La embajada de Ecuador en Chile anunció que solicitará el traslado de los cuatro ciudadanos de ese país formalizados por la muerte de Margarita Ancacoy, golpeada hasta la muerte el martes durante un asalto en Santiago, para que cumplan una eventual condena en su país. Dos de ellos fueron golpeados y torturados en la cárcel Santiago 1.

La gobernadora de la provincia ecuatoriana de Imabura, Marisol Peñafiel, explicó que "pese a que hayan incurrido en este delito, no dejan de ser ciudadanos ecuatorianos que tienen que ser asistidos también por las autoridades".

Primeros contactos

"Estamos en conversaciones con la Cancillería chilena para poder buscar argumentos jurídicos que hagan que, una vez que el proceso de investigación culmine y se sentencie a los culpables, pudiese haber la posibilidad que cumpliesen su condena en Ecuador", dijo el embajador de ese país en Chile, Homero Arellano a T13.

Margarita Ancacoy, trabajadora de aseo en una facultad de la Universidad de Chile, fue asesinada a golpes por al menos cinco individuos que la asaltaron cuando caminaba a sus labores diarias, en el barrio República de Santiago, la madrugada del lunes. Imágenes de cámaras de seguridad permitieron la detención de cuatro presuntos autores, todos ecuatorianos.

Los cuatro fueron imputados y puestos en prisión preventiva el martes. El miércoles se supo que otros presos habían torturado a dos de ellos, a quienes raparon, golpearon y aplicaron electricidad, según un vídeo divulgado desde el interior de la cárcel. Los ecuatorianos fueron trasladados a una sección especial de alta seguridad del penal.

El Presidente Sebastián Piñera dijo ayer que "nadie tiene el derecho de tomarse la justicia en sus manos", aunque dejó en claro que los autores del asesinato de Margarita Ancacoy deben asumir su responsabilidad y tener la sanción que se merecen. "Los que torturaron a estos asesinos también van a tener que asumir su responsabilidad", agregó. Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, recalcó que "cualquiera sea su nacionalidad, quien comete un delito en Chile, cumple condena en Chile", pese a que advirtió que ignoraba si existían acuerdos internacionales aplicables.

El comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, confirmó que los ocho conscriptos dados de baja por una golpiza y abuso sexual contra un compañero en un regimiento de Calama, en el que cumplían su servicio militar obligatorio, están confesos de los hechos.

La víctima tiene 18 años y pertenece a la Brigada Motorizada Nº 1 de esa ciudad. Se encuentra internado en el Hospital "Carlos Cisternas" de Calama y debió ser intervenido por la gravedad de sus lesiones.

En una declaración pública, el jefe del Ejército manifestó que los conscriptos "están confesos que efectivamente agredieron al soldado conscripto y hubo también una agresión sexual que no la voy a detallar". El general además se refirió a las posibles causas de esta agresión y recalcó que aún se desarrolla la investigación.

"Las razones al parecer fueron rencillas entre ellos, pero no quiero adelantar nada todavía, porque es parte del proceso investigativo que está efectuando el general Fuenzalida", añadió Martínez.

Ingresos previos

Según radio Cooperativa, la víctima fue atendida en dos ocasiones anteriores de forma ambulatoria. El 7 de junio pasado habría ingresado por una presunta ingesta de medicamentos y cortes en los brazos, los que no presentaban gravedad. Posteriormente fue enviado de vuelta al regimiento.

Una semana después (14) regresó a ese centro asistencial por fuertes dolores abdominales. Tras una revisión más exhaustiva, los facultativos registraron lesiones de gravedad, por lo que lo intervinieron de urgencia. La situación llevó a que realizaran una denuncia a Carabineros. El ministro de Defensa, Alberto Espina, pidió a los padres de integrantes de las Fuerzas Armadas que tengan tranquilidad tras conocerse este hecho. Según la autoridad, este tipos de casos serán sancionados de manera severa. "No hay razón ni circunstancia alguna que justifique un acto criminal", comentó el secretario de Estado. Para Espina, "todas las familias cuyos hijos pertenezcan a las FF.AA. tienen que tener la seguridad que se van a realizar siempre en forma preventiva, y posteriormente sancionando, duramente cualquier acto que vulnere la dignidad y derechos".

Mauricio Mondaca

Luego de semanas de críticas y enfrentamientos entre el directorio, el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, y el Gobierno, finalmente SQM informó ayer que Julio Ponce Lerou no asumirá como asesor de la empresa debido a las "públicas diferencias de opinión" que generó su nombramiento.

El presidente de SQM, Alberto Salas, detalló que la decisión fue adoptada tras reunirse con el ex yerno de Augusto Pinochet "en la que analizamos el escenario suscitado tras el acuerdo del directorio de designarlo como asesor de la compañía".

"Dado que su incorporación como asesor ha causado públicas diferencias de opinión, hemos consensuado con Julio Ponce que no será asesor de SQM", detalló Salas a través de un comunicado.

En el documento, Salas agradeció "la disposición que este tuvo, para así poner término a las referidas discrepancias de opinión, todo ello en beneficio de SQM y sus accionistas".

Defensa de decisión

Sin embargo, Salas enfatizó que la presencia de Ponce Lerou como asesor de la empresa "no contraviene de forma alguna el acuerdo suscrito con Pampa Calichera, ya que la condición de 'asesores' quedó excluida de las prohibiciones contenidas en el mismo".

Luego de una extensa negociación entre Corfo y SQM, ambas entidades firmaron un acuerdo de conciliación para la explotación de parte del Salar de Atacama, donde la estatal ponía como exigencia que la familia Ponce Lerou no fuera parte del directorio de Soquimich hasta el año 2030.

Por lo anterior, el anuncio de que Julio y Eugenio Ponce Lerou llegarían a SQM como asesores generó polémica y levantó cuestionamientos desde varios sectores en contra de Eduardo Bitrán, entonces vicepresidente de Corfo, quien reconoció que "jurídicamente, no se podía ir más lejos".

El ministro de Economía, José Ramón Valente, comentó que "nos parece bien qye haya dado pie atrás".

Desde el empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, calificó de "positiva" la medida, que según él fue "imprudente y que dañaba profundamente la confianza social".