Alejandro Núñez

Los concejales de Copiapó, Wilson Chinga, Rosa Ahumada, Miguel Carvajal, Paloma Fernández y Luis Orrego, que integran la Comisión de Educación, junto a los centros de padres y centros de alumnos, presentaron en la Contraloría Regional una denuncia por las distintas episodios de malos olores que ha afectado a varios recintos educacionales de la ciudad.

El concejal Chinga comentó que la medida busca determinar los responsables entre los entes del Estado sobre la emergencia que se viven en los colegios con las emanaciones de gases. La denuncia fue presentada en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss), la Superintendencia de Educación, la seremi de Educación y Salud, y la Municipalidad de Copiapó.

"Me parece muy mal que nadie se quiera hacer cargo y por eso estamos en Contraloría para empezar a tomar medidas que apunten a esclarecer esto y darle solución a los problemas que están sufriendo los establecimientos", resaltó.

Las autoridades comunales adelantaron que también se trabaja para presentar un recurso de protección por los estudiantes de Copiapó. El concejal y abogado, Miguel Carvajal, comentó que "es viable y esto es un paso importante (Contraloría) para poder prepararlo. Necesitamos saber qué instituciones tienen responsabilidades".

Para la concejala, Paloma Fernández, es fundamental conocer las medidas que han tomado los distintos estamentos respecto a la emergencia dado que "no son de disposición pública". "Es importante que la Contraloría exija esta información, que pida saber cuáles han sido estas medidas y tomar las resoluciones si hay medidas administrativas".

Por su parte, la concejala Rosa Ahumada, detalló que denuncia se realizó tras una reunión con los centros de padres que exigen que se determine qué entidad es responsable de los malos olores en Copiapó. La autoridad puntualizó que "Contraloría nos va dar los elementos para presentar un recurso de protección".

Afectados

Mireya Araya, presidenta del Centro General de Padres de la Escuela Jesús Fernández Hidalgo, valoró la denuncia y criticó que ha habido muchas reuniones con las autoridades, pero "no hay ninguna solución y la idea es que ya solucionemos esto".

El apoderado, Mauricio Francke, describió que el establecimiento ha sido afectado por más de un año a los malos olores. "El problema es que el cuerpo de nuestros hijos se está adaptando a los malos olores y se está volviendo común".

Por su parte, la apoderada Liliana Leguizamón afirmó que los niños están yendo medio día a la escuela, no reciben almuerzo solo una colación fría y los apoderados deben salir de sus trabajos para ir a buscar a los niños y niñas.

Xiomara Duarte, presidenta del Centro de Alumnos del colegio Jesús Fernández Hidalgo, se mostró preocupada por la cantidad de clases que han perdido los estudiantes. "Esto es algo que ya se está haciendo y es algo por lo menos que quedarnos con los brazos cruzados".

Autoridad

La Gobernación Provincial de Copiapó puntualizó que ha entablado una mesa técnica junto a las Seremis de Salud, Medio Ambiente, Educación y la Superintendencia de Educación, la que contó con la participación de Municipalidad de Copiapó en su primera sesión, a fin de verificar la información relacionada a las emanaciones de gases, y en la que se ha puesto a disposición a través de la Subsecretaria de Desarrollo Regional recursos por casi 200 millones pesos, la ejecución de un plan de coordinación de emergencia a cargo de Onemi, sumándose a los servicios de ésta mesa Carabineros y Bomberos, además de la ejecución de informes técnicos de fiscalización por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, entregando esta última un informe de seguimiento final de la situación actual, además de las acciones de participación en reuniones con el Colegio de Profesores, asistentes de la educación, apoderados y alumnos, a fin de dar solución a esta problemática que viene afectando a los establecimientos educacionales de Copiapó desde el año 2016.

Sobre Contraloría indicaron que "siendo éste un organismo fiscalizador plenamente independiente, es éste o en su defecto el municipio quienes deben pronunciarse sobre el particular como involucrados directos".

Diario Atacama solicitó la opinión de la Superintendencia de Educación, Seremi de Educación, Seremi de Educación y el municipio sin tener respuesta hasta el cierre de la edición.

Ayer en el Juzgado de Garantía de Copiapó, una mujer fue formalizada por el delito de cohecho electoral. Para esta audiencia estaban citadas dos personas más, pero no llegaron al tribunal y fueron citados para una nueva fecha.

Al respecto, el fiscal adjunto de Copiapó, Renán Gallardo Ángel, indicó que "el Ministerio Público recibió una denuncia del Tribunal Electoral y a partir de allí se instruyeron una serie de diligencias, incluyeron instrucciones particulares a la PDI, quienes arribaron a ciertas conclusiones producto de la declaración de testigos".

El fiscal detalló que "en la audiencia se comunicaron los cargos a esta persona, relativo a dos hechos en particular. En primer lugar, se comunicó que habría incidido en la modificación de domicilios electorales para que personas que no vivían en la jurisdicción de Tierra Amarilla pudiesen votar en dicho lugar para la pasada elección de alcalde respecto de un candidato en particular y además, de dádiva que se investiga respecto a esta persona hacia otros con el objeto de votar por un determinado candidato".

Se estableció un plazo de 4 meses para investigar cómo ocurrieron los hechos, sin perjuicio de nuevas audiencias respecto a esta imputada y los demás que fueron citados.

En dicho plazo, "la Fiscalía se remitirá a la investigación de determinar nuevas diligencias y se tomará contacto con las personas que habrían recibido dádiva o que fueron trasladados de domicilio. Se llevarán a cabo una serie de diligencias procesales ", concluyó Gallardo Ángel.