Metro de Santiago anunció ayer que estudia presentar acciones legales en contra de Aguas Andinas luego que la Línea 1 debió suspender sus operaciones tras la rotura de una matriz de la empresa sanitaria. "Hemos sufrido evidentemente perjuicios, también nuestros pasajeros, por lo que estamos evaluando las acciones legales que sean pertinentes para este caso", señaló el gerente general de Metro, Rubén Alvarado.
Una marcha estudiantil realizada ayer en Santiago concluyó con un ataque por parte de un grupo de encapuchados a la Iglesia de la Gratitud Nacional, ubicada en el centro de la ciudad. Desde el recinto religioso sustrajeron la imagen de un Cristo, que luego sacaron a la calle y destruyeron.
Los incidentes opacaron la marcha organizada por la Confech y secundarios, que congregó a miles de manifestantes pese a la inundación que sufrieron las comunas de Providencia y Santiago a raíz de la rotura de una matriz de agua.
Con la protesta, los estudiantes pretendían ejercer presión para incidir en el proyecto de educación superior que el Gobierno enviará este mes al Congreso, y dar una señal previa a la reunión que tendrán hoy con la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
Los incidentes, que comenzaron apenas se inició la marcha y se prolongaron por cerca de tres horas, fueron incitados por decenas de encapuchados que sacaron las vallas papales instaladas y lanzaron piedra y botellas a personal de Carabineros. Estos respondieron utilizando bombas lacrimógenas y carros lanzaaguas y lanzagases.
El saldo de los incidentes fue infraestructura pública, como semáforos y paraderos, completamente destruida.
Si bien la manifestación estaba autorizada, la Intendencia Metropolitana había solicitado a los dirigentes reprogramarla debido a las inundaciones que afectaban a la ciudad. Pero los organizadores no aceptaron y solo accedieron a modificar el punto de inicio de la marcha.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación de oficio por el ataque a la Iglesia de la Gratitud Nacional. El objetivo es determinar responsabilidades penales en los daños ocasionados al edificio, que es Monumento Nacional, y los causados a los objetos de culto.
El Ministerio Público indaga dos delitos. El primero corresponde al artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales, que sanciona a quien "causare daño o afectare de cualquier modo" la integridad de un inmueble de este tipo. Esta conducta se sanciona con una pena que va desde los 541 días a los cinco años de presidio, además de una multa que fluctúa entre 50 y 200 UTM.
Asimismo, se indaga una posible infracción al artículo 139 del Código Penal, que castiga al que "con acciones, palabras o amenazas ultrajaren los objetos de un culto".
Poco después de conocidos los incidentes, el ministro del Interior, Mario Fernández, realizó una visita a la iglesia, donde además de condenar los hechos, anunció que la Intendencia presentó una querella contra los responsables.
"Quiero expresar la condena por parte del Gobierno de este tipo de actos. Independiente que se trate de una sede de un culto religioso, lo que se ha visto en las imágenes es un síntoma muy preocupante de lo que algunos jóvenes están llegando a realizar en el país", dijo el nuevo jefe de gabinete.
"Debemos impedir que en nuestra juventud se extiendan este tipo de conductas", agregó.
Luego de los incidentes de ayer, los diputados Claudia Nogueira (UDI), Daniel Farcas (PPD), Gonzalo Fuenzalida (RN) y Gabriel Silber (DC) emplazaron al Ejecutivo a poner urgencia al proyecto de ley "anti encapuchados", que fue presentado por ellos la semana pasada en la Cámara. En opinión de los parlamentarios, los hechos resultan insostenibles, pues "los encapuchados se están tomando este país en cada manifestación que estudiantes u otros gremios realizan pacíficamente en busca de sus demandas".
Varias calles del centro de Santiago resultaron inundadas ayer producto de una rotura de matriz de Aguas Andinas en la comuna de Providencia.
La filtración, que se originó cerca de las 4.00 horas y se estimó en más de dos millones de litros, causó estragos en el transporte público, especialmente el Metro, que en plena hora punta debió cerrar varias de sus estaciones de la Línea 1 debido a que resultaron anegadas. El servicio tampoco funcionó en la hora "peak" de la tarde.
La emergencia además provocó desvíos en el tránsito, un socavón en la Avenida Providencia -principal arteria de la capital-, la inundación del Museo de Tajamares y la suspensión de clases en las comunas afectadas. Esta medida afectó a unos 300 mil estudiantes de Santiago Centro y Providencia.
Aguas Andinas comunicó que se hará cargo de los daños que se produzcan en las viviendas de la zona inundada. "La gente que está afectada con agua que ingresó, la compañía los va a catastrar y una vez se tenga claro, la compañía responderá lo que haya sido afectado", dijo el gerente de Comunicaciones de la compañía, Cristián Esquivel.
La alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, aseguró que el 8 de mayo pasado, el municipio alertó a la empresa sanitaria de una posible rotura de matriz luego de las investigaciones que realizaron tras la emergencia del 17 de abril, cuando por trabajos en la autopista Costanera Norte, el río Mapocho inundó gran parte de la ciudad.
Al respecto, el intendente (S) metropolitano, David Morales, señaló que "consideramos de la más absoluta gravedad lo que la alcaldesa nos está señalando". "Nosotros hemos condenado desde un primer momento a responsabilidad o la irresponsabilidad de Aguas Andinas, porque ellos tienen una obligación de entregar el suministro de agua potable a sus clientes y además tienen la obligación de mantención y reparación de las redes y eso es lo que aparentemente no está ocurriendo", insistió Morales.
Tras la realización de un Comité de Emergencia, la autoridad regional informó que la calzada norte de la Avenida Providencia estará inhabilitada durante unos días, ya que se está realizando un seguimiento técnico del asfalto tras el socavón y desnivel provocado por el agua.