Los cambios que alista el Gobierno de Sebastián Piñera al sistema tributario para su simplificación tendrán un efecto neutro en términos de recaudación, dijo ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. La administración del nuevo Presidente prometió mejorar la reforma impositiva impulsada por la ex Presidenta Michelle Bachelet, para poder otorgar certeza jurídica a los contribuyentes.

"Es un proyecto que fiscalmente va a ser neutro en términos de recaudación. Eso no significa que no podamos tocar alguna tasa", dijo Larraín.

Según el jefe de las finanzas públicas, "no se trata de una baja de impuestos, pero no significa que no pueda tocar una tasa si es que hay compensaciones por otras partes".

El Gobierno de la ex Presidenta Bachelet promulgó una reforma tributaria y luego intentó simplificarla, aunque no fue suficiente para reimpulsar las inversiones y el crecimiento de la economía.

El ministro Felipe Larraín dijo esta semana que prevén presentar el plan de modificación de este régimen impositivo.

Propuesta

La comisión tributaria de la CPC planteó 14 puntos que, según sus expertos, requieren revisión y estudios para simplificar el sistema. Entre sus principales aspectos destaca la necesidad de que exista "un régimen general y uno especial", dependiendo del tamaño de las empresas. El régimen especial, agregó la CPC, debe ser el artículo 14 ter que se aplica a las pymes, pero este sistema debería ampliarse automáticamente a cualquier firma (hoy se excluyen las actividades inmobiliarias y otras) que facture hasta 100 mil UF al año.

La propuesta apunta también a la integración del sistema y a aclarar el concepto de gasto deducible y gasto rechazado, además de simplificar la tributación de bienes raíces.

Crítica a antecesores

El ministro de Economía, José Ramón Valente, insistió ayer en sus críticas al anterior Gobierno por el déficit fiscal mayor conocido el penúltimo día de gestión. En entrevista con Radio Cooperativa, el titular de Economía afirmó que "el Gobierno anterior le mintió a todos los chilenos diciendo que la caja fiscal estaba mucho mejor de lo que realmente estaba". Según Valente, el 2,1% del PIB es el total del déficit, y "se nos dijo en enero que el déficit era 1,7%; ahora, a un día de entrar este Gobierno, el ministro saliente reveló una cifra mayor que equivale a US$ 1.100 millones más de déficit".

La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, confirmó ayer que el Gobierno se restará del proceso de conciliación sobre el proyecto minero portuario Dominga, que comenzó ayer en Antofagasta. La decisión, según la secretaria de Estado, se tomó porque La Moneda consideró que el proceso "no contribuye a fortalecer la institucionalidad" del país.

De esta forma, ahora resta esperar el fallo del Primer Tribunal Ambiental respecto del futuro del proyecto, que sería dado a conocer el 30 de marzo.

La conciliación

Ayer se dio inicio a la audiencia de conciliación convocada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, luego del recurso de reclamación presentado por la empresa Andes Iron -a cargo de la iniciativa- en contra de la resolución del Comité de Ministros que rechazó el proyecto minero.

La ministra Cubillos explicó que ayer se presentó un escrito ante ese tribunal señalando que "sin perjuicio de las facultades que son propias de este tribunal, mi representada estima necesario que en este caso exista un pronunciamiento jurisdiccional, debido al tenor de las materias reclamadas, que dicen relación principalmente con la legalidad de un acto administrativo enmarcado en el proceso de evaluación ambiental". Y agregó: "No contribuye a fortalecer la institucionalidad, que es tarea primordial del Gobierno, entrar al final del proceso, en una negociación directa con la empresa Andes Iron".

Opción del ejecutivo

Con esta decisión, La Moneda estima que la ilegalidad de un acto administrativo -que es lo que alega Andes Iron- hace necesario un fallo del tribunal sobre la materia y no una conciliación, lo que puede "terminar agregando más incertidumbre a todo el proceso".

Cubillos recalcó que el Gobierno considera que los procesos de evaluación ambiental tienen falencias, como la demora en su rechazo o que la aprobación no sea definitiva. Según ella, el Gobierno optará por la corrección de esas debilidades por la vía legal.

Visión empresarial

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, aseguró que "no parece razonable que esa conciliación tenga relación con materias cuando un titular demanda ilegalidad de un acto administrativo (del Comité de Ministros). Aparentemente lo que sostuvo el Servicio de Impacto Ambiental es que se abstenía de participar en esta conciliación precisamente porque estimaba que el titular estaba reclamando una ilegalidad de un acto administrativo, respecto de lo cual no cabe una conciliación", agregó Larraín. Para el presidente de la Sofofa, "esta es una oportunidad de dar una señal para el desarrollo de proyectos de inversión como el de Dominga y otros".

Dominga fue rechazado, en agosto de 2017, por el Comité de Ministros por los votos en contra de los ministros de Salud, Agricultura y Medio Ambiente. A favor del proyecto minero-portuario se pronunciaron los titulares de las carteras de Energía y Minería.

millones de inversión consideraba levantar una planta, un puerto y una desaladora. US$ 2.500

años era el plazo en el que se mantendría operativo el proyecto minero y portuario. 26,5