La Presidenta Michelle Bachelet dijo ayer que confía en que la agenda de probidad y transparencia de su Gobierno terminará restituyendo la confianza de la ciudadanía en la política y las empresas, y explicó que su administración debe hacer un arduo trabajo para dar a conocer los beneficios de esos cambios. Al intervenir ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, la Mandataria repasó las principales reformas de su segundo periodo en La Moneda. Consultada por el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, Bachelet comentó que tanto en Chile como en Latinoamérica "ha pasado que la gente al tener desconfianza tenemos el riesgo de que se empieza a cuestionar los sistemas de representatividad tradicionales (...) esto es un desafío político y social urgente y lo estamos enfrentando con una agenda muy dura". "Noto que hay una esperanza de que todo esto cambie las cosas para todos", añadió.

Parlamentarios de oposición iniciaron una ofensiva para que la Fiscalía solicite a Brasil antecedentes de eventuales irregularidades en campañas políticas chilenas, luego de que el diputado brasileño Efraim Filho, que preside una comisión investigadora de casos de corrupción en ese país, afirmara a El Mercurio que "el modus operandi que ocurrió en Brasil puede haber ocurrido igualmente en Chile". "Es muy importante que se abra una investigación en Chile, para que podamos, de oficio, pedirle a la Fiscalía brasileña que nos remita los antecedentes de potenciales financiamientos de campañas, sea de Marco Enríquez-Ominami o de cualquier otra campaña que pueda estar relacionada con financiamiento de la empresa OAS", dijo el diputado José Manuel Edwards (RN). La diputada Paulina Núñez (RN) dijo que espera que se inicie una investigación por el eventual financiamiento a candidatos presidenciales desde Brasil".

El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, dijo ayer que "los organismos internacionales, cuando una demanda es artificial, no la aceptan", respondiendo así a la Presidenta Michelle Bachelet, quien advirtió ante la American Society of International Law en Washington de un "abuso de tribunales internacionales a través de demandas artificiales". En entrevista con CNN Internacional, el ministro agregó que su país "respeta a los organismos internacionales" y que si se llega a esas instancias debido a los conflictos por los ríos Lauca y Silala será "cumpliendo los procedimientos establecidos".

Mauricio Mondaca

El ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, dijo ayer que las reformas del Gobierno no son las causantes del escenario económico, coyuntura que atribuyó a la crisis política.

El titular de la Segpres participó en el foro "¿Cómo viene el 2016" de Icare, donde aparte de defender los proyectos que ha llevado adelante el Ejecutivo, insistió en que ahora "necesitamos que las reformas maduren y revelen su impacto, antes de pensar en nuevos cambios".

Las reformas

Eyzaguirre comentó que, según él, el problema no son las reformas, sino que "lo que sucede es que este proceso de transformación ha coincidido con una crisis del sistema político, con una crisis de confianza de las elites, en las instituciones que repercuten en una baja aprobación de las reformas y el Gobierno".

Por lo anterior, agregó, "no creemos que las reformas y su potencial incertidumbre sean las causantes de la desaceleración económica, sino la crisis política".

A juicio de Eyzaguirre, "podremos discrepar sobre la necesidad, la oportunidad y los efectos de las reformas. Pero mirando hacia adelante, podemos coincidir en la necesidad de retomar el crecimiento en un ambiente de estabilidad y diálogo".

El titular de la Segpres consideró que es necesario "generar un ambiente de confianza para que esta reasignación de la economía hacia sus nuevos sectores rentables se produzca de manera fluida y productiva".

Proceso constituyente

En su intervención, el secretario de Estado se refirió al proceso constituyente que desarrolla La Moneda, el que según él "no es un ejercicio donde busquemos recabar una lista de lavandería de reivindicaciones o donde se vayan a discutir políticas públicas específicas. Hablaremos de derechos y deberes, de las instituciones y relaciones entre ellas que son necesarias para un correcto funcionamiento de la democracia". "Creemos que el proceso constituyente no debe ser visto como una fuente de amenaza, sino como una oportunidad", subrayó.

En respuesta a las críticas del ex Presidente Piñera, quien calificó las reformas como "un tremendo error" y las atribuyó a "una ideología socialista", Eyzaguirre manifestó que "la convicción, y no la pura ideología socialista, es la que ha impulsado los cambios profundos que hemos empujado".

"Creemos que el proceso constituyente no debe ser visto como una fuente de amenaza, sino como una oportunidad".

Nicolás Eyzaguirre, Ministro Segpres

Luego de una reunión entre el consejo general de fiscales regionales y el fiscal nacional, Jorge Abott, el Ministerio Público planteó "su categórico rechazo a cualquier límite al derecho de informar", a propósito de la norma que fija sanciones contra los persecutores y cualquiera que sea responsable de eventuales filtraciones de los casos que investigan.

El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, leyó un comunicado de tres puntos en el que manifestaron que "el Ministerio Público y los integrantes de este consejo general manifiestan su categórico rechazo a cualquier límite al derecho de informar o ser informado, como asimismo aquellas aseveraciones que se alejan de los intereses propios y técnicos que persigue una investigación penal, cuyo propósito es dar una respuesta oportuna, trasparente e igualitaria a todos los ciudadanos del país".

El documento destacó el respeto de los fiscales a la labor de periodistas y medios de comunicación, que según dijeron hacen diariamente un "importante aporte entregando información, interpretación y opinión que fortalece el estado democrático de Derecho, cuyos valores se encuentran en la Ley de Prensa".

Los magistrados dijeron estar abiertos a que la redacción de la propuesta "pueda ser perfeccionada" y agregaron que están "disponibles para cualquier cambio que signifique mejorar y resguardar las investigaciones, con el fin de evitar las filtraciones que pudieren anticipar diligencias o fomentar maniobras distractivas de parte de quienes son investigados".

La indicación aprobada en forma unánime por la Comisión de Constitución y ratificada posteriormente por la Sala del Senado, establece sanciones de hasta 541 días a quienes filtren investigaciones del Ministerio Público.

La medida generó preocupación en la Asociación de Fiscales, que acusó que se buscaba proteger a los "poderosos", mientras que la Asociación Nacional de Prensa (ANP) advirtió sobre los efectos que podría tener en la labor periodística.

La Fiscalía tuvo un rol clave en la redacción de la norma. Según T13, el entonces fiscal nacional subrogante, Andrés Montes, propuso el aumento de las sanciones a las filtraciones.