Algunos servicios de emergencia han dado a conocer su preocupación por el alto número de llamadas falsas que reciben en sus centrales telefónicas. ¿Qué motivará a algunas personas a hacer esas llamadas falsas, molestosas o insultantes a Bomberos, Samu, Rescate de la Armada o Carabineros? Es algo que cuesta entender, si se considera que en ocasiones significa desplazar vehículos y personal, o dejar de atender otras comunicaciones que sí son necesarias, porque podrían significar salvar una vida. Tal vez se persigue ir contra el sistema establecido, alterar el normal funcionamiento de las empresas e instituciones, la evacuación de oficinas en los casos de alarmas de bomba, y tratar de poner en jaque a las autoridades y a la policía.

Hace unos días, autoridades de Bomberos en Santiago han informado que cada salida de carros por una falsa llamada puede llegar a costar hasta 200 mil pesos, dependiendo de cuán lejos llegan y cuántos equipos tuvieron que desplazar. En el caso de la Armada, en verano se incrementan las comunicaciones falsas al teléfono habilitado para emergencias en el mar, de preferencia para el rescate de personas.

Se estima que en los Samu más de la mitad de los llamados corresponden a "bromas" o pitanzas. Si la gran mayoría de los contactos telefónicos que reciben estos servicios de emergencia son falsos, se comprenderá que sus autores quitan la posibilidad a las personas que de verdad tienen una emergencia, y que -en cambio- encuentran las líneas saturadas.

El Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público y a las policías para acceder a la información del número de teléfono que realizó la llamada falsa. Incluso el artículo 222 los autoriza para intervenir y grabar las comunicaciones de una persona cuando hay fundadas sospechas, sin embargo, no está clara la sanción. En el Senado se encuentra el proyecto ingresado a trámite legislativo en 2014, que modifica Ley General de Telecomunicaciones, para imponer a las telefónicas la entrega de información a Carabineros y otros servicios de emergencia en los casos de estas llamadas y sancionar con reclusión y multas el uso indebido de la comunicación a esas entidades de urgencia.