Pamela De Vicenzi

La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) y la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) informaron que se adherirán al paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para el martes 22 de marzo.

El objetivo de la movilización, cuya fecha se dio a conocer a mediados de enero, es ejercer presión para mantener los ejes fundamentales de la reforma laboral y enfrentar las divisiones que se han generado en el Congreso y en el mundo empresarial respecto de puntos como el avance de los derechos sindicales y el reemplazo en huelga.

En esa línea y con una postura crítica ante los acuerdos entre el Gobierno y los parlamentarios, la Confusam señaló en una declaración pública que dichas tratativas "no reflejan los compromisos de las autoridades y que más bien apuntan a calmar al gran empresariado y sus leales en el oficialismo y en la oposición".

La entidad exigió "resolver el drama de las AFP, tema de suyo urgente en el marco de las cuantiosas pérdidas sufridas por los fondos previsionales a raíz de la crisis económica actual".

Finalmente, la Confusam acordó un plazo de un mes "para lograr mejorías sustantivas que, de no producirse, determinaría el inicio de movilizaciones". La entidad gremial visará los resultados en su próxima asamblea de abril.

Críticas a figueroa

El presidente de la Confusam, Esteban Maturana, planteó sus dudas frente a la cercanía que Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, tiene con el Ejecutivo.

"Uno tiene la certeza de que el Gobierno está más cerca de los empresarios que de los trabajadores. Lo que está en estos momentos originándose no nos gusta y debiera revisarse en orden de que se garantice los pilares básicos con que comprometió el Gobierno o las candidatas y candidatos con la CUT antes de las elecciones", sostuvo el dirigente, citado por Cooperativa.

Agregó que "si esto no se logra este proyecto no va a funcionar" y que "es importante que no toquen el tema de los trabajadores de los servicios públicos".

El presidente de la Confusam remarcó que no habrá disponibilidad "a que se legisle sobre esta materia con las actuales autoridades de Gobierno, ni con la oposición, ni con el oficialismo. No queremos absolutamente nada en materia de derecho a negociación colectiva y a huelga en el sector público.

En tanto, el dirigente de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), Óscar Olivos, aseguró que están dispuestos a "a conversar con compañeros de la CUT", pero "con una visión de autonomía de los partidos políticos, porque lamentablemente los compañeros de la CUT siguen amarrados a la Nueva Mayoría y obviamente tenemos que estar en función de lo que nos digan".

El Gobierno encabezó ayer una actividad en la que se entregó la Guía Ilustrada para una Comunicación sin Estereotipos de Género, con el fin de aplicar medidas en este ámbito en la administración pública.

En la ceremonia estuvieron presentes el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, y su par del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Claudia Pascual. Ambos reiteraron el llamado a apoyar el proyecto de aborto en tres causales.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ya aprobó esta iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo en caso de violación, inviabilidad del feto y riesgo de vida de la madre.

Díaz pidió "dejar de castigar a las mujeres" con la aprobación de este proyecto, cuya discusión se retomará mañana.

"En esta materia es cierto que cada uno tiene sus convicciones, sus identidades, sus ideas, pero quienes estamos en el servicio público -especialmente en el Gobierno y en el Parlamento- tenemos también un mandato ciudadano y tenemos que escuchar lo que la gente quiere. La gente quiere que esta ley sea aprobada, que dejemos de castigar a las mujeres que se ven en esta dramática situación", aseguró el ministro de la Segegob.

Diferencias

Respecto de las diferencias entre los parlamentarios sobre esta ley y la intención de la UDI de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para intentar evitar la promulgación del proyecto, la ministra Pascual señaló que "debemos seguir con las ideas matrices pese a las diferencias que puedan existir tanto dentro como fuera del Parlamento".

La secretaria de Estado aseguró que el Gobierno ha "escuchado a todas las entidades de la Nueva Mayoría, a expertos y expertas de los ámbitos científicos, representantes de organizaciones sociales, de mujeres y hemos hecho las indicaciones y los fortalecimientos del proyecto que nos permitan efectivamente poder aprobar este proyecto, poder dar cuenta de un respaldo mayoritario que tiene".

La Audiencia Nacional española juzgará mañana a Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, acusados de colocar el artefacto que el 2 de octubre de 2013 explotó en la Basílica del Pilar de Zaragoza, hechos por los que se enfrentan a una petición fiscal de 44 años de cárcel cada uno.

La Fiscalía acusa a Solar y Caballero de varios delitos de terrorismo. A la pareja también se le imputa haber conspirado para colocar otro artefacto en la Basílica de Montserrat, en las afueras de Barcelona.

Ambos fueron imputados en el llamado "Caso Bombas", acusados de participar en la instalación de dispositivos explosivos entre 2006 y 2008. Finalmente fueron absueltos.

Antecedentes

Según el escrito de acusación, ambos formaban parte del "Comando Insurreccionalista Mateo Morral", que estaba integrado a su vez en los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), una estructura que se creó en 2012 para organizar a los grupos anarquistas que hasta ese momento actuaban aislados.

La parte acusatoria dijo que los dos acusados se desplazaron desde Barcelona hasta Zaragoza en autobús para colocar en la Basílica del Pilar el artefacto, compuesto por una bombona de butano, dos kilos de pólvora y un reloj activador.

El artefacto explotó a las 13.45 horas en la nave central del altar mayor de la basílica.

En el momento de la explosión en el templo se encontraba también un grupo de medio centenar de turistas norteamericanos y cuatro trabajadores, quienes no resultaron heridos.

Los acusados avisaron de la explosión unos minutos antes a un centro de estética al que llamaron desde una cabina, pero los empleados no alertaron a las fuerzas de seguridad creyendo que se trataba de una broma. Posteriormente, el comando reivindicó la acción en un sitio web.

Parlamentarios de la Democracia Cristiana solicitaron la creación de una comisión investigadora para el caso de estafa de AC Inversions, que involucró como víctimas a miembros del Ejército.

A raíz de un comunicado emitido por el Ejército para advertir a sus funcionarios de no participar en esos negocios, el diputado Aldo Cornejo señaló que el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, debería declarar en la comisión.

"Hasta ahora nadie ha determinado si algún órgano del Estado tiene algún grado de responsabilidad. Eso tendremos que verlo en la comisión. Aquí hay una comisión investigadora a propósito del 'milicogate' y ahora de nuevo el Ejército aparece involucrado en este caso. Claro que amerita que el comandante en jefe de explicaciones en la Cámara de Diputados", indicó el parlamentario DC, citado por radio ADN.

El abogado que representa a las víctimas, Mario Zumelzu, aseguró a CNN Chile que "podría haber responsabilidad civil del Estado si se confirma que pudo actuar y no lo hizo".

El jurista explicó que esta situación se debería al "nulo trabajo de fiscalización que podría haber existido".

Los afectados podrán firmar un mandato a partir de mañana, hasta el viernes.