Pamela Vásquez Fuentes

Municipio de Caldera debió poner término al contrato de arriendo de un terreno donde hay un estacionamiento, porque a pesar que entregó el permiso para la ocupación, no posee la administración de ese bien.

El municipio calderino arrendó un terreno en Bahía Inglesa, donde se estacionan vehículos a partir de enero de este año. Sin embargo, hubo una solicitud a la Contraloría respecto a la administración de ese terreno y el documento señala que recae en Bienes Nacionales, informe que llegó a la municipalidad.

El abogado de la casa consistorial, Cristóbal Malebrán, manifestó que "un contribuyente llegó con un documento donde declaraba que esa porción de terreno no era de Bienes Nacionales, sino que el municipio tenía la administración", señaló.

Posteriormente, tras un informe de la Contraloría General de la República se llegó a la "conclusión que no lo administraba el municipio de Caldera, por lo tanto lo que hicimos fue ponerle término al contrato de arriendo, notificándole que él tenía el término del contrato de arriendo por no tener la administración el municipio".

Agregó que "ellos tenían un contrato de arriendo con el municipio, porque había discusión respecto a quien administrativa eso. Una vez conocida que el municipio no tenía las competencias, el municipio le puso término al contrato de arriendo. Es Bienes Nacionales que tiene que hacer las gestiones o actuaciones que correspondan", dijo.

Bienes nacionales

"Respecto de nuestra responsabilidad en torno a las ocupaciones ilegales, nosotros fiscalizamos, y luego de eso solicitamos a los distintos entes que, o procedan con desalojos, o entregamos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Por lo tanto, quien tiene que ejecutar la acción, pues por mandato tiene el auxilio de la fuerza pública, es la Gobernación, sin perjuicio de lo cual, nosotros siempre estamos coordinados, porque la idea es desarrollar las labores de manera conjunta, porque también es un tema que nos compete a todos", señaló a través de un comunicado Bienes Nacionales.

Gobernación

Desde la Gobernación de la Provincia de Copiapó, respecto a este tema se informó que "se encuentran en proceso de reestructuración y aprobación en el área jurídica desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esto, con la finalidad de dar seguimiento en los cursos en materia administrativa relacionados con el servicio", señalaron también a través de un comunicado.

Detectives del Grupo Microtráfico Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Vallenar, detuvieron a dos adolescentes por infracción a la Ley de Armas.

Mientras los detectives realizaban diligencias investigativas en Avenida Costanera en Vallenar, se percataron que dos menores de edad manipulaban un arma de fuego artesanal, quienes al verlos se alejaron del lugar guardando cada uno una parte del arma entre sus vestimentas. Los detectives dieron alcance a estos adolescentes.

Posteriormente, la policía llegó hasta las viviendas de ambos y hubo un registro voluntario a los inmuebles, no encontrando elementos de interés criminalísticos que agregar el procedimiento.

Por instrucción del fiscal los menores de 14 y 15 años de edad, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Vallenar, para el control de detención correspondiente. Ambos quedaron en libertad, bajo las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Una pareja fue detenida por el delito de receptación en la capital regional.

El procedimiento de efectuó luego de que los detectives acreditaran que en un local establecido de compra y venta de metales adquirían cables de cobre y baterías solares, que mantenían acopiados en una bodega y de los cuales no poseían ningún documento que acreditara su propiedad o procedencia. Por lo anterior, los oficiales policiales incautaron una tonelada de cable y ocho baterías de gel de ciclo profundo, especies avaluadas en $10.000.000 de pesos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó, para el control de detención.

Ministros, jueces y funcionarios de tribunales de Copiapó adhirieron a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una actividad que buscó visibilizar este tema en la comunidad.

A través de letreros que exhibían estadísticas de los tribunales con causas especialmente relacionadas con violencia intrafamiliar (VIF), los ministros Pablo Krumm, Antonio Ulloa y Aída Osses encabezaron la actividad, instalándose en el frontis del tribunal de alzada por algunos minutos, acompañados por jueces, administradores y funcionarios.

"Ayer 25 de noviembre se conmemoró en todo el mundo el Día de la No Violencia Contra la Mujer y por ello el Estado chileno ha adherido a ello y el Poder Judicial no puede ser menos", explicó el ministro Antonio Ulloa.

Sobre el particular, añadió que "lo que buscamos es sensibilizar a la ciudadanía, a la gente, justamente dada la importancia que tiene la mujer en nuestra sociedad, que tiene dignidad, que debe ser tratada con igualdad, sin discriminación".

Datos

Según información de los sistemas de ingreso al Poder Judicial, en el Tribunal de Juicio Oral de Copiapó desde 2010 (año en que se promulgó la ley que crea el delito de Femicidio) hasta la fecha, han ingresado 8 causas por este ilícito, de las cuales 6 terminaron en veredicto condenatorio y otras dos en absoluciones. En estos dos casos el imputado fue condenado por lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar.

Mientras, en el Juzgado de Garantía de Copiapó -durante 2016- ingresaron 301 causas relacionadas con VIF, en tanto que en 2017 la cifra subió a 436 causas, lo que revela un incremento de un 31 por ciento. Hasta octubre de 2018, el ingreso suma 309 causas.

En el Juzgado de Familia de Copiapó, del total de causas ingresadas en 2016 hubo abandono por archivo provisional en 164 casos, cifra que en 2017 aumentó a 271 causas. Esto revela un incremento de un 39 por ciento en las causas que son abandonadas. A la fecha van 141 causas en abandono por archivo provisional.