D e los nueve consorcios precalificados para participar en el proceso de licitación para la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar para el consumo de agua potable en la región de Atacama que será financiada por el Gobierno; cinco presentaron sus ofertas técnicas y económicas, cuyos resultados serán publicados a principios de septiembre.

Los consorcios que llegaron con sus ofertas hasta las oficinas de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios fueron Acciona Agua - Acciona Construcción Chile, Aqualia - Besalco - FCC Construcción, INIMA - CVV Copiapó, Técnicas Reunidas - Initec y Sadyt - Sacyr - Valoriza Agua.

Sobre este tema la intendenta de Atacama, Alexandra Núñez, sostuvo que "hemos avanzado en las etapas previas como los estudios preliminares, el estudio de Impacto Ambiental y el estudio de localización del proyecto, estos últimos financiados íntegramente por el Gobierno Regional. A partir de esta fecha, estamos en conocimiento de las 5 ofertas económicas que se han recepcionado, las que serán custodiadas por un notario hasta que se hayan revisado ofertas técnicas y tecnológicas. Sólo aquellas ofertas que aprueben evaluación técnica, serán abiertas para seguir proceso de adjudicación".

Tras la recepción de las ofertas, el gerente general de Econssa, Patricio Herrera, manifestó que "no solo se trata de la mayor inversión que se realizará en la región en el corto y mediano plazo, con todos los beneficios que esto implica para el dinamismo de la economía local; sino más importante aún es que estamos frente a una iniciativa que va a garantizar el suministro de agua potable en una zona que ya no cuenta con acuíferos naturales para el autoabastecimiento de este recurso".

El ejecutivo agregó que el consorcio que se adjudique el contrato tendrá un plazo de 27 meses para materializar el proyecto, 24 de los cuales serán para la construcción, "lo que implica que la planta debiera estar operando, a más tardar, a principios del año 2020".

Proyecto

La primera fase del proyecto (planta desaladora y conducciones) tendrá un costo estimado de US$ 100.000.000 y el inicio de su construcción está prevista para fines de 2017.

El proyecto consiste en la extracción de agua de mar y su desalinización en una planta de osmosis inversa. Las instalaciones estarán ubicadas en el sector de Punta Zorro, en la comuna de Caldera, y desde allí el agua desalinizada será impulsada a los distintos puntos de abastecimiento de la población de Caldera, Chañaral, Copiapó y Tierra Amarilla, que actualmente son alimentadas por el acuífero del río Copiapó.

Alejandro Núñez

Como "inaceptable" catalogó el presidente del Colegio de Profesores de Copiapó, Carlos Rodríguez la propuesta presentada por la municipalidad de la comuna de pagar la deuda del Bono Subvención Adicional Especial (SAE) en 70 cuotas a partir de enero del 2018.

El docente dijo que no esperaba esta decisión del organismo porque existe un fallo judicial y criticó que la municipalidad desconoció el monto. Cabe recordar que los profesores esperan el pago de $2.400 millones para cerca de mil personas y en la propuesta de la municipalidad solo se habla 2.069 millones de pesos.

En la misiva presentada por la municipalidad se argumenta que "actualmente el déficit financiero del municipio nos impide hacer un compromiso de pago a corto plazo, teniendo en consideración que el déficit operacional mensual del Departamento de Educación Municipal asciende a la suma de $181.339.473".

Rodríguez lamentó que el bono se terminaría pagando en seis años. Los docentes el próximo lunes tendrán un plenario a las ocho de la mañana en cada colegio, para comunicar la propuesta del municipio, luego todos se reunirán a las 11:00 en la sede del gremio, donde se definirán las medidas a tomar para después marchar a la municipalidad como protesta.

El dirigente afirmó que "ha habido más voluntad para solucionar otras situaciones que el tema de los profesores en la comuna".

Por su parte, el abogado del gremio Patricio Bell enfatizó que "esto es una burla para el juez, los tribunales de justicia y una ofensa para los profesores de la comuna". El profesional catalogó como poco seria la actitud del municipio de no reconocer la deuda total y llamó a los concejales comunistas y socialistas para que defiendan a los trabajadores.

El bono (SAE) tenía como objetivo mejorar las remuneraciones de los profesores, establecido en la ley 19.933 y que durante años no fue pagado por los municipios según los docentes y que obligó a acciones judiciales contra las nueve comunas de la región de Atacama.

Bell expuso que "el señor López se preocupa que a las empresas sí hay que pagarles aunque no haya juicios, sentencias y hay que garantizarle utilidades. En cambio a los profesores hay que humillarlos".

Alcalde

El alcalde de Copiapó, Marcos López comentó que el rechazo de la propuesta por parte de los profesores "era de esperarse". El edil dijo que "si el municipio no estuviese endeudado le pudiésemos haber dado una línea de pago a los 12 meses. Desde el punto financiero la Dirección de Administración de Educación Municipal de Copiapó (Daem) no tiene absolutamente ninguna posibilidad de pagar en menos cuotas".

Sobre la posibilidad de una movilización o paro, la autoridad puntualizó que "si hay un paro por esta deuda yo tengo que lamentarlo porque en el fondo sigue incrementando el problema. Una huelga significa no más ingresos por concepto de subvenciones y se empeora la situación de la Daem".

mensuales recibirían cada profesor en 70 cuotas, según la propuesta presentada por la municipalidad. $29.563