C erca de 900 casas y tres mil personas contempla la llegada de un proyecto habitacional que será emplazado en el sector de Tierra viva, en Copiapó, y que tiene molestos a más de 300 vecinos que residen en el lugar. La razón, según comentaron, radicaría en un programa de edificación que no contempla la presentación de obras de impacto vial y urbano y sistema de aguas lluvia, lo cual generaría una saturación a nivel de conectividad.

El Programa Extraordinario para Entidades Desarrolladoras de Reactivación Económica e Integración Social es la instancia gubernamental que promueve la generación de proyectos inmobiliarios destinados al surgimiento nuevos barrios en el país. En este contexto, constructora Los Silos presentó en febrero al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) el programa "Altos de Copiapó" que tendría como una de sus principales características la instalación de un importante volumen de casas en el sector norte de la capital regional. Sin embargo, vecinos y profesionales de la construcción indicaron que el proyecto perjudicaría la calidad de vida de la zona, al tratarse de un evento que no abarcaría el levantamiento de nuevas calles y avenidas en el lugar.

Argumentos

El Artículo 2.2.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Oguc) fijada por el Minvu, los sitios públicos destinados a la edificación de programas de vivienda deben contemplar la pavimentación de vías de tránsito y obras complementarias a cargo del desarrollador del proyecto. En este sentido, el artículo 2.2.2 del mismo escrito instruye que "la subdivisión del suelo tiene por objetivo dividir un predio, sin que el dueño tenga obligación de urbanizar por ser suficientes las obras existentes cuando el proyecto no contempla la apertura, ensanche o prolongación de vías públicas y el predio no está afecto a utilidad pública por el instrumento de planificación territorial". Sin embargo, este sería el punto que Los Silos no habría cumplido, según vecinos del lugar.

Alfredo Campbell, residente del sector y constructor civil, manifestó su molestia respecto al proyecto habitacional que hoy se encuentra en revisión en la dirección de obras del municipio. "Aquí la empresa no ha presentado nada de nada, lo que da para pensar que el proyecto se dividió en cuatro etapas para saltar el Eistu (Estudio de Impacto sobre Sistema de Transporte Urbano) y así no tener que presentar mitigaciones. Y lo peor es que las autoridades saben que el proyecto final será de 944 viviendas y amparan este desastre vial", comentó el copiapino.

Y es que, según agregó, el foco de la polémica tendría que ver con la posibilidad de edificar hasta 250 viviendas sin interferir en estructuras públicas. "Es un resquicio técnico que están usando para saltarse estudios de impacto vial, impacto urbano y aguas lluvias, entre otras cosas. Estamos hablando por lo bajo de mil vehículos y más de tres mil personas, y todo ello a través de una sola calle que es Carmen Vilches. Es imposible que estén presentando proyectos con ese tipo de falencias", mencionó.

Roberto Miranda, vicepresidente de la junta de vecinos La Colina y Tierra Viva, sostuvo que en reiteradas ocasiones la directiva del sector ha intentado conseguir audiencia con las entidades públicas a cargo sin mayor éxito. "El jueves nos reunimos con Serviu, pero como no estaba el director no nos entregaron detalles. Nosotros apelamos a que este proyecto no se realice mientras no se presenten, aprueben y materialicen todas las obras sanitarias, viales y de equipamiento urbano que permitan mitigar los riesgos asociados a incrementar en más de un 300% la cantidad de habitantes en el lugar", puntualizó.

Consultados por los requerimientos técnicos que los vecinos indicaron como pertinentes a la hora de evaluar permisos de edificación, Campbell añadió que "se tienen que evaluar áreas de circulación, evacuación, creación de avenidas, piscinas decantadores por las tres quebradas del sector, y todo eso requiere una convergencia de organismos públicos que deben presentar observaciones y exigencias", y agregó que "es curioso que no hayan exigido estas obras de mitigación y sistema aluvial".

Respuestas

Una de las aristas que tendría relación con el malestar de los vecinos corresponde al levantamiento de viviendas sin un plano regulador actualizado. Y es que la última versión del documento técnico data del año 2002, según consignó la Cámara Chilena de la Construcción (CCHc). "No tener actualizados los planes reguladores afecta ya que permiten dar un orden urbano a las ciudades, planificando su territorio y preparándola para afrontar eventuales desastres. No los evita, pero sí los puede mitigar", señaló Yerko Villela, presidente de la CChC Copiapó.

Al respecto, el profesional agregó que "en el caso de Copiapó hay una clara desactualización de proyecciones (no está sintonía en la relación habitantes-territorio), además que falta incorporar zonas de riesgo (lo que ha provocado construcciones en zonas no aptas)". En cuanto a la aprobación de proyectos habitacionales, el representante local de la CCHc indicó que "si cumple con la normativa vigente, y el plan regulador lo permite, no habría problemas para su desarrollo".

En medio del malestar expresado por los vecinos de Tierra Viva, el seremi de Vivienda, Rodrigo Ocaranza, insistió en que el proyecto cumple con todos los requisitos, y que "si se generaran problemas viales o de otro tipo una vez construido, ahí se tendrán que tomar las obras de mitigación en su momento".

Consultado por la aprobación de programas habitacionales sin un plano regulador actualizado, Ocaranza explicó que tras la catástrofe el documento quedó detenido, y que en 2017 estaría terminado. "De aquí a dos años vamos a actualizar el plan regulador con las medidas de mitigación".

En tanto, Alonso Castillo, director de Obras del municipio, indicó que cada proyecto por separado se apega a la norma vigente, mientras que no se refirió al programa de vivienda en su totalidad. "Yo puedo decir que han ingresado cuatro planes por separado en el sector de Tierra Viva, y por tanto se revisan de manera individual".

Con todo, los vecinos de la zona norte de Copiapó manifestaron que "nos sentimos pasados a llevar", mientras indicaron que no bajarán los brazos hasta que autoridades de Gobierno y municipio transparenten la información. "Yo creo que todo esto pasa por temas de presión político-social", finalizó Campbell.