Con un llamado ciudadano a exigir mejoras en el cuidado de menores, la campaña Prioridad Infancia busca la reformulación e intervención de diversas instituciones dedicadas a la infancia, entre ellas, el Servicio Nacional de Menores (Sename).

La entidad estatal ha sido cuestionada luego de la muerte de una menor de 11 años en uno de los centros, ubicado en la comuna de Estación Central.

Entre los firmantes de esta iniciativa figuran el ex director social del Hogar de Cristo Benito Baranda, el sacerdote jesuita Felipe Berríos, el ex ministro de Educación Harald Beyer, la ex ministra de Planificación Clarisa Hardy, el economista Eduardo Engel y el director de Educación 2020 Mario Waissbluth.

"A pesar de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, nuestras políticas de infancia se encuentran muy rezagadas respecto de lo que cabría esperar de un país con nuestro nivel de desarrollo", reza la introducción del texto publicado en la web de la campaña (prioridadinfancia.cl), que alude a compromisos internacionales.

La campaña criticó con dureza al Sename y señaló que "son muchas las falencias en nuestras políticas, pero quizás ninguna es tan visible para la sociedad como la situación" del mencionado organismo del Estado. Asimismo, llamó a una "reformulación profunda" de la entidad.

A juicio de Prioridad Infancia, faltan especialistas para atender los problemas emocionales de los niños que acuden a estos centros. En esa línea, acusaron una lista de espera que se extiende hasta por tres meses para los menores que requieren atención urgente, en especial quienes han sufrido abuso sexual.

La agrupación también emplazó al Gobierno a "acelerar el proyecto de ley que separa las funciones de protección de derechos de niños vulnerados y de adolescentes en conflicto con la justicia".

El senador PPD Felipe Harboe insistió ayer en que la directiva de su colectividad "debe abstenerse de asumir", luego que en las elecciones internas del pasado 22 de mayo el Tribunal Supremo detectara inconsistencias en un alto número de comunas en la Región del Biobío.

Por esta razón, el parlamentario presentó un recurso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para impugnar los comicios en los que resultó electo Gonzalo Navarrete, actual alcalde de Lo Prado.

"Lo que correspondería es que la directiva se abstuviera de asumir, eso es lo lógico. Se ha señalado que hay una irregularidad generalizada no solo en Biobío, sino en la Metropolitana y en la Región de Valparaíso", señaló Harboe, citado por radio Cooperativa.

Agregó que "lo que corresponde es tener un poquito más de calma, prudencia y observar qué ha ocurrido". "Porque a pesar de no haber competencia se han producido estas diferencias y lo que corresponde es que transparentemente expliquen cuáles son los fundamentos, cuáles son las comunas, los tipos de irregularidades y que se haga una investigación para determinar los responsables", sentenció el senador por el Biobío.

"proceso ordenado"

En un comunicado difundido el sábado, Harboe detalla el recurso presentado al Tricel y solicita al ex presidente del PPD Jaime Quintana a que "ejerza las acciones de persecución electoral y penal correspondientes a los responsables de dichas irregularidades, quienes no deben mantenerse como militantes o dirigentes del partido".

Si bien el senador y timonel saliente reconoció que hubo inconsistencias en las votaciones en el Biobío, respaldó el trabajo del Tribunal Supremo.

"El proceso en general fue ordenado, transparente, sin dificultades. Yo lo que le puedo asegurar es que el Tribunal Supremo hizo un trabajo muy riguroso, acucioso. Yo no tengo ningún elemento objetivo para cuestionar ese trabajo, si alguien lo tiene, está en su derecho", afirmó Quintana.

Pamela De Vicenzi

Tras la convocatoria a paro nacional para el 23 de junio que realizó el fin de semana la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la vocera de la agrupación Marta Matamala llamó al Ministerio de Educación a redestinar los recursos del Crédito con Aval del Estado (CAE) para financiar la gratuidad.

"Hay plata de la cartera de Educación que no nos gusta cómo está siendo utilizada. El pago del 30% de los fondos del Ministerio de Educación al Crédito con Aval del Estado nos parece un despropósito de recursos", sostuvo ayer la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago.

En su intervención en el programa "Estado Nacional" (TVN), Matamala calificó los dineros del CAE como "fugas de plata hacia instituciones privadas que no rinden nada".

"Esos recursos podrían estarse ocupando en avanzar la gratuidad", añadió.

Sobre este beneficio, la dirigenta señaló que "entendemos que tiene que darse condiciones particulares para la gratuidad, pero que no nos vengan a decir que toda la plata está siendo bien ocupada".

Proyecto "clandestino"

Matamala remarcó su rechazo al proyecto de ley de Educación Superior, que la propia Confech tilda de "clandestino", ya que ha acusado en los últimos días, luego de reunirse con el Mineduc, que las autoridades solo han entregado indicios generales.

"Hay cosas que no están definidas, que están en el aire y que dan demasiada flexibilidad sobre si esta reforma es realmente estructural o un gran titular (de diario) sin una bajada concreta. Por ejemplo, el lucro no está del todo definido", criticó la vocera estudiantil.

Agregó que el rechazo se debe a que "en el detalle de lo que se conoce no hay acuerdo; por ejemplo, existe un olvido de la deuda educativa. Y otras que ya conocimos y que no nos gustaron, como esta especie de fortalecimiento de la educación pública que no queda del todo asegurado en torno a la apertura de la matrícula de las universidades estatales".

Sobre el detalle de la reunión del viernes con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, Matamala indicó que "nosotros le preguntamos a la ministra si esto es por la ampliación de las universidades estatales o por la absorción de las matrículas de los planteles que tendrán que cerrar. Y ella nos respondió 'hay que ver a caso a caso, no lo tenemos definido'".

"No es lo mismo que el sistema estatal crezca, porque quebraron universidades o porque el Estado pensó que hay que abrir la matrícula y hacerla competitiva respecto de la matrícula privada. A priori, eso no nos gustó. No obstante, hay que mirar el articulado", puntualizó la dirigenta.