La Fiscalía pidió 20 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y 26 para su cónyuge, Nadine Heredia, por hechos de corrupción.

Ambos están acusados de lavado de activos por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht y de la minería ilegal para su campaña política.

El fiscal del equipo especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche, afirmó que las investigaciones que realizó su despacho y que están orientadas a establecer que hubo delito de lavado de activos en las campañas presidenciales de 2006 y 2011 permitieron construir un caso sólido para obtener una sentencia condenatoria. Destacó que "estamos hablando de hechos concretos, hechos punibles" y argumentó que el pedido de una mayor pena para Heredia se debe a que a ella se le imputan tres hechos punibles -recibir dinero de la campaña de 2006, ocultamiento de fondos y la compra de bienes inmuebles- mientras que al exmandatario se le señala por dos delitos.

Se presume que Odebrecht entregó alrededor de US$ 3 millones para la campaña y que la minería ilegal también hizo aportes económicos que habrían entrado a cuentas del Partido Nacionalista Peruano y otra parte depositados en algunas cuentas de la expareja presidencial de ese país.

El fiscal agregó que no se descarta pedir prisión preventiva para los acusados en este caso, que contiene 1.500 archivos con la investigación que se prolongó por más de cuatro años.

El defensor de los acusados, César Nakazaki, presentó un recurso para impedir que se incorpore nuevas pruebas contra la pareja tras el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, pero fue rechazado.

La acusación de la Fiscalía deberá ser analizada por el juez de garantías, Richard Concepción, quien debe declarar la procedencia de la acusación.

En 2016, la firma constructora admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica. Todos los Presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la Justicia por sus nexos con Odebrecht.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela inició ayer procesos judiciales contra siete diputados opositores por traición y rebelión tras el fallido alzamiento militar de la semana pasada.

El máximo tribunal dijo en un comunicado que los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo de Grazia, Richard Blanco y Andrés Delgado Velázquez fueron acusados por la Fiscalía General por los supuestos delitos de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión militar, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia".

Agregó que por incurrir en la "comisión flagrante de delitos comunes", no se procederá a realizarle el antejuicio de mérito a los diputados, un proceso establecido en la Constitución para retirarles la inmunidad parlamentaria.

Algunos de los procesados aparecieron junto al líder opositor Juan Guaidó durante el fallido alzamiento militar del 30 de abril afuera de una base aérea capitalina.

Al desestimar la decisión del Tribunal Supremo, Ramos Allup -expresidente del Congreso- dijo que con los procesos se quiere dejar al cuerpo legislativo sin directiva, pero sostuvo que pese a esas acciones la "Asamblea va a seguir existiendo porque el pueblo venezolano votó por ella".

El Tribunal Supremo aprobó la semana pasada un proceso similar contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.

Asistencia recíproca

La decisión de la Corte se conoció poco después de que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, debatiera el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). En la sesión, se aprobó un acuerdo de apoyo a la iniciativa para que Venezuela retorne próximamente al TIAR, del que salió hace seis años.

Con el regreso de Venezuela al TIAR se busca la "cooperación internacional para la ayuda humanitaria y defensa del pueblo venezolano", escribió en su cuenta de Twitter el Centro de Comunicación Nacional de Juan Guaidó, titular de la Asamblea y proclamado presidente interino de Venezuela.

Al defender la iniciativa, el diputado opositor Francisco Sucre dijo que con el retorno al TIAR se busca "aumentar las herramientas" para los venezolanos y las Fuerzas Armadas que "están con la democracia" y seguir "aumentando la presión institucional" para lograr la salida de Nicolás Maduro.

El especialista en resolución de conflictos Andrés Mezgravis dijo que el TIAR es un tipo de convenio de cooperación militar que prevé el "uso de la fuerza y se activa cuando algún país del continente americano sufre algún tipo agresión o experimenta cualquier situación capaz de poner en peligro la seguridad y la paz del continente".

Misión internacional

El Grupo Internacional de Contacto, conformado por países de la Unión Europea y América Latina, dijo ayer estar listo para una misión de alto nivel en Venezuela para proponer soluciones a la crisis. "El Grupo ha decidido continuar su labor sujeto a la evaluación de sus avances. El grupo está listo para llevar a cabo una misión de alto nivel en Caracas para presentar y discutir opciones concretas para una solución pacífica y democrática a la crisis", dice la declaración de la tercera reunión del foro celebrada en Costa Rica y firmada por 11 países.

La vicepresidenta de la Comisión Europea y Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, explicó que las medidas concretas que propondrá la misión próximamente "requieren de cierto nivel de confidencialidad".

El canciller de Costa Rica, Manuel Ventura, aseguró que la necesidad de elecciones presidenciales será la piedra angular de la misión, para lo cual se espera "reunirse con las partes involucradas en el conflicto".

El Grupo Internacional de Contacto extenderá su trabajo más allá de los 90 días que se había establecido cuando fue conformado, pues considera que ha dado "pasos importantes" aunque "no "suficientes" hacia una salida pacífica y democrática a la crisis.