Según los datos obtenidos en el estudio "Hay COSOC 2.0", durante el segundo semestre del año 2016, de un total de 345 municipios consultados 314 respondieron la solicitud por ley de transparencia realizada por la organización. De ellos, el 42%, equivalente a 145 comunas hasta esa fecha, no tenían conformado su Consejos Comunales de la Sociedad Civil, por lo que solo el 58% cumple con la Ley.

En la región sólo el 55% de las casas consistoriales tiene conformado el COSOC. Sin embargo esto no se pudo corroborar en las municipalidades de Freirina y Tierra Amarilla, ya que no respondieron a solicitud de acceso a la información para el estudio.

"El mayor factor que impide la creación del COSOC es la falta de interés de las mismas organizaciones civiles (22%), seguido por falta de quórum de las organizaciones inscritas (20%)", explicó Álvaro Ramírez, presidente de la Fundación Multitudes, entidad que realizó el estudio. Por esta razón, agregó, "es necesario que las autoridades observen con detención el funcionamiento real de la democratización del poder local y, que en conjunto con la ciudadanía, sostengan esta herramienta de manera activa y dentro de la normativa establecida en la ley".

Hace un par de semanas el senador RN, Baldo Prokurica interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó en contra de la intendenta de Atacama, Alexandra Núñez y el seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Ocaranza. Esto acusando discriminación de parte del gobierno a la hora de entregar los beneficios a las personas que resultaron damnificados tras el aluvión del 13 de mayo.

Recurso que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Copiapó y que hoy se encuentra en pleno proceso judicial. De hecho el Gobierno Regional solicitó ampliar el plazo para reunir los antecedentes con el fin de " reunir mayores antecedentes para evacuar el informe" a la Corte.

"Esto está en manos de los abogados y los abogados son los encargados de que contestemos de la mejor manera posible a los requerimientos del senador", comentó la intendenta Núñez, por la ampliación pedida.

La situación generó la reacción de Prokurica, quien indicó que "a nosotros la verdad es que la información oficial no nos calza para nada y aquí se está reduciendo a un tercio los afectados para entregar este beneficio, creemos que esto es una forma arbitraria y no técnica de poder medir y de poder apoyar a las personas que perdieron sus bienes por el aluvión del 13 de mayo".

La petición del Gore se conoció justo cuando se entregó el segundo listado de beneficiados del Subsidio de Habitabilidad.

"Hoy día (ayer) nos notificaron a los consejeros regionales que hoy día salía la segunda lista donde nuevamente van a aparecer un número determinado de personas, que obviamente vienen con valores distintos (...) esto nuevamente provoca la desazón, la molestia de muchos de los que reciben el subsidio que no le corresponde a todos", comentó el consejero regional, Fernando Ghiglino.

Según la información recibida por el core, en esta oportunidad fueron 355 las personas que recibirán ayuda gubernamental.

Costanza R. Álvarez

La llegada del ministro de Desarrollo Social a la región de Atacama fue con el fin de explicar a la ciudadanía la Reforma a las Pensiones que se encuentra en el parlamento. Además de conversar sobre la Ley de Inclusión Laboral, promulgada hace algunas semanas. Sobre esto último, según datos expuestos por la Seremi de Desarrollo Social de Atacama, el 23,2% de la población mayor a 18 años se encuentra en situación de discapacidad. Asimismo, se evidenció que de este porcentaje solo el 17,6% se encontraba trabajando.

La normativa, que debería entrar en funcionamiento a fin de 2017, obligará a las empresas, dependiendo de la cantidad de sus trabajadores, a incorporar a colaboradores que se encuentren en situación de discapacidad. En Atacama se tiene un estimado de 64 empresas, según los datos de la Seremi de Trabajo, que deberán modificar sus espacios laborales e incorporar a trabajadores en situación de discapacidad.

¿Cómo viene el futuro de la Ley de Inclusión Laboral, que debería entrar ya en funcionamiento y exigencia para las empresas en los próximos meses?

-Hay un diálogo muy intensivo, tanto con empresas como con personas en situación de discapacidad, a través de sus organizaciones, que en mi opinión muestra que esta ley viene en lo concreto a proveer de cupos laborales por ley y viene a eliminar normas tan injustas. Las empresas lo han tomado como un desafío, en el sentido de que la empresa que carezca de un sello inclusivo en términos de discapacidad, es una empresa que va a estar privada de reconocimiento de la sociedad respecto de su rol social.

¿Cómo una especie de castigo?

-Yo no hablaría de castigo, yo creo que hablaría de que la empresa que no se incorpore a la dimensión inclusiva de una ley de esta naturaleza, la sociedad no va a tener una percepción positiva. Lejos de ser un obstáculo o un impedimento o en su defecto una obstrucción para el buen desempeño de la empresa, (las personas con situación de discapacidad) le da valor agregado, porque la persona con discapacidad, y lo muestran los estudios empíricos; cuando participan de las empresas mejoran el clima laboral, mejoran las relaciones laborales, pero también contribuyen a mejorar la productividad.

Pensiones

El Consejo de Ahorro Colectivo, cuya creación se está tramitando en el Congreso, y que es parte de los proyectos que reforman el sistema de pensiones, ¿va a ser igual de autónomo que el Banco Central, por ejemplo?

-Tiene las mismas características que las entidades autónomas, como el Banco Central.

¿Y tendría las mismas restricciones que el BC, por ejemplo de no invertir en documentos que haya emitido el Estado?

-No, tendría que tener los mismos parámetros que tienen las administradoras de fondos de pensiones para invertir.

Entonces podría haber un involucramiento entre este Consejo y el Estado, por qué se lo pregunto, por las inversiones que podrían presentar pérdidas. ¿Existe ese temor?

-No, incluso cuando se presentó el proyecto que creaba la AFP del Estado, se le dotaba de las mismas atribuciones en materia de inversión que las otras AFP. Aquí estamos hablando del bien común y el Estado vela por el bien común.

¿El Gobierno ve algún inconveniente en la tramitación de esta reforma?

-Yo lo que observo son más ventajas que desventajas, este proyecto conecta con la sensibilidad y la aspiración ciudadana, de contar con un ente público que de confianza, garantía y seguridad a los cotizantes. El debate no concluye creo yo, con estos tres proyectos, en el futuro tendrán que venir otras legislaciones, lo importante es que aquí estamos dando un paso importante en proveer a Chile de una auténtica seguridad social.

¿Cómo espera el Gobierno que sea la tramitación de estos proyectos?

-Lo que uno aspira en todos los proyectos de ley y especialmente en proyectos tan sensibles, es que haya una discusión profunda, pero a la vez una discusión eficiente. Porque tampoco es razonable que las aspiraciones ciudadanas se posterguen por mucho tiempo. No me cabe ninguna duda que una parte mayoritaria de la derecha va a querer concurrir al TC y objetar la legislación que en el parlamento se desarrolle, por tanto hay que tomar todos los resguardos de modo tal de que los proyectos en cuestión tengan toda la legitimidad constitucional del caso.

¿Existe ese temor de que muchas de las reformas que son parte de la agenda terminen en el TC, como ocurrió con la Ley de Aborto?

-No es un problema de temor, es un problema de poca convicción democrática por parte de la derecha.