Luego de que surgieran críticas opositoras que acusaron que la cuenta pública careció de anuncios para reactivar la economía, el ministro de Energía Máximo Pacheco defendió el que fue el penúltimo discurso del 21 de mayo de la Presidenta Michelle Bachelet.

"Yo creo que la discusión de cómo se utilizan los recursos públicos es una discusión que se hace institucionalmente cuando discutimos la Ley de Presupuesto. Todos los anuncios económicos cuestan dinero y esa discusión se hace alrededor de la Ley de Presupuesto, no alrededor de una lista de anuncios que se dan para la galería", dijo a Emol el secretario de Estado.

El titular de Energía destacó que el 21 de mayo es por tradición un momento en el que la Presidenta de la República da cuenta al país del estado de la nación. "Y lo primero que se le puede exigir a esa discurso es un buen diagnóstico de dónde estamos y que la Presidenta comparta con el país la visión que ella tiene del momento que vivimos. Ése es el carácter, esa es la historia, esa es la tradición", dijo.

Pacheco destacó el del sábado como un discurso "amigable" y "muy ciudadano", en el que la Presidenta abordó temas como la tolerancia y la necesidad de la recuperación de la confianza en el país.

Uno de los puntos que fueron destacados por la Mandataria en su cuenta pública dice relación con la inversión histórica que ha hecho el Gobierno en materia de Energía, con la construcción de 4.100 megaWatts en centrales de generación y más de 2.700 kilómetros en líneas de transmisión.

"Nunca antes en la historia de Chile habíamos tenido un nivel tan alto de inversión en energía. Son inversiones que son extraordinarias", comentó al respecto el ministro al medio citado.

"Nosotros tuvimos un frenazo en las inversiones en energía que le hizo mucho daño a Chile, porque transformó las cuentas de la luz en las más caras de América Latina", dijo Pacheco apuntando a la administración anterior.

"Esa es una demostración definitiva de la confianza que existe en el mundo privado nacional e internacional para invertir en Chile. El país se está posicionando como un líder mundial en energía no renovable no convencional", agregó.

La tercera cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet se vio empañada por los violentos incidentes que se registraron en Valparaíso el 21 de mayo, que terminaron con la muerte del guardia de seguridad municipal, Eduardo Lara Tapia (71), producto de un ataque incendiario al edificio donde trabajaba.

El Gobierno presentó 21 querellas por los incidentes. Según explicó el intendente regional, Gabriel Aldoney, 19 de las acciones son contra personas acusadas de alterar el orden, una por la manipulación de una bomba molotov, y otra por robo en un lugar habitado.

"Mañana (hoy) se presentará un requerimiento para que se aplique la Ley de Seguridad del Estado dada no solamente la conmoción que este hecho ha generado, sino también las circunstancias en el que este hecho fue ejecutado. Nosotros tenemos antecedentes suficientes para señalar que aquí hay un hecho premeditado", dijo a CNN Chile.

Aldoney explicó que ninguna de estas querellas tiene relación con los dos incendios que se registraron en Valparaíso, de los que uno terminó con la muerte del trabajador, a la vez que hizo un llamado a quienes tengan información a que la entreguen.

"En este minuto Carabineros está realizando los análisis periciales del caso, este es un tema que requiere de tiempo y también de algo que me parece esencial, que es la colaboración de la ciudadanía. Hay personas que han entregado antecedentes, y yo le pediría a quienes tengan información que los entregue porque es una tarea que necesitamos mancomunadamente buscar a los autores de los hechos", dijo.

El intendente añadió que hasta ahora se sabe que el incendio fue producido por personas que utilizaron una bomba molotov, elementos aceleradores y herramientas.

La autoridad regional se reunirá hoy con el ministro del Interior Jorge Burgos.

De las 37 personas que fueron detenidas durante las manifestaciones, 24 fueron formalizadas ayer, quedando la mayoría en libertad.

Según indicó la Fiscalía de Valparaíso, la mayor parte de los detenidos tienen residencia en otras ciudades por lo que quedaron con prohibición de acercarse al puerto por un año.

Uno de los formalizados quedó con prisión preventiva porque fue capturado con una bomba molotov. Hasta ahora no se ha encontrado una relación entre los formalizados y el incendio fatal, aunque según consignó ayer La Tercera la Fiscalía investiga a dos sospechosos.

Cámara desconectada

La jefa del Departamento Legal de la Municipalidad de Valparaíso, Jeanette Bruna, informó que la cámara de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) que está cerca del edificio donde murió Lara, fue desconectada minutos antes del incendio.

"Las grabaciones de nuestra cámara llegan hasta las 10:32. Se estima que de alguna forma se produjo la desconexión de la Cámara justo antes de que comenzara el incendio propiamente tal", explicó en declaraciones citadas por Cooperativa.

"Se alcanzó a ver que tomaron unos muñecos que ya se estaban incendiando y toman dirección a la farmacia y de ahí ya no tenemos más registro de nuestra central cámara", agregó.

Rechazo transversal

Todos los sectores políticos repudiaron la muerte de un trabajador como consecuencia de las manifestaciones.

Las diputadas Paulina Núñez (RN) y Claudia Nogueira (UDI) exigieron que se manifieste el ministro Burgos, porque las protestas fueron autorizadas por la intendencia. "Lo que no puede ocurrir acá es que esta situación quede impune y que el Gobierno haga vista gorda de los responsables de la muerte de este trabajador. Queremos emplazar directamente al ministro del Interior", dijo Núñez.

El presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, señaló que este hecho "nos desnaturaliza como sociedad, y lo de ayer, que una persona de 71 años pierda la vida, es deleznable, condenable. Lo digo con toda la fuerza, espero que no hayan matices".