El ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos, ratificó ayer el apoyo que brindará el Gobierno al proyecto de ley sobre control preventivo de identidad, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso, y reiteró el compromiso del Ejecutivo de reducir los índices de inseguridad en el país.

Tras encabezar una nueva reunión del comité policial en La Moneda, el jefe de gabinete sostuvo que el Ejecutivo "lo va a apoyar, es una indicación que vamos a presentar. No es exactamente la misma que se vio en la Comisión de Seguridad Pública, pero estamos abiertos a debatir".

"Vamos a apoyar una puesta al día del instrumento del artículo 85 del Código Procesal Penal", enfatizó.

Burgos manifestó la intención del Gobierno de bajar los índices de inseguridad ciudadana durante el "segundo tiempo" de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. "Mientras yo esté en este cargo, no voy a dejar un día de preocuparme de un tema central de los chilenos, que es la lucha contra los delincuentes", dijo.

"El sentimiento de inseguridad es un sentimiento que hay que atacar y la única forma es que la gente vea a las autoridades del área, que son muchas, trabajando de manera coordinada, por poco a poco ganarle espacios a la inseguridad, en eso vamos a seguir trabajando", añadió.

Consultado sobre qué cifra es la que busca La Moneda en esta materia, Burgos respondió que "yo no voy a a dar una cifra, porque seria atrabiliario de mi parte. Yo me quedaría contento con que la percepción de inseguridad de la gente baje".

"A mí lo que me interesa es que las personas de carne y hueso, los ciudadanos, los chilenos que viven en los más diversos barrios de las distintas regiones sientan que hay menos inseguridad, más allá de lo que digan las cifras", enfatizó.

El ministro se refirió también al concepto de "persecución inteligente" del delito, que dio a conocer Bachelet tras el cónclave oficialista. Explicó que se trata de "trabajar más coordinadamente y aprovechar las capacidades de nuestras policías".

El nuevo anuncio de gratuidad para la educación superior realizado por el Gobierno después del cónclave oficialista generó ayer reacciones dispares en el mundo político y académico.

La Presidenta Michelle Bachelet informó que la gratuidad a partir de 2016 será para los alumnos del 50% más vulnerable que asistan a las universidades tradicionales, y también a privadas con cuatro años de acreditación o más, que cuenten con participación estudiantil y cuyos dueños no sean sociedades comerciales.

De esta forma, el Ejecutivo redujo el porcentaje de gratuidad inicial, pero la extendió a planteles privados.

Al respecto, el Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECh) planteó que desde el momento en que esta medida se haga efectiva, "dichas instituciones privadas deben regirse por las mismas normas de transparencia en el uso de sus recursos, a las cuales respondemos los planteles públicos".

"Las universidades estatales estamos sujetas al control que ejerce la Contraloría General de la República y a las normas de ley de Transparencia, que no son aplicables a las instituciones privadas de educación superior", señalaron los rectores de la agrupación mediante una declaración pública.

El rector de Inacap y presidente de Vertebral -entidad que agrupa a los centros de formación técnica e institutos profesionales acreditados-, Gonzalo Vargas, fue más crítico, pues tildó de "imprecisos" los anuncios realizados por La Moneda y opinó que "no hay una repriorización, no hay un cambio de enfoque". "Este segundo tiempo es igual que el primero", dijo a Emol.

Desde la oposición, el diputado de Evópoli Felipe Kast sostuvo que "no es aceptable que estudiantes con la misma vulnerabilidad que van a universidades y centros de formación técnica que tienen acreditación sean marginados de la gratuidad simplemente por un antojo ideológico".

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, calificó ayer de "amenazas" las declaraciones del Presidente de Bolivia, Evo Morales, quien estudia expulsar al cónsul de Santiago en La Paz tras acusarlo de reunirse con opositores para un supuesto plan de desestabilización de su Gobierno.

"Todo tiene un límite y esto ha ido escalando", apuntó el jefe de la diplomacia chilena, que agregó: "¿Qué más se puede decir? Nos vemos en La Haya", en referencia a la demanda marítima interpuesta por Bolivia en ese tribunal.

En una conferencia de prensa en la sede de la Cancillería, el titular de RR.EE. agregó "que la Corte de La Haya tome nota y que el Papa (Francisco) tome nota: nuestro ofrecimiento de diálogo es respondido con una amenaza de expulsión de nuestro cónsul general (Milenko Skoknic)".

El canciller respondió así a declaraciones de Morales, quien dijo que, a raíz de la aspiración marítima de su país, Chile siempre ha buscado "la inestabilidad política" de Bolivia y acusó a Skoknic de reunirse con dirigentes opositores, por lo que estudiará expulsar al diplomático chileno.

otras acusaciones

Muñoz recordó reacciones similares de Morales, como cuando acusó de "espías" a un grupo de periodistas chilenos en La Paz o cuando denunció que Chile estaría detrás de las protestas contrarias a su Gobierno en Potosí.

"Esto no es más que una parte de la campaña comunicacional mediática (de Bolivia) que ya conocemos, pero, francamente, todas las cosas tienen un límite", advirtió el canciller.

"El cónsul de Chile estaba viajando a todos los departamentos, no sé si hay que declarar persona non grata a ese cónsul, buscando a autoridades y dirigentes. No sé si son sus atribuciones, vamos a analizar profundamente esta andanza del cónsul chileno", dijo el Presidente boliviano en entrevista con el diario boliviano El Deber.

Skoknic, en el cargo desde marzo 2014, es el principal diplomático chileno en Bolivia, debido a que ambos países carecen de embajadores desde 1978.

"delirios" de morales

Las declaraciones del Presidente boliviano fueron tildadas como "delirantes" por varios parlamentarios chilenos.

El presidente de la Comisión de RR.EE. del Senado, Francisco Chahuán (RN), dijo que sus palabras "son un arrebato que lo ponen al borde del delirio" y que se trata de "una situación grave, en la que nuevamente hipoteca la relación futura con Chile y la posibilidad de sentarnos a resolver los otros 12 puntos que contempla la agenda bilateral".

El senador DC de la misma instancia, Jorge Pizarro, dijo que "esa locura del Presidente Morales puede tener un efecto muy negativo para la relación entre los países". "Preocupa la seguridad personal de nuestro cónsul Milenko Skoknic", agregó el miembro de la Comisión de RR.EE. de la Cámara Jorge Tarud (PPD).

Indagación Morales adelantó que analizará "profundamente" lo que calificó como la "andanza" del cónsul chileno.

Acusación Morales apuntó a que Chile "por la cuestión del mar, siempre buscó inestabilidad política" en Bolivia.