaurar el orden público en el sur".

Araya, además, denunció que tanto la Provincia de Arauco como la Región de La Araucanía "se han convertido en zonas de sacrificio para los camioneros".

"Impera la violencia y no hay garantía alguna para los miles de nuestros asociados que trabajan allí. Hoy ningún transportista tiene su seguridad bajo amparo y, como en el caso de Juan Barrios, pueden ser atacados en forma artera e impune", sostuvo la Confederación.

El diputado por La Araucanía Ricardo Celis (PPD), escribió en su cuenta de Twitter que "es imprescindible identificar a los responsables y se investigue y avance. Que no quede en el aire, ni impune, ni en las sospechas" el ataque a Barrios.

Su par RN, Jorge Rathgeb, agregó que "los delincuentes atentaron contra una persona, contra un trabajador. Es hora de que todos los sectores repudien este acto y no hayan dobles lecturas", junto con publicar una foto de los camiones que esperaban ser cargados con trigo. En tanto, la senadora Carmen Gloria Aravena publicó tras el hecho una serie de fotografías de lienzos alusivos a la causa mapuche en la zona, agregando que "muchos de los atentados que se han hecho una mala costumbre en La Araucanía han sido adjudicados, (mientras) las víctimas con extremada paciencia siguen esperando se encuentren los responsables".

La PDI señaló que en el lugar se encontró "un lienzo adjudicatorio de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)".

La Fiscalía de La Araucanía ayer anunció el comienzo de una investigación a causa de la denuncia de una presunta red de coimas que vincularía al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la región y que ha salpicado al ministro de Economía, Lucas Palacios, y al exdiputado UDI, Gustavo Hasbún. Las diligencias debería aclarar si alguna de estas autoridades pudo recibir dinero a cambio de favorecer a un empresario cuando el secretario de Estado ejercía como subsecretario del MOP.

El caso está siendo investigado por la unidad de Alta Complejidad de La Araucanía, desde donde su fiscal jefe, Héctor Leiva, dijo ayer que la denuncia fue interpuesta por el exintendente, Jorge Atton, quien señaló que un diputado le había entregado información.

Este último, a su vez, recibió datos de un contratista del MOP, Bruno Fulgeri, dueño de la constructora SGYC, quien dijo a La Tercera "que él (Hasbún) me pidió plata (...) a cambio de hacer las gestiones para que me pagaran. Para que sacaran una resolución que ya estaba atrasada de un contrato para Villarrica mal diseñado del MOP. (...) Hoy el MOP me debe $600 millones".

Leiva, por su parte, señaló que "se está desarrollando esta investigación con el objeto de corroborar la veracidad de esta denuncia (...) que parte dando cuenta de algunos cobros que, de manera indebida se le estarían realizando a un particular. (...) Lo que la Fiscalía vislumbra es la existencia de un posible delito de cohecho o un posible delito de tráfico de influencias".

El persecutor agregó que Palacios está vinculado a causa de un audio donde se le menciona, lo cual, al cierre de esta edición, lo mantenía en calidad de testigo. Sin embargo, el ministro "perfectamente podría ser una diligencia de la investigación".

Leiva, asimismo, indicó que Hasbún "podría ser eventualmente imputado", y que "en esta etapa aún tenemos una serie de diligencias que desarrollar para poder tomar decisiones y tener claridad si hay imputados, y quiénes son los imputados".

"molesto"

Palacios dijo al respecto en Tele13 Radio que "conozco bastante poco a Hasbún. No tuve una buena relación con él. (...) Estoy molesto con esta situación, porque incluso esas palabras que podría estar involucrado ya me dan rabia porque no corresponden, por eso ayer (domingo) envié un comunicado apenas supe de esta noticia desmintiendo categóricamente cualquier participación mía en esta o cualquier otra irregularidad que se haya cometido en el MOP".

"Todas las reuniones que organizo en el MOP las organizo a través de la ley de lobby, en conjunto de mi equipo técnico, porque es la única manera de conducir las cosas como corresponden conforme a la ley", agregó el ministro.

Hasbún, por su parte, sostuvo que "la denuncia realizada en contra del ministro, y en mi contra, es inaceptable, porque no se puede tratar de socavar y enlodar la honra de las personas descontextualizado y alterando los hechos como realmente sucedieron".