Mabel González

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó "categóricamente" la querella por injurias y calumnias que interpuso la Presidenta Michelle Bachelet contra la revista Qué Pasa en reacción a un artículo publicado por ese semanario donde se transcribieron unas conversaciones telefónicas que la vinculaban con el caso Caval.

"Esta asociación gremial reconoce el derecho de todas las personas a recurrir ante los Tribunales de Justicia en caso de que se crean afectados por la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución y las leyes, sin embargo, la actual querella criminal (...) tiene un grave efecto inhibitorio para el resto de los medios de comunicación social respecto a una autoridad cuyas acciones deben ser fiscalizadas por la ciudadanía para un correcto funcionamiento de la democracia", manifestó el gremio en una declaración pública.

A juicio de la ANP, "la presión por parte del poder político sobre los medios de comunicación social a fin de evitar la publicación de determinadas informaciones altera gravemente el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y afecta el libre e indiscriminado acceso a las diversas fuentes noticiosas de interés público".

"Cualquier intento de acallar a un medio constituye un acto de censura", añadió.

La entidad dijo lamentar "que la Presidenta de la República intente aplicar (...) penas privativas de libertad al Director, al Editor y a dos periodistas de la revista 'Qué Pasa' por el solo hecho de reproducir los dichos de una persona imputada por el caso Caval". Por ello solicitaron a la Mandataria "que se desista de su querella", que ayer fue declarada "interpuesta" por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

Horas antes, Bachelet justificó el libelo afirmando que con él "estoy ejerciendo el derecho que tengo a defenderme de mentiras e injurias que afectan lo más preciado que tiene una persona: mi honra".

"Yo he sido una mujer que he luchado toda mi vida por la democracia, he puesto a mi patria por delante de mis seguridades, de mis intereses personales, incluso sufrí persecución por mis convicciones", expresó desde París.

Mientras, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, desmarcó al Ejecutivo de la acción judicial después de las críticas que surgieron por haber sido La Moneda quien informó sobre la querella, pese a tratarse de un libelo interpuesto por la Mandataria como persona natural.

"El curso de la acción judicial está en manos del abogado de la Presidenta, Juan Pablo Hermosilla (…) el detalle de la acción misma no es una competencia del Gobierno", sostuvo.

Los diputados de RN Marcela Sabat, Diego Paulsen, José Manuel Edwards y Gonzalo Fuenzalida enviarán un oficio a la Presidenta Michelle Bachelet en el que critican la querella presentada por la Mandataria en contra de la revista Qué Pasa, que difundió escuchas telefónicas que la vinculaban con el caso Caval.

Además, en el documento los parlamentarios le solicitan a la Jefa de Estado pronunciarse sobre esta materia.

"Este hecho nos merece especial preocupación, por las señales que la máxima autoridad del país entrega en un tema tan delicado en las sociedades democráticas, cual es la libertad de expresión y de informar. En efecto, es indudable que la calidad de Presidenta de la República no importa en la inhabilidad de ejercer acciones legales como cualquier otra persona, particularmente en temas como la protección de la honra", señala el texto, citado por Emol.

"Sin embargo -sostienen los legisladores-, es evidente la importancia que tiene la libertad de expresión y de información desde la perspectiva de la protección de valores democráticos, y por ello preocupa que la máxima autoridad del país, llamada a moderar el diálogo democrático y pluralista en la nación, deduzca acciones legales que persigan una condena a medios de prensa".

Asimismo, los diputados opositores le pedirán a la Presidenta indicar si habrá o no un uso de recursos públicos en su defensa judicial, luego que el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, fuera el encargado de anunciar que se había interpuesto el recurso en contra del medio de comunicación escrito.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) no se querellará, por ahora, contra el ex senador de la UDI Pablo Longueira por delitos tributarios. El ex parlamentario será formalizado el próximo 22 de junio a raíz del caso SQM por presuntos delitos de cohecho supuestamente cometidos durante la tramitación del proyecto de ley de royalty minero.

El director del organismo fiscalizador, Fernando Barraza, indicó que aún no existe evidencia que pueda ser considerada para una acción penal contra el ex ministro de Economía.

Según la investigación, fueron 32 las personas vinculadas a Longueira que habrían emitido boletas ideológicamente falsas a la empresa minera por servicios que no fueron prestados, las que habrían sido gestionadas por la entonces jefa de gabinete del ex parlamentario, Carmen Luz Valdivieso.

"Estos facilitadores que aparecen en la información que se ha hecho pública son personas que usaron sus boletas o las emitieron a solicitud de una persona en particular que, hasta ahora, no ha involucrado al señor Longueira", dijo Barraza, aludiendo a la ex asesora del ex secretario de Estado.

El titular del SII reiteró que "no necesariamente existe evidencia de una relación que nosotros podamos considerar para una acción penal".

El directivo explicó que la situación del organismo que encabeza no es la misma que la del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que la semana pasada se querelló contra el ex timonel de la UDI.

En ese sentido, indicó que dicha acción penal persigue al ex legislador por presuntos actos de cohecho, "algo que no está dentro de nuestras facultades, nosotros solo podríamos hacerlo por delitos tributarios".

Longueira debía ser formalizado ayer junto al ex gerente de SQM, Patricio Contesse. Sin embargo, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago reprogramó la audiencia de comunicación de cargos para el 22 de junio . La decisión se debió a que la defensa de Contesse -a quien se le imputarán nuevos cargos- pidió que se anulara la solicitud de ampliación de la formalización contra su representado por considerar que los nuevos hechos ya fueron imputados.