Autores La propuesta fue presentada por los diputados Fuad Chahín (DC) y Leonardo Soto (PS).
Aprobación La indicación fue aprobada el martes en la Comisión de Constitución de la Cámara.
Retroceso Después de las críticas, los autores de la enmienda se comprometieron a corregirla en su paso por la Comisión de Hacienda de la Cámara.
La Presidenta Michelle Bachelet entró ayer en la polémica suscitada por la indicación que aprobó la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que busca permitir aportes de empresas a partidos políticos. La Mandataria enfatizó que la agenda de probidad impulsada por el Gobierno es "sin letra chica".
"El mandato que tiene el Gobierno y la voluntad de esta Presidenta es llevar una agenda de probidad sin letra chica, sin dobles lecturas", dijo la Jefa de Estado durante la celebración de los 25 años de la Fundación de Las Familias en Peñalolén.
"Quiero ser muy clara: no hay espacio hoy en Chile para que las empresas financien a los partidos políticos", señaló Bachelet.
La Presidenta afirmó que "esa y no otra es la postura que vamos a defender como Gobierno en el Parlamento: separar definitivamente la política de los negocios".
La enmienda fue introducida por los diputados Leonardo Soto (PS) y Fuad Chahín (DC), y aprobada con los votos de los parlamentarios Osvaldo Andrade (PS), Guillermo Ceroni (PPD), Daniel Farcas (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Aldo Cornejo (DC) y Cristián Monckeberg (RN). El resto de los integrantes de la Comisión se abstuvo.
La indicación va en contra de lo propuesto en el proyecto de probidad original del Ejecutivo, que busca prohibir que las empresas ayuden a financiar campañas y partidos políticos. La propuesta de Soto y Chahín permite aportes privados a colectividades por un monto máximo anual de 500 UF (cerca de $ 12 millones).
Además de La Moneda, la idea fue criticada por miembros de la Comisión Engel, que estuvo encargada de elaborar iniciativas para mejorar la probidad y transparencia en la política.
El presidente de esa instancia, Eduardo Engel, dijo a Emol que "las empresas no debieran aportar a la política y punto. Ni a las campañas, ni a los partidos. Si un empresario quiere aportar, que lo haga a título personal, no a través de sus empresas".
Después del rechazo generado, los impulsores de la indicación se comprometieron a corregirla en su paso por la Comisión de Hacienda de la Cámara.
El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, valoró ayer que algunos diputados hayan retrocedido en el apoyo a la iniciativa y expresó su "satisfacción por el reconocimiento de que esta no fue afortunada".
"Sentimos que ese reconocimiento que hubo ayer (miércoles) respecto de ese error de la indicación descomprime esta situación y plantea una solución posible", indicó.
"Entendemos que ellos mismos están en condiciones y trabajando para resolver en la Sala esta indicación por la vía de rechazarla. Por cierto, toda la voluntad del poder Ejecutivo, que con las atribuciones que disponemos, podamos colaborar con esto", agregó el secretario de Estado.
Díaz reiteró que "el criterio planteado por el Gobierno es de separación completa entre política y negocios". "Por tanto de prohibición de cualquier tipo de aportes de empresas a la política, ya sea a las campañas electorales o a los partidos políticos, es una de las variables o criterios relevantes de consagrar en la legislación que estamos discutiendo en el Parlamento", añadió el vocero.