Pamela Vásquez Fuentes
A pesar que la cárcel de Copiapó alcanza aproximadamente un 90% de sobrepoblación, sin embargo recién este año terminará el diseño de la nueva construcción y se espera que este lista en 2015, sin embargo las autoridades buscan agilizar la iniciativa.
Así lo informó Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos quien reconoció que hay una demora incuestionable en el proyecto de El Arenal, a la salida norte de Copiapó. Entre los factores que incidieron en ello, está en que en el primer gobierno de Sebastián Piñera se elaboró un proyecto, sin embargo en el gobierno de Bachelet consideraron que no era pertinente, ya que fue considerado desproporcionado (estaba diseñada para unos 3 mil internos).
"Cuando asumió el Presidente en 2018, nos encontramos que el proyecto ha avanzado muy poco y se encuentra recién en estado de diseño, adicionalmente han surgido temas nuevos como el problema de la vía colateral para evitar el peaje y otros detalles de distinta naturaleza que han obligado a hacer un diseño complementario. Por lo tanto, nos encontramos con un cronograma que recién este año va a terminar el diseño", dijo el ministro.
Según el cronograma recién en 2021 se licitará el proyecto y empezará a construirse en 2022. Las obras se entregarían el 2025 y comienzos del 2026 absolutamente habilitada la cárcel. "Es inaceptable, es inexplicable, la gente de Copiapó, de Gendarmería, los internos se merecen una respuesta distinta del Estado de Chile. No puede ser que un proyecto que empezó el 2011 esté funcionando 15 años después. Eso no es aceptable en Chile, ni en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, queremos ver como aceleramos este cronograma, esperamos reducir los plazos de manera de tener este centro penitenciario funcionando lo antes posible".
Respecto al costo del diseño, explicó que inicialmente fue de 800 millones de pesos y se le agregaron 250 millones de pesos durante el actual gobierno y se le agregarán otros 250 millones más.
"Por la demora, hemos perdido muchos años, fui el centro penitenciario y el estado de hacinamiento es indiscutible. Al gobierno le interesa la reinserción, es que las personas tengan una oportunidad de recuperar sus problemas de adicción si las tienen, problemas de salud mental si los tiene y adicionalmente capacitarlos para la vida del trabajo. Estamos desarrollando una alianza público privada, nos juntaremos con un grupo de empresarios regionales para generar una integración del sector privado regional (...) que la capacitación que se de sea en trabajos que sirvan para la vida productiva".
Agregó que es imposible hacer una reinserción masiva, en este recinto, dado que las condiciones de infraestructura son inadecuadas. Ante esta situación, se trabaja en analiza la situación.
"Hay unos 130, 140 imputados, creemos que hay que rebajar la exigencia poniendo para enviar a mucha gente a prisión preventiva, creemos que eso no es necesario. Del orden del 35% a 40% de las personas enviadas a prisión preventiva en promedio en el país, son absueltas (...) Hay personas siendo inocentes o condenadas a penas que no significan privación de libertad, se pasan una temporada en prisión. Es injusto y es una nuestros centros penitenciarios", sentenció.
Además, hay cárceles concesionadas como La Serena o Valdivia donde podrían ser trasladados algunos condenados, ya que hay espacios para recibirlos. Uno de los temas es el vínculo familiar, sin embargo hay internos que no cuentan con lazos y pueden ser trasladados a otros penales donde terminen su condena.