Lo que estamos viviendo en Chile se ha venido incubando hace años. La ciudadanía manifiesta una sensación de malestar y descontento profundo. Si bien la desigualdad económica es parte del problema, hay también desigualdades sociales, territoriales y políticas. Además, los chilenos se sienten vulnerables ante una serie de riesgos vitales que pueden transformar sus vidas: una enfermedad o la pérdida del trabajo. Finalmente, los ciudadanos perciben una asimetría respecto de los castigos que deben enfrentar quienes atentan contra las reglas del juego: cuando un ciudadano medio rompe las reglas enfrenta toda la fuerza de la ley; cuando lo hace un empresario, se le "castiga" con clases de ética. En suma, consignas como "no más abusos" revelan una demanda ciudadana por igual trato y dignidad.

Se ha afirmado, con razón, que la salida a la crisis debe ser institucional. Pero, pareciera que nuestra institucionalidad lleva años sin poder canalizar lo que hoy vemos en las calles. Así, nos enfrentamos a una paradoja: articular una salida a nuestra crisis social pasa, en gran medida, por la institucionalidad política; pero dicha institucionalidad se encuentra en crisis.

¿Cómo salir de esta situación? Sería apresurado e ingenuo intentar reformas políticas profundas en el corto plazo. Por lo mismo, es clave dar una señal clara con una política social que se haga cargo de la demanda por dignidad. Al mismo tiempo, urge buscar mecanismos que, en el mediano plazo, logren encauzar las inquietudes de las personas. Por de pronto, sería pertinente evaluar hasta qué punto el nuevo sistema electoral ayudó a mejorar la representación del Congreso. No obstante, es fundamental mirar más allá; hay que contemplar también la institucionalidad territorial. ¿Hasta qué punto el actual sistema político representa correctamente las diferencias regionales del malestar? En este sentido, la descentralización representa una oportunidad. En la medida que nos tomemos en serio esta discusión, será posible apuntar hacia un diseño institucional que entregue una mayor representación territorial al sistema político a través de los gobernadores electos.

El país enfrenta una situación compleja; sin embargo, una institucionalidad más descentralizada pareciera ser el norte hacia un sistema que a largo plazo sea capaz de identificar y reaccionar a la multiplicidad de problemas que enfrentan los chilenos.

El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti aseguró que la crisis social en Chile no derivará en una revolución, al tiempo que achaca lo ocurrido en nuestro país a lo que llama "los dolores del crecimiento" de una clase media que viene de un pasado de "gran desigualdad".

"No estamos en camino de una revolución, estamos en camino de reclamos y de los dolores de crecimiento. En Chile se ha generado una clase media pero arrastra un pasado de gran desigualdad y eso a veces aflora en la impaciencia de la gente que quiere mejorar aún más", dijo el exmandatario, de 83 años, a la agencia Efe.

Piñera y bachelet

Sanguinetti, gobernante de Uruguay entre 1985 y 1990, y de 1995 a 2000), dijo que a Sebastián Piñera se le encendió inesperadamente "una chispa" por el alza del precio del Metro de Santiago, que después fue anulada, y se produjo "toda una revuelta, en la cual luego que está en la calle aparece el violento, el fundamentalista, el pequeño grupo organizado".

Recordó que, durante sus dos mandatos, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) también tuvo que afrontar "las enormes revueltas estudiantiles producto de un sistema que era muy injusto en la educación". "La demanda de educación en Chile ha sido muy fuerte en estos últimos años, y ha ido mejorando, no lo suficiente, y ahí está el desafío de la democracia, de poder enfrentar estas cosas dentro de la ley, dentro del marco del Estado de Derecho", aseveró.

Sanguinetti advirtió que se debe hacer sentir a los manifestantes que "no hay atajos, que no hay el lugarcito por el cual uno entra y decreta la felicidad" para cumplir con las peticiones de educación. "Es un proceso de construcción (...) que requiere inversión. En el medio de la revuelta no hay inversión, en un país inestable nadie invierte, es fundamental generar inversión", dijo.

Explicó que para conseguirlo debe haber legalidad y un "Estado de derecho activo", pues es a partir de ahí que entran las autoridades "para distribuir del modo mejor" los recursos.

Redacción

Al menos 40 mil locales del comercio detallista, que venden no más de 7 a 10 millones de pesos mensuales, han sido afectados por los disturbios que han sucedido en el país en las últimas dos semanas. Así lo estimó Germán Dastres, presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), en entrevista en radio Cooperativa.

El líder de la agrupación empresarial agregó que firmas metalmecánicas y de muebles también han sido bastante afectadas, no necesariamente por daños a sus establecimientos, sino porque a sus trabajadores les cuesta llegar y también por las dificultades para vender y distribuir.

"Las pymes son un sector bastante heterogéneo. Hay más de un millón de empresas en Chile y sobre las 980 mil somos pymes. Los que más han sufrido son la gente que tiene su local en la calle, porque es la que está más expuesta a actos vandálicos", aseguró el dirigente.

Sueldo mínimo

Dastres advirtió sí que las pymes, incluso antes de "la explosión social", vivían problemas económicos. En 1970, recordó, el sector vendía un 50% de lo que se genera en Chile, mientras que hoy vende un 14%. "Si hoy generamos sobre el 50% del empleo y vendemos el 14%, significa que estamos funcionando muy mal", dijo.

El líder de la Conapyme propuso, en todo caso, que antes de determinar medidas que favorezcan a las pequeñas y medianas empresas, es incluso más urgente hacerse cargo de las demandas de la población. "Lo más importante es que el Gobierno solucione lo más rápido posible el problema social", sostuvo. En este contexto, se refirió a una demanda instalada por algunos grupos de subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos. A juicio de Dastres, es una gran iniciativa pero que "muchas pymes no están capacitadas de pagar".

REUNIÓN CoN BRIONES

Germán Dastres también abordó su sensación de la reunión que él y otros dirigentes sostuvieron el jueves con el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la que se analizó la complicada situación que están viviendo las pymes en el país. "Hay un compromiso con las pymes de que va a haber una discriminación positiva sobre la reintegración tributaria", aseguró Dastres, para quien dicha opción ayudará a la economía de los microempresarios.

En la cita con el secretario de Estado se confirmó, asimismo, la postergación en la declaración del IVA sin recargos para mipymes y personas hasta el 10 de noviembre, medida que beneficiaría a 144 mil contribuyentes con el fin de que tengan una cierta holgura y mayor liquidez para afrontar este momento. El presidente de la Conapyme valoró la iniciativa como una importante ayuda para el sector, aunque comentó que hay otros pagos, como "el arrriendo o responsabilidades bancarias", que también deberían detenerse.

Germán Dastres contó que no quisieron "bombardear" al ministro Briones con propuestas, llevándole "una lista de pedidos de supermercado", pero que sí le plantearon la urgencia de analizar en forma urgente que "a las pymes se les pague, por ley, a no más de 30 días".

Lo anterior, expuso el dirigente, solucionaría "un problema de caja enorme", pues a muchas firmas se les cancela 120 o incluso 180 días después de que entregan sus servicios o productos, lo que calificó como "un abuso". Dastres recordó que "todas las empresas, por chiquititas que sean, deben pagar sueldos y arriendos cada mes".

La crítica situación de las empresas más pequeñas también fue abordada ayer por Juan Pablo Swett, presidente de la Asociación Multigremial Nacional de Emprendedores.

"Las mipymes no aguantarán mucho más, empleos en riesgo y varias con riesgo de cerrar. Sigamos alzando la voz pero con el país funcionando", escribió el emprendedor en su cuenta de Twitter.