Redacción

La fundación Avanza Chile realizó un informe en el que estimó el límite de gasto electoral que tendrían las comunas del país en las próximas elecciones municipales, a propósito de la nueva la ley que regula el financiamiento de las campañas. Si bien valoraron los cambios y la "claridad" con que a su juicio se establecen las nuevas normas, la entidad advirtió que existen "ambigüedades" con respecto a las "precampañas".

"En la ley quedó bastante ambigua, y eso para nosotros es un punto que podría mejorarse a futuro, lo que es la precampaña, que es justamente donde ha estado hoy en día el gran cuestionamiento respecto a cómo se financia" la política, sostuvo el director del área económica social de la organización, Carlos Ríos.

De todas formas, el ingeniero destacó que la legislación es "bastante clara" en cuanto a los gastos que se pueden realizar durante el periodo oficial de campaña y también el hecho de que "acota bastante los montos que pueden llegar a costar las campañas".

"Por ejemplo, para la elección de alcaldes, la comuna de Puente Alto es una de las que tiene el mayor límite de gasto, en la que un candidato podría alcanzar el mayor límite de gasto y son del orden de $ 250 millones, que está lejos de ser una campaña de mil millones como a veces nos habíamos acostumbrado", explicó.

También resaltó la eliminación de los aportes de empresas, "que es algo donde todos los sectores tenían consenso".

Aportes reservados

La nueva legislación, además, puso fin a los aportes reservados, por lo que las donaciones, ya sean públicas o anónimas, se pondrán en conocimiento, quedarán por escrito y se recibirán exclusivamente a través de una cuenta en el Servicio Electoral (Servel).

Sobre esta medida, Ríos comentó que "hoy día todos quienes quieran someterse a la voluntad popular en algún cargo de elección, tienen que estar dispuestos a entender que las normas que la ciudadanía exige a sus candidatos y futuros alcaldes, concejales y parlamentarios, son distintas a las que hasta ahora habíamos tenido". "En ese sentido, sería lamentable que por buscar un mejor sistema de financiamiento, más transparente, ocurra lo contrario, que es que los candidatos empiecen a recurrir a otras artimañas para financiar sus candidaturas", añadió Ríos.

La nueva ley define como "máximo gasto electoral" la suma de un monto fijo por candidato de 120 UF, más aquella cifra que resulte de multiplicar por tres centésimos de unidad de fomento el número de electores inscritos en la respectiva comuna.

Según las estimaciones de Avanza Chile, las cinco comunas que bajo la nueva norma tendrían el mayor límite de gasto de acuerdo a su número de votantes son Maipú ($ 262 millones), Puente Alto ($ 254 millones), Viña del Mar ($ 223 millones), La Florida ($ 222 millones) y Valparaíso ($ 219 millones).

27 de enero se despachó el proyecto que fortalece la transparencia y regula el financiamiento de campañas.

$ 262 millones de máximo gasto electoral tendría Maipú, comuna que concentra el mayor número de votantes.

La Comisión de Pesca de la Cámara Alta tendrá una agitada agenda durante el nuevo año legislativo, ya que deberá, entre otras actividades, responder a la moción presentada en enero para anular la ley de Pesca.

Para estos efectos, los senadores que forman parte de dicha instancia trabajarán en diversas modificaciones legislativas y realizar viajes por el país para conocer la opinión de diversos actores sobre los cuestionamientos a esta legislación.

La presidenta de esta comisión, Adriana Muñoz (PPD), reconoció que "la discusión en torno a la necesidad de hacer cambios sustantivos a la ley de pesca llegó a su punto más álgido".

"Hemos conocido una moción que busca dejarla nula, mientras que nosotros acá en el Senado estamos trabajando en otro texto", remarcó la parlamentaria, citada por el sitio web de la Cámara Alta.

La moción presentada en la Cámara de Diputados busca declarar la nulidad de la Ley N°20.657, para modificar el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización.

El Gobierno manifestó que anular leyes es inconstitucional, pese a que la mesa de la Cámara declaró admisible el proyecto. En marzo debería efectuarse la discusión, por lo que se espera que durante el año ésta se traslade al Senado.

Una propuesta alternativa a la anulación de la ley es la introducción de modificaciones a la Ley General de Pesca, presentada por los senadores Carolina Goic, Adriana Muñoz y Rabindranath Quinteros.

Esto consiste en la eliminación total de la pesca de arrastre, la extensión a todo el territorio de las 5 millas de protección para pesca artesanal y la modificación del régimen de entrega de licencias de pesca. Dicha propuesta fue aprobada por la Comisión de Pesca y debe ser visto en Sala.

Sobre esta iniciativa, Muñoz indicó que "nuestra moción busca solucionar los problemas generados por la llamada ley Longueira, pero dentro de la institucionalidad que tenemos para ello".

En esa línea, la senadora subrayó que "esta norma hay que cambiarla porque fue tramitada y aprobada con presiones económicas con sectores industriales involucrados. Dijimos que no solo iba a dañar la pesca artesanal sino los recursos disponibles. El procedimiento elegido para anular no lo comparto porque si se hace, quedamos sin ley y bajo esa fórmula gana el más fuerte".