El principal sospechoso de los atentados del 13N en París y el terrorista más buscado de Europa, Salah Abdeslam, fue detenido ayer por las fuerzas especiales de Bélgica en el distrito Molenbeek de Bruselas.

Abdeslam resultó herido en la pierna tras ignorar las órdenes dadas por la policía, por lo que fue trasladado a un hospital de la capital belga, según informó el canal público RTBF.

Durante la operación policial, que comenzó sobre las 14.00 hora local (10.00 hora chilena), se produjeron disparos y se lanzaron granadas.

"Lo tenemos", escribió el secretario de Estado belga de Asilo e Inmigración, Theo Francken, en Twitter.

Otra persona habría sido detenida durante la misma operación y trasladada a una comisaría para ser interrogada, según el mismo medio. Abdeslam será interrogado cuando su estado de salud lo permita.

La prensa local indicó que podría haber un tercer sospechoso implicado en los hechos todavía escondido en la vivienda donde tuvo lugar el tiroteo.

El primer ministro belga, Charles Michel, abandonó rápidamente la cumbre europea sobre refugiados para trasladarse a la sede del Gobierno, a donde también llegó el Presidente francés, François Hollande.

La operación tuvo lugar después de que la policía científica belga encontrara las huellas dactilares de Abdeslam en una vivienda registrada el martes en el distrito bruselense de Forest.

El terrorista, de 26 años, permanecía prófugo desde hacía cuatro meses, cuando se cree participó en los ataques a la capital francesa, donde murieron 130 personas.

Mabel González / Agencias

Mientras en Sao Paulo miles de personas se manifestaban para exigir la renuncia de la Presidenta Dilma Rousseff y la policía militarizada salía a la calle para dispersar las protestas, la Cámara de Diputados de Brasil celebraba ayer una sesión extraordinaria para acelerar el trámite para un juicio político contra la Mandataria.

El presidente de los diputados, Eduardo Cunha, anunció que el organismo legislativo celebrará sesiones de lunes a viernes, dos días más de lo habitual, con el fin de acortar los plazos del posible "impeachment" que puede llevar a la destitución de Rousseff. Con esto, el plazo de 10 sesiones legislativas para que la Jefa de Estado presente su defensa ante una comisión comenzó a correr.

Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances. Sin embargo, el trámite será netamente político, según EFE.

La crisis política y social en el país sudamericano, agravada por las imputaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se trasladó ayer a las calles, especialmente a las de Sao Paulo, donde miles de personas volvieron a manifestarse en la principal avenida de la ciudad para exigir la renuncia de Rousseff y rechazar el nombramiento del ex Jefe de Estado como ministro de la Presidencia.

La policía militarizada dispersó las protestas lanzando chorros de agua y bombas de gas lacrimógeno. El episodio reflejó el aumento de la tensión en un ya convulsionado Brasil.

Más tarde fue el turno de movimientos sociales de izquierda, sindicatos, y militantes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que se manifestaron en 20 estados del país en defensa del Gobierno de Rousseff.

Recursos contra lula

Si bien un tribunal de Río de Janeiro había anulado ayer la segunda de las dos cautelares presentadas contra el nombramiento de Lula como jefe de gabinete del Ejecutivo, una nueva decisión judicial volvió a frenar la asunción del padrino político de Rousseff.

La determinación la tomó el juez federal de Sao Paulo Luciano Tertuliano da Silva, quien anuló de manera cautelar la designación con el argumento de que Lula y Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Lula fue nombrado ministro de la Presidencia el miércoles pasado, al día siguiente fue investido, pero 40 minutos después dos jueces ordenaron suspender los efectos de su posesión, atendiendo a sendas demandas presentadas por partidos y grupos opositores.

La primera cautelar, tomada en un tribunal de Brasilia, fue anulada el jueves, y la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia.

Los opositores creen que la designación es ilegal porque se trata de una supuesta maniobra para que Lula evite ser juzgado por corrupción en los tribunales comunes.

Además, la oposición sostiene que Lula no puede ser ministro al estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.