Con el objetivo de continuar con las alianzas estratégicas entre las diversas instituciones públicas de la región, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con la Dirección Regional del SernamEG, se reunieron con representantes de la Defensoria Penal Pública de Atacama.

Una reunión que estuvo liderada por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, María Fernanda González, por la directora regional (s) del SernamEG, Marcela Moraga, y por el defensor regional, Raúl Palma, quienes acompañados de profesionales de sus respectivas instituciones, analizaron y visualizaron diversas actividades a desarrollar en conjunto.

Al respecto, el defensor regional, Raúl Palma Olivares, comentó que "para nosotros como Defensoría Penal Pública, incorporar todo el enfoque de género ha sido una prioridad. Creemos que es muy importante, no solo institucionalmente tener la mirada desde el punto de vista de género, sino que también en cuanto a la litigación, en cuanto a la defensa estratégica, en cuanto a la gestión técnica en tribunales, por eso estamos abordando una serie de acciones a llevar a cabo en conjunto entre las instituciones, de manera tal de poder avanzar en la capacitación de defensores y defensoras en materia de género y también en cuanto a compartir experiencias y poder efectuar redes de apoyo en torno a derivación de casos y de relación interinstitucional, en base, fundamentalmente a nuestra usuarias, personas imputadas o mujeres que están privadas de libertad en la cual requerimos siempre el apoyo de instituciones especializadas como SernamEG".

En este sentido, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, María Fernanda González, indicó que "nosotros queremos hacer un trabajo en conjunto de sensibilización para los defensores en toda la región y ese es uno de los acuerdos que nosotros queríamos establecer en esta reunión, hacer un trabajo para poder ir mejorando y modificando los paradigmas que se tienen con respecto a estos temas, a las defensorías que se presentan en cada uno de los tribunales, así que queremos ir haciendo un trabajo coordinado, un trabajo sistemático para poder sensibilizar a los defensores, tanto en el lenguaje que se utiliza en cada uno de los juicios como en general, en los trabajos que se van haciendo con las mujeres, así que relevar la disposición y el interés de tratar estos temas con perspectiva de género, así que el agradecimiento de la apertura y las ganas de trabajar en esta línea".

Entre las actividades en conjunto a desarrollar, destaca la realización de talleres sobre género a los equipos que trabajan en la Defensoría, tanto a nivel regional como provincial y un levantamiento de información tendiente a brechas, vulnerabilidades y/o autonomía económica de las mujeres internas de los diversos Centros de Cumplimiento Penitenciario de Atacama.

Pamela Vásquez Fuentes

Jorge Vargas Guerra fue elegido ayer como secretario ejecutivo del Consejo Regional, esto gracias a las negociaciones entre el PC, el Partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y ex Nueva Mayoría. Corría solo en la carrera, ya que la comisión de régimen interior no entregó ninguna otra opción para el cargo.

Esto forma parte del resultado de los acuerdos políticos que comenzaron con la votación para la presidencia del organismo el martes, cuando Javier Castillo (PC) votó por su candidatura y ganó por ocho sufragios en total. En tanto, hubo abstenciones pertenecientes a sectores del oficialismo.

Ayer en la sesión hubo escenas que se repitieron, los mismos votantes que apoyaron a Castillo, ayer le otorgaban su opción a Jorge Vargas quien fue un ex candidato al Senado por el (FRVS) y se transformó en la moneda de cambio para la presidencia del Consejo. Mientras que hubo seis abstenciones, los mismos cores que se abstuvieron en la votación por la presidencia.

En la comisión de Régimen Interno se trató el tema y a partir de esa reunión surgió la propuesta, la que fue apoyada por tres integrantes: la presidenta Rebeca Torrejón (FRVS), Javier Castillo y Rodrigo Rojas (IND) fue así como Torrejón señaló que se propuso al pleno nominar como secretario ejecutivo a Vargas. Se abstuvieron los consejeros Fernando Ghiglino y Roberto Alegría, ambos de Renovación Nacional (RN).

Ghiglino manifestó que "hice algunas indicaciones respecto a cómo se estaba gestando la nominación de secretario ejecutivo. En la última sesión de Régimen Interno, quedó establecer el perfil y normas mínimas de la elección del secretario ejecutivo pendiente fijar un perfil y normas mínimas de la elección".

Agregó que "queda más que claro que es un acuerdo político con las partes involucradas".

¿acuerdo regional?

El consejero regional Sergio Bordoli (RN) preguntó si esta decisión se debe a un acuerdo político entre los diputados Jaime Mulet (FRVS), Guillermo Teillier (PC) y los diputados de la Nueva Mayoría, o es un acuerdo político de los consejeros regionales.

En tanto, la consejera Ruth Vega (PS) señaló que la presidenta de la comisión de Régimen Interno aseguró que tuvo a la vista los títulos del profesional, pero "aunque no los tuviera a la vista, para haber ocupado los cargos que ocupó, es obvio que los tiene, porque la ley exige como mínimo 8 semestres universitarios y tiene dos títulos además cuenta con magíster que lo ayudan porque ha tenido cargos importantes en el gobierno y el municipio. Muchos conocen a Jorge Vargas, quien es una persona de gran prestigio que da garantía para el cargo de secretario ejecutivo de este Consejo Regional. Él tiene un perfil político también. Por tanto cumple con todas las condiciones para hacer la votación".

Respecto al acuerdo, expresó que "es un acuerdo local, la persona ha hecho toda su vida en la región, no tiene nada que ver con Santiago.".

Finalmente el presidente del Core Javier Castillo (PC) señaló que "le tocará a los entes competentes evaluar si cumple el perfil que se necesita. Llamo a que se haga la votación y ver si cumple el quorum necesario para hacer el proceso de contratación".

Con ocho votos quedó el cargo de secretario ejecutivo para Jorge Vargas y ahora será la Contraloría General de la República determinar si el proceso se ajustó a la legalidad.