La Fiscalía de Brasil solicitó investigar a la Presidenta Dilma Rousseff y a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, por supuestamente obstaculizar las investigaciones del caso Petrobras, según informó el diario Folha de Sao Paulo.

Si bien los persecutores no han revelado oficialmente las acusaciones exactas contra ambos mandatarios, el diario O'Globo aseguró que la investigación pretende determinar si el nombramiento de Lula como ministro, que se encuentra paralizado por la justicia, fue legal.

De acuerdo con lo recogido por el diario El País de España, el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, también pidió al Supremo Tribunal Federal que abra una investigación contra el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, y un integrante del Supremo Tribunal de Justicia, Marcelo Navarro.

Las solicitudes del fiscal Janot llegan después de que el senador Delcídio do Amaral, ex militante del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), revelara informaciones sobre el caso de corrupción en la petrolera estatal a cambio de beneficios judiciales. Sus confesiones han salpicado a los principales partidos de Brasil.

El lunes, la Fiscalía pidió investigar al principal líder de la oposición, el senador y ex candidato presidencial Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero. El persecutor también se basó en las declaraciones de Do Amaral para hacer esta petición.

El caso Petrobras transcurre en paralelo a un debate en el Senado sobre un eventual juicio político con miras a la destitución de Rousseff debido al presunto "maquillaje" de cuentas fiscales.

La crisis política y la posibilidad de que la Mandataria sea apartada de su cargo ha amenazado la normal celebración de los Juegos Olímpicos, de los que el país sudamericano será sede en agosto. Pese a la incertidumbre, Rousseff aseguró ayer, al recibir la antorcha olímpica en Brasilia, que Brasil está listo para realizar los JJ.OO. "más exitosos" de la historia.

Mabel González / Agencias

La justicia argentina puso la mira sobre otra compañía de la ex Presidenta Cristina Fernández dedicada a los negocios inmobiliarios por sus conexiones con dos importantes empresarios involucrados en causas de lavado de dinero y evasión impositiva.

El fiscal federal Carlos Rívolo imputó el lunes a la ex Mandataria y a su hijo Máximo Kirchner, ambos titulares de la empresa Los Sauces S.A., por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

La causa es investigada por el juez federal Claudio Bonadío, el mismo ante el cual compareció Fernández hace dos semanas por supuesta defraudación al Estado en la compra de dólar futuro dispuesta por el Banco Central durante su gestión.

Los Sauces S.A. es una firma constituida en 2006 por el entonces Presidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010, en sociedad con Fernández y el hijo mayor de ambos para administrar propiedades de la familia.

Según la denuncia de una diputada opositora que detonó la investigación, esta compañía habría arrendado inmuebles a dos empresarios muy cercanos a la familia y que actualmente son investigados por el exponencial crecimiento de sus negocios durante los 12 años de mandato de los Kirchner a partir de 2003.

Uno de ellos es el empresario de la construcción Lázaro Báez, quien amasó una fortuna gracias a la obra pública y está detenido desde principios de abril bajo el cargo de lavado de dinero por US$ 5,1 millones.

El otro cliente de los Kirchner en Los Sauces S.A. es el empresario Cristóbal López, quien a partir de millonarias ganancias obtenidas en casinos se expandió a otros negocios como petróleo y medios de comunicación. López es indagado por supuesta evasión de US$ 550 millones al Fisco.

Para la diputada nacional Margarita Stolbizer del Partido GEN, quien presentó la denuncia a principios de abril, estos arriendos en realidad encubrían el pago de comisiones a los Kirchner por favorecerlos con obra pública y otros negocios.

Fernández, Presidenta entre 2007 y 2015, y su hijo son investigados también por los negocios inmobiliarios de otra empresa, Hotesur S.A, a partir de irregularidades detectadas en sus registros contables. En esta firma también se comprobó una relación comercial con Báez.

Donald Trump tiene el 56% de apoyo entre los votantes republicanos de EE.UU., pero pierde ante la demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de noviembre, según un encuesta divulgada ayer por la cadena NBC News.

Según el sondeo, elaborado del 25 de abril al 1 de mayo, Trump consigue un respaldo entre los electores republicanos muy superior al de su gran rival en la carrera por la candidatura a la Casa Blanca, el senador por Texas Ted Cruz, quien logra un 22%.

En comparación con un estudio similar hecho entre el 18 y el 24 de abril, el magnate inmobiliario avanza seis puntos, mientras que Cruz, de origen cubano, retrocede cuatro.

El tercer competidor en liza, el gobernador de Ohio, John Kasich, obtiene una aprobación del 14%, de acuerdo con la encuesta.

Pese a su hegemonía en la campaña republicana, Trump saldría derrotado en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre frente a Clinton, gran favorita para adjudicarse la nominación demócrata. Un 43% de los entrevistados asegura que votaría por la ex secretaria de Estado y un 37% se inclina por el multimillonario.

Tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata celebraban ayer primarias en el estado de Indiana, donde Trump y Clinton aspiraban a consolidar sus aspiraciones.