Más de 200 personas han quedado en prisión preventiva por delitos en contexto de protestas en Atacama
ESTALLIDO SOCIAL. Además, en 347 casos los imputados quedaron con arresto domiciliario.
De acuerdo a la información entregada por la Fiscalía de Atacama, desde el inicio del estallido social hasta el 31 de diciembre del 2019, en la región se registraron 901 personas que fueron formalizadas por algún delito cometido en contexto de protestas. Entre los ilícitos que más predominaron en estos casos se encuentran los desórdenes públicos y la receptación. (Ver desglose en tabla).
Del total de imputados, la medida cautelar que predominó fue el arresto domiciliario total o parcial en 347 casos. Sin embargo, un número no menor es la cantidad de personas que han quedado con la medida más gravosa de prisión preventiva, la cual han obtenido 209 personas y 7 menores de edad quedaron en internación provisoria.
Es importante señalar que esto pudo haber sido modificado por la Corte de Apelaciones, tras solicitud de la defensa para revocar la medida, o bien haberla confirmado.
Fiscalía
Consultado el Ministerio Público sobre cómo ha sido el trabajo durante el último tiempo y si han tenido que implementar algún mecanismo especial, la vocera de la institución, Rebeca Varas, partió señalando que "cabe mencionar que la Fiscalía de Atacama formalizó a personas que fueron detenidas cometiendo hechos calificados como delitos, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, y no a personas que se manifestaron de forma pacífica".
A ello Varas agregó que "el ingreso de causas se vio fuertemente aumentado obligando a la institución a adoptar las medidas necesarias para que fiscales y funcionarios pudieran asumir esta realidad de forma adecuada y reunir dentro las primeras horas de ocurrido los hechos la mayor cantidad de antecedentes para aportar en las audiencias realizadas ante los Juzgados de Garantía, debiendo en algunas ocasiones adelantar y retrasar horarios de ingreso y salida de las jornadas habituales de trabajo para enfrentar la gran cantidad de diligencias que generaron las detenciones de los imputados".
"De esta forma, ha sido posible enfrentar esta contingencia respondiendo en todo momento a los estándares y exigencias de transparencia y objetividad que implica el desarrollo de una investigación penal seguida contra una persona y su tramitación ante los tribunales de justicia", concluyó la vocera.
Defensoría
Por otra parte, la jefa de Estudios de la Defensoría Penal Pública de Atacama, Violeta Villalobos, indicó que de acuerdo al sistema informático que ellos manejan 157 personas atendidas por la Defensoría estuvieron privadas de libertad en el periodo en cuestión.
Al respecto, la profesional señaló que "muchas de estas causas ya se encuentran terminadas, y en otros casos, la medida cautelar de prisión preventiva fue sustituida por medidas menos gravosas como arresto domiciliario y la obligación de firma periódica, mientras sigue el curso de la investigación. No todos los privados de libertad en ese período se relacionaban con la contingencia".
Además, en cuanto al trabajo que están realizando en esta materia, Villalobos destacó la actividad recursiva que han efectuado presentando recursos de apelación y amparo ante la Corte de Apelaciones de Copiapó y Corte Suprema en algunos casos. Han logrado resultados positivos, como por ejemplo que actualmente no tengan a ningún adolescente privado de libertad por causas relativas a la contingencia.
"Los defensores además de los recursos interpuestos, hemos solicitado diversas audiencias ante los tribunales como cautelas de garantías, sustitución de la prisión preventiva. En otros casos, para el término de la causa impulsamos salidas alternativas como acuerdos reparatorios con el retail, de modo que la situación de aquellas personas que se vieron formalizadas por hechos relacionados con la contingencia, actualmente es favorable y se encuentran en libertad, muchos de ellos con sus condenas cumplidas", agregó.
Además, la jefa de Estudios comentó que quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva "no dicen relación con la contingencia, sino que se encuentran formalizados por delitos" y por último, acotó que "es necesario relevar el despliegue de nuestros defensores a nivel regional en comisarías y otros recintos policiales. Actualmente estamos muy pendientes del acontecer en la región, anticipándonos a cualquier escenario que implique un aumento en el número de detenidos, siempre velando por los Derechos Humanos de las personas que representamos".
Coordinadora
El vocero de la Coordinadora de Derechos Humanos de Atacama, Mario Silva, referente a las personas que han quedado en prisión preventiva en este periodo lo catalogó como "gravísimo", asegurando que desde los primeros días han estado denunciando el hecho y lo que consideran la "rigidez" de los fiscales para aplicar la ley, sin considerar el contexto del movimiento social.
"Estas personas que están siendo procesadas no son delincuentes, no son personas que habitualmente hacen delitos, es producto de una situación particular que ha vivido el país (...) Son criterios jurídicos distintos, entonces yo hago un llamado a los fiscales a que prevalezca el criterio común, de la racionalidad jurídica frente a un movimiento que no se le pueden aplicar las penas comunes que se aplican a delincuentes, ese es el problema de fondo. Quiero emplazar a los fiscales, deben necesariamente aplicar la ley de acuerdo a un contexto social y no como si fuese un delincuente común en un momento normal del país, porque no lo es", dijo Silva.
Desde la Coordinadora señalaron que en estos casos tienen dos líneas de acción; la primera es la denuncia de la situación y por otro lado una red de apoyo de salud mental para los prisioneros y los familiares de quienes están en la cárcel. Además, han hecho entrega de canastas familiares , considerando que quienes están en prisión o con la medida de arresto domiciliario total están imposibilitados de trabajar y generar ingresos para sus familias.
Por último, Silva recordó que hoy realizarán un conversatorio relacionado a esta temática desde las 11 horas en Rodríguez #468.
Delitos con más formalizados
Desórdenes públicos: 154
Receptación: 109
Robo lugar no habitado: 92
Daños simples: 73
Maltrato de obra a carabineros: 41
Amenazas simples contra personas o propiedades: 39
Atentados y amenazas contra la autoridad: 38
Amenazas a carabineros: 37
901 formalizados se registraron en la región desde el inicio del estallido social hasta fines del año pasado, según indicó la Fiscalía.