La agente chilena ante La Haya por la demanda contra Bolivia por las aguas del río Silala, Ximena Fuentes, explicó ayer los argumentos de la acción legal presentada por el país. "Hay una ley que Bolivia no puede cambiar, que es la Ley de Gravedad", dijo Fuentes, aludiendo a que el caudal del río corre naturalmente hacia Calama sin ninguna intervención humana. La agente contradijo así lo que ha argumentado el Presidente boliviano Evo Morales, que ha acusado a Chile de desviar artificialmente las aguas. "No estamos presentando una demanda que tiene un objetivo político o comunicacional", dijo Fuentes en una conferencia en la Facultad de Derecho de la U. de Chile, en la que explicó que el objetivo de la demanda es evitar que La Paz siguiera acusando al país "de robar" las aguas del río. Asimismo explicó que se busca que la corte establezca que "se trata de un río internacional que cruza naturalmente la frontera".

Luego de que no se cumpliera con el plazo autoimpuesto para el ingreso del proyecto de reforma a la educación superior, que estaba fijado para junio, la titular de la cartera, Adriana Delpiano, respondió ayer a las críticas de los rectores y aseguró que tendrán la iniciativa en su poder el lunes.

Tras las críticas que emitió el jueves el Consejo de Rectores (CRUCh) en el marco de su reunión mensual, la ministra Delpiano manifestó que "creo que los rectores no conocen bien cómo está quedando el proyecto", tras participar en el lanzamiento del plan de formación ciudadana en Antofagasta.

"Es muy difícil explicarlos a través de una minuta y, por lo tanto, ya a estas alturas hemos conversado con todos los rectores, de todo tipo. Confianza en el sistema, ya van a poder tener el lunes en su poder la ley para poder verla y se despejarán todas las dudas", anunció.

La secretaria de Estado agregó que "el lunes se reintegran todos los parlamentarios y, por lo tanto, a partir del lunes lo tendrán ya en el Parlamento, porque esta es una semana que es distrital".

El rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi se sumó ayer a las críticas de sus pares del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh), quienes dijo, no están conformes con lo que conocen del proyecto y que "la intención por unanimidad de los rectores, si bien no lo dijeron en la declaración (del CUECh), es que ojalá el proyecto no se presente la próxima semana".

Zolezzi dijo a la Radio Usach que la iniciativa de Gobierno necesita "modificaciones profundas", como especificar la finalidad que tendrán los recursos que se recauden por los eventuales aranceles regulados. "Si hay arancel regulado y está referido a la docencia simplemente, vamos a liquidar lo que es la investigación en Chile y el desarrollo del futuro del país va a estar hipotecado", sostuvo.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), Aldo Valle, criticó que el proyecto que les presentó el Ejecutivo no modifica los problemas "estructurales" que en su opinión tiene el actual sistema de educación superior.

"Tenemos molestia y alguna decepción porque creemos que la reforma debe responder conceptualmente a esa expresión de reforma y vemos solo regulación", dijo a Tele13 Radio.

El rector de la Universidad de Valparaíso señaló que "si no es posible incrementar las oportunidades de elegir entre lo público o lo privado, si no se termina con los incentivos mediante el financiamiento público, si no se apoya el fortalecer de las universidades y la gratuidad es el único nuevo financiamiento público creemos que esta ley no va a mejorar el actual estado de cosas".

Carolina Collins

Tras renunciar a su derecho a guardar silencio y prestar declaraciones en calidad de imputado por cinco horas, el ex ministro secretario general de la Presidencia, Jorge Insunza reconoció haber cometido un error pero rechazó que se tratara de delitos.

"Yo cometí un error grave y asumí esa responsabilidad", dijo tras cumplir con la diligencia, enfatizando que "renuncié a mi cargo".

"Lo que espero es poder probar y transformar esta investigación en la oportunidad para poder demostrar mi total inocencia y de que aquí no hubo ilegalidad alguna", añadió el ex secretario de Estado que declaró ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en las dependencias de la Fiscalía de Ñuñoa.

Insunza llegó a ese lugar acompañado por su abogado, el defensor público Carlos Mora, para referirse a los pagos que recibió de Antofagasta Minerals por cerca de $200 millones por asesorías que habrían sido prestadas a la compañía cuando se desempeñaba como diputado y además era miembro de la Comisión de Minería de la Cámara.

Por eso la semana pasada la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente anunció que abrió una investigación de oficio en su contra para indagar las presuntas irregularidades que podrían constituir delitos tributarios, de cohecho y de negociación incompatible.

El ex parlamentario señaló tras la diligencia que respondió con total "transparencia" a las consultas que le realizaron los persecutores y señaló que el interrogatorio continuará durante las próximas semanas.

"Desde la semana pasada, cuando se abrió esta investigación, he hecho entrega, con total transparencia, de todos los antecedentes que de me han pedido y hoy, en el interrogatorio desistí de ejercer mi derecho a guardar silencio y, por el contrario, lo que he hecho con total transparencia, es responder toda y cada una de las preguntas que se me han hecho", sostuvo el ex ministro.

Insunza evitó referirse a lo que respondió ante los fiscales y explicó que se decretó la reserva sobre su declaración por un plazo de 40 días.

Los pagos de Antofagasta Minerals a Insunza derivaron en su renuncia al cargo de ministro de la Segpres, cuando sólo habían transcurrido 28 días desde que había asumido el cargo.

Luego de que se conoció que el Ministerio Público había abierto una investigación en su contra, el PPD, partido en el que milita el ex secretario de Estado, aseguró a través de un comunicado que las responsabilidades deben ser asumidas de manera "individual".

Antofagasta Minerals, en tanto, dijo que "no cometió delito alguno" y que colaborará con la investigación.

El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, se reunió ayer con representantes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la Fundación Iguales y la Corporación Humanas, a quienes les informó que en septiembre comenzará el proceso prelegislativo del proyecto de matrimonio igualitario. El cronograma del trabajo previo al ingreso de la iniciativa al Congreso es parte del convenio entre el Gobierno y el Movilh, que demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos. "En este cronograma se nos ha dado a conocer que a partir de finales de septiembre se realizaría un acto inaugural con los tres poderes del Estado en el Palacio de La Moneda, dando inicio a este proceso informativo tanto de recopilación de información relacionada con el matrimonio igualitario no solamente en países latinoamericanos sino también a nivel global", explicó el vocero del Movilh Óscar Rementería, quien indicó que en octubre comenzará un período de reuniones a nivel nacional y una mesa de trabajo interministerial. El plazo máximo de envío del proyecto es a fines de 2017.