Un 58% de la población que se autoidentifica como mapuche opina que "no se justifica" el uso de la fuerza para reclamar tierras, según reveló la encuesta "Los mapuches rurales y urbanos hoy" del Centro de Estudios Públicos (CEP), publicada ayer.

La cifra es 21 puntos porcentuales más alta que la registrada en 2006, cuando esa opinión pertenecía al 37% de los consultados.

Asimismo, un 33% de las personas encuestadas contestó que el uso de la fuerza por esa causa "se justifica en algunas circunstancias", perspectiva que en el sondeo de 2006 representaba el 40%.

Ante la pregunta: ¿cómo cree usted que el Estado debería reparar o compensar al pueblo mapuche? un 49% de los mapuche contestó que "restituyéndoles las tierras", opinión que comparten un 45% de los "no mapuche" encuestados.

El 16% de los mapuche, en tanto, contestó que "reconociendo constitucionalmente al pueblo mapuche", mientras que el 11% "mejorando su acceso a educación de calidad".

Respecto a la situación específica que se vive en la Región de La Araucanía, el 66% de los mapuche consultados dijo que esta es "mala o muy mala", posición que el 68% de los "no mapuche" comparte.

Ricardo González, coordinador del programa de Opinión Pública del CEP, explicó que aunque existe un rechazo al uso de la violencia, la restitución de tierras es un tema importante.

Asimismo destacó que existe una actitud crítica hacia el manejo institucional de las demandas del pueblo mapuche.

La encuesta fue aplicada a 1.493 personas que se declaran mapuche, mayores de 18 años de las regiones del Biobío, La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos y Metropolitana, donde según el Censo 2002, se concentra el 90% de la población mapuche. Asimismo, se entrevistó como grupo de control a 1.606 personas que no se autodefinen de esa etnia y que viven en los mismos lugares.

Carolina Collins

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, anunció ayer que formalizará a Jorge Pizarro Cristi, hijo del senador Jorge Pizarro (DC) y al subsecretario general de Gobierno, el periodista Rodolfo Baier, en el marco del caso SQM.

El persecutor detalló que solicitarán nuevas audiencias de formalización de las personas que ya han sido citadas a entregar su declaración "próximamente".

Los otros dos hijos de Pizarro, Sebastián y Benjamín, que también están siendo indagados, aún no prestan testimonio ante el Ministerio Público.

"La Fiscalía va a continuar la línea de investigación que ha llevado hasta el momento. Estamos en condiciones de pedir nuevas audiencias de formalización, lo vamos a hacer próximamente respecto de personas que ya han sido citadas a declarar y eso va a ser parte de la comunicación que haremos en su momento", dijo el fiscal Gómez.

Gómez detalló que Pizarro Cristi ya fue interrogado por la emisión de 11 facturas maliciosamente falsas a la minera no metálica por un total de $45 millones, entre los años 2011 y 2012 a través de su empresa Ventus Consulting.

"Los hijos del senador Pizarro, uno de ellos ya ha prestado declaración, y estaríamos en condiciones de comunicar cargos en forma próxima, lo mismo que respecto al señor Rodolfo Baier", confirmó el fiscal.

En cuanto al ex subsecretario Baier, la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) lo acusa de haber emitido una boleta a SQM en 2013 por un monto de $ 6 millones, por servicios que, presuntamente, no fueron prestados a la firma.

Gómez se refirió a la arista que vincula al PPD, que habría recibido pagos de SQM a través de la corporación Chile Ambiente cuando la alcaldesa de Santiago Carolina Tohá lo presidía.

"Hemos tomado declaraciones a algunas personas dentro de la estrategia que nos propusimos iniciar en esa línea", dijo. El fiscal precisó que se ha interrogado "a personas que creemos que nos van a dar mayores herramientas para tomar una declaración futura a la alcaldesa (Tohá)".

Gómez se refirió al caso tras una nueva audiencia, en la que reformalizó al ex gerente de la minera, Patricio Contesse; a Giorgio Martelli y al ex diputado radical Alejandro Sule.

En esa audiencia, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la salida alternativa a cinco personas formalizadas por delitos tributarios por emitir boletas a SQM por servicios no prestados, cuyo dinero habría sido usado para financiar campañas. Patricio Purcell, Andrés Campos, Carlos Tudela, el periodista Ignacio Rojas y Carlo Descalzi Contreras, aceptaron la suspensión condicional del procedimiento a cambio de la firma mensual por el plazo de un año y el pago de una multa.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, como una "chambonada", un "despropósito" y una "aberración" la demanda de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por las aguas del río Silala.

"La demanda que ha anunciado que va a interponer el Gobierno de Chile contra Bolivia jurídicamente es una chambonada, diplomáticamente un despropósito y geográficamente, una aberración", dijo Linera en conferencia de prensa.

El vicepresidente boliviano dijo que con la demanda, la diplomacia chilena contradice la gestión que hizo en su momento al presentar la objeción preliminar ante la CIJ, por la causa ingresada en 2013 por su país exigiendo una salida al mar.

"Esto habla de una desprolijidad y de un mundo de contradicciones de la diplomacia chilena. Desconocen a la Corte, buscan salirse del Pacto de Bogotá y con esta demanda, apresurada a todas luces (...) lo que hacen es reafirmar la competencia de la Corte", sostuvo.

García Linera también criticó al agente chileno ante la CIJ por la demanda marítima y exsecretario general OEA, José Miguel Insulza, a quien acusó de insultar al Presidente de Bolivia Evo Morales, de una manera "grosera".

"(Insulza) ha dicho que Chile estaría cansado de los ataques del presidente Evo. Decirle al señor Insulza que los bolivianos estamos cansados de las invasiones, de las usurpaciones, robos, de los saqueos de nuestros recursos naturales", afirmó la autoridad paceña.

El presidente del Senado de Bolivia, José Alberto Gonzáles afirmó en entrevista con Cooperativa "el canciller Muñoz está arrastrando a la señora Bachelet a un desastre".

Por su parte, Morales, se limitó a enviar un mensaje a "algunos políticos chilenos" a través de su cuenta de Twitter, donde publicó: "no estamos en tiempos de invadir y saquear. Son tiempos de integración y liberación de nuestros pueblos.

El Ministerio Público solicitará medidas cautelares de baja magnitud para el ex senador y ministro Pablo Longueira, en la audiencia en que se le imputará el delito de cohecho el próximo 22 de junio.

Así lo confirmó ayer el fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez, quien dijo a Emol que "la prisión preventiva no tiene ningún sentido", en el caso del ex parlamentario, quien será formalizado por cohecho, por haber recibido presuntamente beneficios de SQM durante la tramitación de la ley del royalty minero.

"Ese delito, en nuestra legislación, tiene penas muy bajas y, evidentemente, la necesidad de cautela en este caso es bastante menor", explicó el persecutor que lidera la investigación.

"Podemos tener una opinión respecto a cómo se sanciona en Chile ese delito, pero nos tenemos que ajustar a la ley", agregó Gómez, que detalló que entre las medidas cautelares que corresponden en este caso, están el arraigo nacional y la firma periódica.

Respecto a delitos tributarios que se le atribuyen, el fiscal explicó que cuentan con la denuncia del SII contra su jefa de gabinete lo que les "permite investigar -evidentemente- y podríamos imputar con tranquilidad, una infracción tributaria al señor Longueira".