Agentes del Federal Bureau of Investigation, FBI, provistos de una orden judicial, allanaron una de las casas de Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump en el marco de la investigación por sus supuestos nexos con el Gobierno de Rusia y su injerencia en las pasadas elecciones presidenciales.

El allanamiento

La información filtrada a los medios fue confirmada por Jason Maloni, vocero de Manafort, quien no indicó con precisión cuándo se desarrolló este operativo.

En tanto, el periódico estadounidense "The Washington Post" consignó que el procedimiento ocurrió el pasado 26 de julio en una vivienda de Manafort ubicada en Alexandria, en el estado de Virginia.

"El señor Manafort ha cooperado de manera consecuente con las fuerzas de seguridad y en otras investigaciones serias. También lo hizo en esta ocasión", afirmó Maloni.

El ex director de campaña del ahora Presidente Trump, es objeto de una prolongada investigación del FBI por supuestas transacciones que habría realizado en Ucrania y por su trabajo para el ex presidente Viktor Yanukovych, quien dejó el cargo en 2014.

El fiscal independiente Robert Mueller también investiga a Paul Manafort en el marco de la denominada "Trama rusa", investigación por la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del año pasado en Estados Unidos y cualquier presunta colusión de allegados a Donald Trump.

Defensa de manafort

Ante este escenario, el ex asesor de Donald Trump rechazó haber cometido algún delito y ha cooperado con las comisiones legislativas que investigan la supuesta injerencia electoral. Manafort también ha entregado documentos a las comisiones judicial y de inteligencia del Senado norteamericano.

Las autoridades que solicitan la orden de registro de la vivienda en Virginia deben demostrar ante un juez que existe causa probable para creer que el político estadounidense podría haber cometido un delito.

Este tipo de solicitudes suelen incluir detalles de las pruebas que buscan los investigadores y la naturaleza de la actividad criminal que se investiga.

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó ayer, sin la presencia de los diputados oficialistas, el rechazo al decreto que emitió la recién instaurada Asamblea Constituyente en el que subordinó todos los poderes públicos al nuevo cuerpo.

"Desconocemos la Constituyente como un todo", dijo el diputado opositor Juan Pablo Guanipa durante la sesión y acusó al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, de utilizar el proceso de reforma de la constitución como un pretexto para "hacer lo que le dé la gana".

En la reunión, el legislador Williams Dávila manifestó: "No nos hemos rendido y jamás nos vamos a rendir", al descartar que la oposición vaya a ceder ante la Asamblea Constituyente que el martes amenazó con limitar funciones y aplicar el máximo rigor de la ley a los poderes que no cumplan las normas.

La asamblea

El segundo vicepresidente de la Constituyente, Isaías Rodríguez, defendió ayer las últimas medidas que tomó ese cuerpo y dijo que el objetivo del procesos constituyente es actualizar la carta magna y superar "algunas dificultades en materia económica que matan al pueblo con una inflación inducida".

Desde que el sábado la Asamblea inició sus sesiones, junto con remover de su cargo a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, sus miembros dejaron en claro su objetivo de tomar acciones contra los opositores que promovieron las protestas antigubernamentales de los últimos cuatro meses, las cuales han dejado al menos 122 muertos y cerca de 2.000 heridos.

Comisión de la verdad

La Constituyente anunció que investigará los casos de violencia política ocurridos en Venezuela desde 1999 cuando Hugo Chávez asumió el poder, anunció Delcy Rodríguez, su titular.

Las investigaciones se darán en el marco de la "Comisión de la verdad", propuesta del Presidente Maduro a los asambleístas para fijar responsabilidades en delitos con fines políticos.

"Es un instrumento muy poderoso para determinar la verdad, para determinar responsabilidades políticas y morales de aquellos que amparados en poderes imperiales y fácticos se han dedicado a subvertir el estado derecho", dijo Rodríguez.

Apoyo latinoamericano

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, agradeció el respaldo de los cancilleres de 12 países latinoamericanos que desconocieron la Constituyente y sus actos por "su carácter ilegítimo". En un discurso, Borges dijo que la declaración abre el camino para eventuales sanciones a funcionarios por supuesta corrupción, narcotráfico y violaciones de los derechos humanos.

Su declaración coincidió con el anuncio de Washington de nuevas sanciones para integrantes de la Constituyente (ver recuadro).