En una certificación encabezada por el seremi de Desarrollo Social de Atacama, Raúl Martínez, tres comunidades indígenas recibieron un subsidio de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), para llevar a cabo proyectos de riego y/o drenaje.

Este beneficio busca mejorar la capacidad de producción silvo-agropecuaria de los predios de las familias y comunidades indígenas de la región.

Al respecto, el seremi detalló que "estas comunidades indígenas que hoy participaron, que fueron tres, después de un muy largo camino en el que tuvieron que trabajar con profesionales, ir a visitas de terreno, estudio de pre factibilidad y factibilidad, un proceso largo, pero hoy ven que el esfuerzo que pusieron en esto y el acompañamiento que le hicimos como Conadi ve sus frutos".

"Estas tres comunidades van a poder tener riego tecnificado y algunas con riego normal, pero también podrán hacer protecciones de quebradas especialmente para comunidades que han sido afectadas por aluviones", puntualizó la autoridad.

Los proyectos fueron de convocatoria abierta a la región, siendo adjudicados por las comunidades de Serranía Poblete, Finca Chañar y Pastos Grandes, quienes también aportaron recursos para postular.

"Ha sido muy satisfactorio para Conadi y el Ministerio poder desarrollar estos subsidios, de aproximadamente 50 millones, que no sólo van a poder regar, sino que van a poder realmente vivir en un sector en el que ya están arraigados y este va a ser mucho mayor, porque van a tener agua para cultivar sus propios huertos y desarrollarse como comunidad donde ellos querían vivir", agregó Martínez.

En la ocasión, el encargado regional de Conadi, Claudio Araya, explicó a los representantes de las comunidades los procedimientos que tienen que seguir ahora para ejecutar sus proyectos y cumplir con los requisitos de estos.

Al finalizar la entrega de los certificados, Cecilia Molina, de la comunidad colla Finca el Chañar, Quebrada Carrizalillo, dijo "estoy más que feliz por recibir este beneficio que nos va a ayudar como comunidad a salir adelante a aplacar un poco el trabajo de riego y también cuidar nuestras casitas, que también con el aluvión dos veces hemos perdido casi todo".

Alejandro Núñez

Hasta la región de Atacama arribó el superintendente Nacional de Educación, Sebastián Izquierdo. La autoridad recorrió establecimientos educacionales e informó las nuevas atribuciones que tendrá la entidad a nivel nacional y regional.

¿Qué le ha dejado el recorrido por la región?

-Estamos bastante contentos por tres razones. Una es que la dirección regional ha demostrado un muy buen funcionamiento y lo digo por el conocimiento interno que yo tengo de los resultados y por las conversaciones que me ha tocado tener con diferentes personas que están relacionado con la educación. Lo segundo es haber compartido una visita con la vicepresidenta de la Junji en un hecho histórico y lo tercero haber ido a terreno y darnos cuenta de la importancia que tiene la comunidad educativa al interior de los establecimientos.

¿Cuál es el desafío acá en Atacama?

-Tenemos un diagnóstico muy desalentador y nos queremos hacer cargo de ello. Estamos viendo que los directores y profesores están gastando mucho tiempo en temas burocráticos. Entre un 40% a 60% está destinado hacer informe y documentación. Nosotros como superintendencia nos pusimos la meta de reducir este tiempo en un 50% y estamos seguros que con el trabajo de todos los funcionarios lo vamos a lograr.

¿Ahora la Junji se suma a la fiscalización de la Superintendencia?

-La Junji desde el año 1970 ha estado supervigilando los jardines y por lo tanto ha sido juez y parte. Son ellos lo que generan la oferta educativa y son ellos los que se auto fiscalizaban y eso está demostrado empíricamente que para que un sistema funcione de mejor manera debe existir autonomía entre instituciones fiscalizadora y ejecutora. Por lo tanto, hace dos meses atrás la superintendencia comenzó con un plan de fiscalización a todos los establecimientos del nivel parvulario, ya sean Junji, Integra e incluso particulares pagados.

¿Qué se va fiscalizar?

-Estamos haciendo un programa de fiscalización a lo largo de todo Chile con los funcionarios de la superintendencia y estamos viendo varios aspectos. Uno de ellos es que cuenten con toda la reglamentación interna que todo jardín infantil debe tener, que los coeficientes técnicos que la normativa educación le exige a los establecimientos respecto a los profesionales que deben trabajar en ella, los aspectos de salubridad y de higiene estén en condiciones adecuadas y nosotros tenemos la facultad de no solamente exigir que se subsanen las faltas sino también multar a los establecimientos.

¿Ahora todos los establecimientos educacionales deben tener protocolos de acción?

-Hace unos meses atrás le pedimos a todos los establecimientos del país que actualicen los reglamentos internos porque los desafíos de la calidad de la educación están siendo cada día más exigentes. Nos dimos cuenta que los problemas de convivencia escolar están ocurriendo al interior de la sala de clases con el profesor presente pero a través de metodologías más bien digitales, por lo tanto le pedimos a los establecimientos que tengan herramientas de prevención para el cyberbullying y tengan protocolos claros.

¿Cuándo tienen que tener los protocolos?

-Lo vamos hacer exigible a partir del próximo semestre lo que no quita que los establecimientos hoy en día están actualizando. Nuestra fiscalización comenzará a partir del próximo año en el primer día de clases.

¿Los que no cumplan a qué se arriesgan?

-A una multa de la superintendencia, pero en realidad lo que nosotros buscamos es que la comunidad educativa se haga cargo de las deficiencia que tienen y lo subsanen

¿Cuáles son las falencias que presentan los protocolos actuales?

-La principal deficiencia que nosotros estamos viendo es que la comunidad educativa los desconoce. Muchas veces esto es porque están guardados en el cajón del director y no lo han compartido con la comunidad educativa, pero también por otra parte es que la propia comunidad educativa no se ha querido involucrar en la educación de sus hijos y no ha querido leer aquellos protocolos.

¿Se habla que habrá una flexibilidad en la Subvención Escolar Preferencial, en qué consiste?

-El primer rol que nosotros tenemos es resguardar el correcto uso de los recursos y en ello nosotros en todos los establecimientos del país le solicitamos que todos los años rindan cuenta de todos los gastos. Nosotros tenemos las facultades para no solamente fiscalizar esa información que nos entregan sino que ir más allá e ir a visitar a los establecimientos educacionales.

Nosotros como Superintendencia hemos detectado que una vez que se cerró la discusión del lucro tenemos que dar un paso en que consiste en darle mayor flexibilidad porque la autonomía en los propios directores es muy importante porque ellos toman las decisiones. Por eso que queremos flexibilizar los recursos y hemos permitido por ejemplo que se puedan comprar aires acondicionados y vamos a seguir en esa dirección.