Después de que el Congreso despachara la ley corta de gratuidad en la educación superior, parlamentarios del oficialismo y la oposición manifestaron posturas encontradas sobre la exclusión de los institutos profesionales y centros de formación técnica del beneficio.

Mientras los primeros señalaron que Chile Vamos debe hacer un "mea culpa" por este resultado tras recurrir al Tribunal Constitucional, en la centroderecha apuntaron al Gobierno.

"No se podía discriminar por los IP y CFT. Eso motivó a que se incorporaran ahora mediante becas producto del dictamen del TC. En eso la derecha tiene que asumir la responsabilidad de haber dejado fuera de la gratuidad a miles de alumnos de los centros técnico-profesionales", sostuvo el presidente de la DC, senador Jorge Pizarro.

En la otra vereda, el diputado UDI Jaime Bellolio afirmó en radio Cooperativa que "es el Gobierno quien dejó fuera a los CFT e institutos profesionales".

En ese sentido, el legislador opositor indicó que el Ejecutivo pudo incorporar a este tipo de instituciones al beneficio "a través de otras vías". "Nosotros le entregamos cientos de fórmulas distintas. Una de ellas, por ejemplo, era entregar al 40% de vulnerabilidad a todas las instituciones", dijo.

La ley corta que ingresó La Moneda al Parlamento para poder implementar la gratuidad el próximo año fue despachada el miércoles por el Congreso, tres días después de que el TC difundiera el detalle del fallo en que consideró "discriminatorios" los criterios fijados por las autoridades para acceder al beneficio.

Adolfo Ibáñez se resta

Hasta ayer, 29 universidades habían confirmado que se incorporarán a la gratuidad. Asimismo, la Universidad Adolfo Ibáñez informó extraoficialmente que no adherirá al beneficio.

Con ello son dos los planteles privados que restan porque informen su determinación: las universidades de Los Andes y Finis Terrae.

La Universidad Mayor, en tanto, optó por no adherir debido al déficit financiero que, según explicó, este sistema le generaría.

"Ratificamos que de acuerdo a los cálculos oficiales del Gobierno si la Universidad Mayor resuelve ingresar al sistema, dejará de percibir ingresos por $ 7.901.000.000 solo durante el año 2016 y que el Estado no cubrirá ese monto, ni parcial ni íntegramente", argumentó la entidad en un comunicado.

Mientras, la Universidad Autónoma fue una de las últimas instituciones en dar a conocer su decisión de integrarse. El rector de esa casa de estudios, Teodoro Ribera, señaló, no obstante, que esta decisión conllevará a un "ajuste" de recursos.

"Tuvimos muy poco tiempo para tomar la decisión, pero mirando el futuro de nuestros estudiantes, mirando su bienestar, mirando también la proyección que tiene para las universidades incorporarse a la gratuidad, dimos el paso, más allá que esto va a significar necesariamente un ajuste y una disminución de los ingresos de la universidad, que son los que se destinan al crecimiento del proyecto universitario", aseguró Ribera en CNN Chile.

El académico detalló que este ajuste va a afectar principalmente el crecimiento de la organización en materia de infraestructura. Por ello dijo que "tendremos que tener mayor creatividad para generar recursos a través de la capacitación, posgrados, etc., para mantener la competitividad de la universidad".

Mañana, día en que comienzan las postulaciones de los estudiantes a la educación superior, se cumple el plazo para que las instituciones comuniquen su decisión de adherir o no a la gratuidad el próximo año.

Las 25 universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) ya ratificaron su resolución de sumarse.

El senador PPD por La Araucanía, Eugenio Tuma, dijo esperar que la posible visita de trabajo que haría la Presidenta Michelle Bachelet en enero a esa región sirva para que el Gobierno escuche a todos los sectores de la zona y que el Ejecutivo "corrija" su diagnóstico sobre los hechos de violencia que se han registrado en la Novena Región.

"La Presidenta Bachelet lo que debería hacer es escuchar a los distintos sectores de La Araucanía, mapuche y no mapuche, escuchar a las víctimas de la violencia y luego establecer y corregir el diagnóstico que hasta ahora tiene el Gobierno, que este es un problema solo de delincuencia común", sostuvo el parlamentario en radio Cooperativa.

Agregó que "no es un problema de delincuencia común, aquí hay un tema que se está arrastrando por más de 130 años que nunca ningún Gobierno ha querido reconocer. El Gobierno tiene que hacer una reunión con todos los actores y recomendar un nuevo tratamiento".

Una opinión similar entregó el ex ministro del Interior de la administración de Sebastián Piñera y actual presidente de la fundación Avanza Chile, Andrés Chadwick, quien sostuvo que a La Moneda "le cuesta reconocer" que existen "acciones terroristas" en la región del sur del país.

"Yo he visto que en este Gobierno le tienen como un cierto temor a decir y actuar, en consecuencia, señalando que en La Araucanía hay violencia extremista, hay acciones terroristas. Les cuesta mucho reconocer eso, y si no se reconoce eso y se enreda que son delincuentes comunes, que es robo madera, el que no tiene claro que es violencia terrorista es difícil que pueda ir avanzando en una solución de mayor seguridad para la ciudadanía", consideró el ex secretario de Estado.

Finalmente, el senador RN por la zona, Alberto Espina, señaló que "la gran deuda del Gobierno en esta materia es no avanzar nada en lo que es una propuesta por la paz social, que es un tema más amplio y que mientras no se aborde en su conjunto, sin perjuicio de actuar con toda dureza frente a los hechos de violencia, no vamos a tomar de raíz el problema que existe en la Región de La Araucanía, que tiene repercusiones mucho más profundas, pero el Gobierno se niega a liderarlo, se niega a encabezarlo".