Corpesca, pesquera controlada por el grupo Angelini, fue imputada hoy formalmente por el IV Juzgado de Garantía de Santiago, debido al pago irregular a políticos y parlamentarios entre los años 2009 y 2013.

La empresa fue formalizada como persona jurídica y las sanciones van desde multas hasta su disolución, pasando por la prohibición de suscribir contratos con el Estado, explicó Julio Contardo, fiscal jefe de la región del Biobío, quien tiene a cargo el caso.

En representación de la firma, asistió a la audiencia el gerente general, Arturo Natho Gamboa, a quien se le comunicó que la pesquera es investigada por no contar con mecanismos para impedir los pagos de sobornos a políticos.

Junto a la empresa, pero de forma individual, están procesados el senador derechista Jaime Orpis, la ex diputada Marta Isasi y el ex gerente general de la empresa, Francisco Mujica, mientras también es investigado Pablo Longueira (impulsor de la ley), exministro de Economía en el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

La fundación de investigación Cadem publicó su informe mensual donde el 36% cree que Sebastián Piñera será el próximo Presidente de Chile, manteniendo una diferencia significativa con Ricardo Lagos (12%) y Alejandro Guillier (8%).

En cuanto a la Presidenta Bachelet, su aprobación alcanzó un 22%, mientras que la desaprobación cerró en un 69%.

Aunque este resultado no representa una diferencia significativa con la semana anterior, Bachelet deja atrás las cuatro semanas en las que estuvo bajo la barrera del 20% de aprobación.

Así, la mandataria cierra el mes (cinco semanas y 3.557 casos) con un 20% de aprobación y un 70% de desaprobación, frenando la caída de agosto, donde había alcanzado su peor registro histórico desde 2014. En cuanto a los atributos, "capacidad para solucionar los problemas" pasó de un 25% a un 31%.

Valeria Barahona

Soledad Huerta, directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), organismo dependiente del Ministerio de Justicia, informó ayer que 865 son los niños fallecidos en la entidad durante los últimos 11 años.

Huerta detalló que son 210 niños y adolescentes los que murieron en el sistema residencial de protección del servicio, mientras que otros 406 fallecieron en organismos colaboradores (privados), dependientes del Sename, entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016.

En el mismo período, indicó la titular del Sename, 33 adolescentes que cumplían condena también perdieron la vida durante su estancia en los centros de rehabilitación directa del servicio de justicia juvenil. Por último, otros 216 jóvenes que eran parte de los programas ambulatorios del mismo organismo, resultaron fallecidos.

Investigación

La directora del Sename explicó que estos datos ya fueron entregados al Ministerio Público, además de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

"Nos duele habernos demorado dos meses en haber entregado esta información, eso obedece a la deficiencia de nuestro sistema. Y asumimos un compromiso para que nunca más nos pase en nuestra sociedad", señaló Huerta.

Procedimiento

Asimismo, indicó que las diferencias con las cifras entregadas previamente obedecen a que ahora se aplicó "un procedimiento riguroso que permitió tener más acceso a la información" en cuanto al período de tiempo considerado, ya que sólo se habían contabilizado los menores muertos hasta el 30 de mayo del presente año.

Crisis

El cuestionamiento al trabajo del Servicio Nacional de Menores comenzó con la muerte de una niña de 11 años al interior de unos de los centros del órgano estatal, hecho que derivó, el pasado 22 de abril, en la renuncia de su directora nacional, Marcela Labraña.

"cuadro de angustia"

Esto se debió a que, en primera instancia, la autoridad negó una negligencia del servicio y atribuyó la muerte de la niña a un "cuadro de angustia", luego que sus familiares no la visitaran un día domingo.

Sin embargo, tras un análisis, se descubrió que la menor de edad falleció al sufrir un paro cardiorrespiratorio, aparentemente provocado por el consumo de fármacos suministrados por funcionarios del establecimiento en función de su "condición psiquiátrica". Por ello, en septiembre se acusó constitucionalmente a la ministra de Justicia, Javiera Blanco.