Pamela Vásquez Fuentes
La Contraloría General de la República determinó que el contrato de transacción celebrado entre la municipalidad de Tierra Amarilla y la minera Candelaria donde hubo un pago por US$7 millones, no se ajustó a derecho y por esa razón enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y se iniciará un procedimiento disciplinario en el aludido municipio en el que se determine la existencia de eventuales responsabilidades administrativas de sus funcionarios.
En 2013, la casa consistorial de esa comuna inició una demanda ambiental en contra de la empresa, proceso que posteriormente fue abandonada para llegar a un acuerdo.
La municipalidad, en septiembre de 2015 mientras se encontraba el alcalde Osvaldo Delgado en ejercicio, firmó el denominado convenio de cooperación con la minera y además un contrato de transacción por el pago de 7 millones de dólares, cuatro de ellos usados para la cancelación de los honorarios de los abogados que representaron a la casa edilicia.
La Contraloría General de la República se pronunció respecto al contrato de transacción, firmado en septiembre de ese mismo año, donde se incrementó el patrimonio municipal y de los abogados.
"No se ha logrado el objetivo de preservar la naturaleza a través de medidas concretas de reparación del daño ambiental causado, sino que solo se ha obtenido un incremento del patrimonio municipal y el pago de los honorarios profesionales de abogados".
Jaime Mulet, candidato a diputado, fue uno de los abogados que apoyó al municipio en la interposición de la demanda y posteriormente en el proceso del contrato.
Según argumentó, él no recibió pago alguno por su gestión. "Participé nomás, ayudé al estudio jurídico, no fui abogado de ellos. No percibí ningún honorario, hice gestiones gratuitas".
Agregó que "renuncié expresamente a no recibir honorarios, porque soy de la región de Atacama y mi único interés era ayudar a Tierra Amarilla. No conozco el informe de la Contraloría".
Dado que el contrato no se ajustó a derecho, el organismo fiscalizador solicitó a la municipalidad adoptar las medidas pertinentes para regularizar la situación y deberá informar de ello a la División Jurídica de la Contraloría General en el plazo de 30 días hábiles.
Además, el municipio deberá informar respecto al destino de los recursos ingresados al patrimonio municipal y enviar las actas del Concejo Municipal en que se haya abordado el acuerdo.
Desde minera Candelaria se informó que en los próximos días se referirían al caso, mientras que a pesar de los esfuerzos el alcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales no pudo ser ubicado.