Corea del Norte y Corea del Sur alcanzaron ayer un acuerdo para poner fin a una tensa crisis militar después de tres días de maratonianas reuniones de alto nivel.

Según explicó Kim Kwan-jin, director de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Pyongyang accedió a lamentar su ataque con minas del 4 de agosto pasado, que provocó un intercambio de fuego de artillería, y prometió hacer esfuerzos para no recurrir a más provocaciones.

Por su parte, el Gobierno de Seúl acordó apagar a las 12.00 hora local de hoy (03.00 GMT) los altavoces que emiten propaganda en la frontera contra el régimen de Kim Jong-un.

Corea del Sur comenzó las transmisiones propagandísticas hacia el Norte a principios de este mes por primera vez en 11 años, como represalia por la colocación de las minas terrestres.

El Gobierno de Corea del Norte pidió repetidamente que se pusiera fin a estas transmisiones al considerarlas un insulto a su dignidad.

Altos representantes de las dos Coreas llegaron al acuerdo tras negociar desde el sábado de manera prácticamente ininterrumpida en la Aldea de la Tregua de Panmunjom, ubicada en la frontera del paralelo 38.

El principal representante de Seúl en las negociaciones calificó el gesto de Pyongyang de admitir los ataques como "muy significativo", según declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.

Hasta ahora Corea del Norte había negado su implicación en el incidente de las minas y aseguraba que no disparó proyectil alguno, acusando a Seúl de haber inventado los hechos.

Desde el pasado jueves, la tensión entre las dos Coreas había alcanzado un alto grado y Pyongyang llegó a calificar la situación "casi estado de guerra".

Las maratonianas sesiones de diálogo fueron protagonizadas por cuatro de los altos cargos más influyentes de Seúl y Pyongyang. Frente a Kim Kwan-jin, ex ministro de Defensa del Sur, se sentó Hwang Pyong-so, vicemariscal y director del buró político del Ejército Popular de Corea del Norte, considerado "número dos" del Estado comunista.

El Gobierno brasileño anunció ayer que estudia la posibilidad de eliminar diez ministerios, en un plan de "búsqueda de una mayor eficiencia" que plantea reducir a 29 el número de miembros del gabinete de la Presidenta Dilma Rousseff.

El ministro de Planificación, Nelson Barbosa, dijo que todavía no hay una decisión tomada ni cuáles serían los ministerios que serían eliminados, pero indicó que eso se definirá en las próximas semanas.

"El objetivo es llegar a una meta de diez ministerios. Existen varias propuestas posibles para alcanzarla, pero precisamos escuchar a todos" los miembros del Gobierno, explicó.

La eliminación de diez de los 39 ministerios que existen hoy sería adoptada como parte de un plan de "búsqueda de una mayor eficiencia", que también implicaría una reducción del número de cargos con contratos temporales en la administración pública.

Barbosa admitió que esas medidas ayudarán a reducir el gasto en momentos de dificultades económicas, pero insistió en que la meta es lograr "un mejor funcionamiento y un aumento de la productividad del Gobierno".

La reducción del número de ministerios, que aumentó a 39 en la última década, es exigida desde hace años por la oposición, según la cual esos despachos han sido usados para satisfacer a los integrantes de la variopinta coalición política que respalda a Rousseff.

La base de apoyo al Gobierno está encabezada por los partidos de los Trabajadores (PT), de Rousseff, y del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer.

A esos dos grupos se suman los partidos Republicano Brasileño (PRB), de la República (PR), Progresista (PP), Comunista de Brasil (PCdoB), Republicano del Orden Social (PROS) y Social Democrático (PSD). Cada una de esas formaciones ocupa al menos un Ministerio, por lo que en caso de confirmarse la eliminación de diez despachos, algunas hasta pudieran quedar sin representación en el gabinete.

Hasta inicios de este mes también estaban en esa coalición los partidos Laborista Brasileño (PTB) y Democrático Laborista (PDT), cuyos parlamentarios se declararon "independientes" en rechazo a un duro ajuste fiscal impuesto por el Gobierno para hacer frente a la delicada situación de la economía.

Según informaron medios oficiales, el vicepresidente brasileño, Michel Temer, abandonó la tarea de "coordinador político" del Gobierno que le había asignado Rousseff en su intento de mantener unida a su base de apoyo. De acuerdo con fuentes citadas por la Agencia Brasil, Temer le comunicó ayer su decisión a Rousseff y la atribuyó a que su misión era trabajar por la aprobación en el Congreso de unas medidas de ajuste fiscal, que ya casi en su totalidad han sido respaldadas por las cámaras.