Modificaciones al Servicio Electoral
El servicio administrará, supervigilará y fiscalizará los procesos electorales. También fiscalizará el cumplimiento de las normas sobre gasto electoral, entre otras. Hay temas de la agenda que aún están pendientes y que deberían abordarse. De partida, habrá que ver cómo se determinarán los recursos para su funcionamiento y la dotación de personal.
Recientemente la Presidenta de la República ha promulgado la reforma que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral (Servel). La ley da mayores facultades fiscalizadoras al organismo y se transformó en la primera iniciativa de la agenda de probidad y transparencia.
La normativa lo define como organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que será regido por un consejo directivo integrado por cinco miembros, designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado, con duración de diez años en el cargo.
El servicio administrará, supervigilará y fiscalizará los procesos electorales. También fiscalizará el cumplimiento de las normas sobre gasto electoral, pudiendo multar a quienes las incumplan o solicitar al Tribunal Calificador de Elecciones la destitución de autoridades. El Servel también supervisará las normas de transparencia y uso de los recursos públicos por parte de los partidos políticos.
Se trata de un avance relevante para mejorar la calidad de nuestra política y la confianza de los ciudadanos en ella, si se considera que la existencia de instituciones apropiadas y competentes influye en la estabilidad institucional, en el desarrollo político y la prosperidad económica de las naciones. Sin embargo, hay temas de la agenda pro transparencia que aún están pendientes y que deberían abordarse en otras iniciativas.
Se recordará que el presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Probidad y la Transparencia, Eduardo Engel, expresaba hace un tiempo que algunos de los proyectos propuestos por el grupo de estudio podrían debilitarse en la discusión parlamentaria. Pareciera que los principales nudos están puestos en los requisitos para entregar dinero público a los partidos, así como en la institucionalidad que los regirá, específicamente la exigencia de reinscribir a todo su padrón de militantes. Tampoco parece avanzar la propuesta de limitar la reelección de los cargos.
En los proyectos que tocan el bolsillo de los partidos donde la clase política deberá probar su voluntad para salir de la crisis de legitimidad que la acecha.