Han pasado los días, y el caso del menor Jose Matías sigue generando un debate en todo el país en torno a la tolerancia y el respeto en torno al bullying que muchos jóvenes sufren en Chile, no tan solo por su identidad de género, sino también por su color de piel, nacionalidad o rasgo específicos de su físico y su sicología.
El suicidio de este estudiante de 16 años el jueves pasado en un céntrico edificio de Copiapó genera una serie de preguntas en relación a la labor que están cumpliendo los establecimientos educacionales por los casos de bullying que afecta a sus alumnos, la aplicación de los protocolos establecidos por ley para estos casos, y especialmente, el apoyo más allá de lo sicológico que deben recibir los menores.
Son increíbles y preocupantes los índices de violencia e intolerancia que se ven en las aulas, agravado en algunos casos por la falta de claridad de los establecimientos educacionales a la hora de intervenir.
Incluso, la propia madre de Jose Matías apunta al rol que cumplieron algunas profesoras del establecimiento donde estudiaba el menor, refiriéndose directamente al bullying realizado por las docentes, algo que debe ser investigado por las instituciones correspondiente, y sancionado de la forma más severa si se logra comprobar que esto es verídico. El liceo se defiende y manifestó que Jose Matías no manifestó ser víctima de acoso.
También es importante cuestionarse qué es lo que pasa con la juventud chilena en la actualidad, los motivos de un odio muchas veces expresado en agresiones a compañeros, en redes sociales y hasta con agresiones físicas que bordean lo criminal, como fue el caso del alumno que disparó a otro estudiante en un establecimiento de Puerto Montt.
Es momento de tomar muy en serio la salud mental de los jóvenes chilenos y apoyarlos de mejor forma.
Por ello se debe realizar un trabajo serio como sociedad, colocando el respeto y la tolerancia como un pilar principal desde el cual comenzar las transformaciones que lleven a Chile ser verdaderamente un país de todos, donde ningún ciudadano quede fuera del derecho de vivir en paz.