A los 84 años y tras padecer una larga enfermedad que la obligó a abandonar sus actividades normales, murió el sábado la destacada abogada, Olga Feliú.

Con una conocida trayectoria en el mundo público, Feliú, entre otras cosas, fue presidenta del Colegio de Abogados entre los años 2011 y 2015.

Abogada de la Universidad de Chile, fue designada como senadora el 11 de marzo de 1990 por la Corte Suprema, cargo que ocupó hasta 1998.

Mientras mantuvo su escaño en la Cámara Alta, la profesional formó parte de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología; Salud; Economía y Comercio; Régimen Interior.

Asimismo integró la instancia parlamentaria Revisora de Cuentas, y de la comisión especial mixta de Presupuestos.

Luego de abandonar su labor en el Senado, la abogada formó la Consultora Feliú & Asociados Ltda.

Extensa trayectoria

Nacida en Santiago, el 20 de agosto de 1932, se casó con Waldo Ortúzar Latapiat y juntos tuvieron cuatro hijos.

Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, titulándose de abogada en el año 1963; con una tesis que se tituló "Los efectos del matrimonio y de su nulidad en el Derecho Administrativo".

Siendo estudiante de Derecho, en 1954 ingresó a la Contraloría General de la República, como oficial administrativa y luego de desempeñarse como abogada y más tarde como subjefe y jefe del subdepartamento de Coordinación e Información Jurídica, se retiró de la entidad en 1980, después de haber trabajado ahí por 26 años.

Entre los años 1980 y 1990 ejerció libremente su profesión de abogada, teniendo entre otros casos de interés público, el de Colonia Dignidad.

Una vez que terminó su labor como senadora continuó trabajando como abogada de manera particular.

En 2015, en medio del revuelo que causaron los caos de delitos tributarios relacionados al financiamiento irregular de la política, la Presidenta Michelle Bachelet la nombró como miembro del Consejo Asesor Presidencial contra la Corrupción y Conflictos de Interés, conocida como "Comisión Engel" por ser presidida por Eduardo Engel. Dicha instancia entregó ese mismo año un informe con propuestas.

Su muerte fue lamentada entre otros, por el senador de RN, Alberto Espina, quien la describió en su cuenta de Twitter como "una mujer brillante, gran legisladora y lo más importante una tremenda persona".

¿Resolverá el conflicto de la Araucanía el anuncio que acaba de realizar el gobierno? Evidentemente no. Y esto por razones que van mucho más allá de las recomendaciones que se pretenden implementar. El asunto es el siguiente: el Estado de Chile durante muchísimo tiempo ha encarado la demanda de los pueblos indígenas en general y Mapuche en particular como un asunto sectorial, que se resuelve por la vía productiva, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el reconocimiento de las "culturas" indígenas.

Políticas de desarrollo productivo, entrega de subsidios, planes de infraestructura, y más recientemente el reconocimiento constitucional, de la lengua y ciertas tradiciones ha sido la tónica. La dificultad de esta forma de encarar la problemática indígena es que elude dos cuestiones que están en la raíz del conflicto: territorio y autodeterminación. En relación al territorio, el gobierno indica que desde el año 1990 a la fecha se ha devuelto la importante cifra de 230 mil hectáreas de tierras. Pero sabemos que aquella política-además de todos los problemas de implementación que ha enfrentado-representa menos del 8% de la región de la Araucanía. A lo anterior se suma lo que ha sucedido en el territorio desde el punto de vista productivo, al instalarse una lógica de explotación de recursos naturales por parte de grandes empresas que han erosionado las condiciones de vida sustantivamente en la zona. Esta dimensión no se asoma en ninguna de las recomendaciones realizadas por el gobierno.

Una segunda dimensión es la autodeterminación. Si el Estado de Chile reconocerá a los pueblos indígenas, entonces deberá abrirse a aceptar mecanismos de autonomía en sus decisiones políticas y administrativas. ¿Qué modelo de autonomía se adoptará en este caso? Fuera del Consejo de los Pueblos Indígenas que aún está en etapa de formulación en el Congreso, muy poco de esta discusión se asoma en las propuestas de este y anteriores gobiernos.

Entonces, los anuncios del gobierno podrían contribuir a institucionalizar las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado; podrían en el largo plazo contribuir a resolver problemas agudos de pobreza; podrían permitir un reconocimiento cultural de los pueblos en sus tradiciones. Sin embargo, como el asunto territorial (y de la explotación de recursos naturales) y la cuestión de la autonomía no están en la agenda inmediata, difícilmente apagarán los incendios al sur del Biobío.

Claudio Fuentes S.