SQM: querellantes critican que fiscal descarte la cárcel para imputados
INVESTIGACIÓN. Los abogados del caso acusan que Gómez cambió la estrategia que llevaba el renunciado Arias.
Los abogados querellantes del caso SQM, Mauricio Daza y Matías Ramírez, criticaron duramente ayer al fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez, quien encabeza la investigación, luego de que éste último descartara penas de cárcel para los acusados, entre ellos varios parlamentarios.
En una entrevista publicada ayer por El Mercurio, al ser consultado respecto de si habría penas de cárcel para los investigados, el fiscal Gómez respondió: "No, pena efectiva no, porque la pena efectiva en Chile está para aquellos delitos que tienen una pena superior a cinco años y un día, y en el caso de los delitos que nosotros estamos imputando -en la mayoría de los casos por el (artículo) 97 número 4 del Código Tributario- en ningún caso llegan a ese rango".
Gómez añadió que por la reiteración de los delitos podría ser posible alcanzar penas superiores a los cinco años y un día, sin embargo, aclaró que además cabe considerar las circunstancias atenuantes, como la irreprochable conducta anterior o la colaboración sustancial. El fiscal remarcó que esto es por efecto de la ley y no por la intención de los persecutores de bajar las penas, por lo que en algunos casos se terminaría en suspensiones y en otros en procedimientos abreviados.
El abogado Mauricio Daza, que representa a la fundación Ciudadano Inteligente, acusó al persecutor de haber cambiado la estrategia que había implementado en la investigación el fiscal Emiliano Arias, quien el pasado 3 de febrero abandonó el equipo que lidera las indagaciones.
"Va en contra del criterio que sostuvo el Ministerio Público, cuando estaba a cargo de la investigación el fiscal Arias, respecto de las expectativas de pena en el contexto de la discusión de las medidas cautelares que se pidieron para los ya formalizados", dijo el profesional en conversación con CNN Chile.
Daza, asimismo, criticó que Gómez pueda aseverar en este punto de la investigación que no se aplicarán penas de cárcel. "El Ministerio Público sostuvo que podían existir penas efectivas. Por lo tanto, este cambio de criterio nos parece inadecuado e impresentable, porque la investigación todavía está pendiente y le queda bastante de desarrollo", sostuvo.
En la misma dirección apuntaron las críticas del abogado Matías Ramírez, quien afirmó que el caso SQM aún se encuentra en pleno desarrollo, por lo que todavía sería posible encontrar nuevos delitos que imputar a los involucrados.
"No compartimos estas declaraciones de determinar a priori que no existirán penas efectivas de cárcel, toda vez que recién se están realizando las primeras formalizaciones en la arista Soquimich, y de eso dependerá las penas que arriesgan estas personas", dijo el jurista al mismo medio citado.
Ramírez advirtió que dependiendo de los hallazgos que resulten de la investigación "van a poder subir el rango de penas a las cuales estarán afectas estos imputados".
Acciones del SII
En la entrevista mencionada el fiscal Gómez además aseguró que sin la necesidad de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presente querellas, igualmente el Ministerio Público podrá formalizar en algunos casos. "Sin querellas del SII, igual vamos a poder formalizar en algunos casos. Una de las acciones que tiene el Ministerio Público en forma exclusiva es la formalización", dijo, argumentando que los fiscales están facultados para poder hacer eso.
Pese a lo anterior, el persecutor a cargo del caso SQM hizo un llamado al organismo fiscalizador a pronunciarse. Gómez afirmó que ha sostenido reuniones con el SII y que el ente se comprometió "en un corto plazo" a "pronunciarse".
"Nosotros lo que necesitamos, a lo menos, es un pronunciamiento, que digan si van a ejercer o no la acción penal", sentenció Gómez.
Acceso a correos electrónicos
SQM entregó al Ministerio Público 3,5 millones de correos electrónicos que fueron intercambiados entre funcionarios y altos ejecutivos de la minera, según publicó ayer La Tercera. Esto podría provocar que se encuentren nuevos delitos relacionados con el financiamiento irregular de la política. La compañía accedió a entregar los correos en un oficio enviado el 22 de diciembre. Los datos sirvieron para que el estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling hiciera un informe sobre controles internos, pagos cuestionados y evaluación de riesgos de soborno.