La feria de las pulgas de Copiapó se ha convertido en el paseo obligado para cientos de familias que llegan desde diferentes puntos en busca de precios más convenientes que los de mercado.

Ropa, libros y juguetes son parte de las alternativas que desde su inicio marcó el despegue de esta forma de negocio itinerante, y que hoy sería englobado por un abanico de múltiples opciones. Esto, sumado a que la actividad que partió con cerca de cien personas en la comuna hoy contempla a más de mil comerciantes.

Su explosivo crecimiento llevó a una investigación efectuada por la Contraloría General de la República el año pasado, la que concluyó que la municipalidad no ha regulado el funcionamiento de las denominadas ferias de las pulgas. Debido a un dictamen entregado por el órgano fiscalizador, en agosto de 2014 la casa edilicia habría presentado un borrador de ordenanza que entablaría las instrucciones sobre permisos, deberes, prohibiciones y fiscalizaciones.

Sin embargo, hasta la fecha no existe definición por parte de las autoridades comunales sobre la puesta en marcha del precepto. Esto, luego que el pasado 2 de junio el alcalde Maglio Cicardini presentara una nueva prórroga extendida por 30 días, y que fue aprobada por la mayoría del concejo.

Respuestas

La prolongación del escrito que pretende regular la actividad ha generado que los vendedores de la feria de las pulgas se encuentren en un escenario de incertidumbre respecto a su futuro comercial. En este sentido, Diario Atacama consultó al edificio consistorial sobre las razones que tendrían al documento en un punto muerto, y las visiones contrastan al interior del concejo municipal.

El concejal Mario Bordoli indicó que el aplazamiento de la normativa se habría originado por la falta de coordinaciones con dirigentes debido a la emergencia climática que vivió la región. "Yo voté a favor de la prórroga porque en los dos últimos meses no se ha podido conversar con las personas. No sé si tendrán algún sindicato u organismo, pero con ellos se debe plantear también el tema. Y una vez que estén de acuerdo con la ordenanza que la municipalidad ha hecho, recién se podría implantar un reglamento", argumento que iría en la misma línea a lo señalado por el concejal Luis Orrego, quien recalcó en la necesidad de dialogar con cada una de las dirigencias involucradas.

"Por el tema del aluvión no se ha podido juntar a las diferentes organizaciones de la feria de las pulgas", enfatizó Orrego.

En el mismo contexto, Juan Carlos Mellibovsky, integrante de la misma instancia comunal, indicó al desastre natural como el hecho que habría impedido el contacto con los vecinos de la feria afectados. En cuanto a la falta de respuestas del municipio, el concejal RN estimó que "un mes más no nos va a hacer más rico ni más pobres", dijo en relación a la demora del trámite legal.

Sin embargo, Rosa Ahumada, concejal PC, calificó la situación de una lentitud innecesaria. "Yo creo que los concejales no se han puesto en el lugar de la gente que vende. Lo que está pasando es porque la municipalidad no puso las reglas antes dé", y agregó que "no le echemos la culpa al aluvión por algo que no se ha hecho en años", en relación al planteamiento compartido por la mayoría del concejo.

En cuanto a los acercamientos que el municipio ha generado con los dirigentes, Anelice Véliz, concejal PS, enfatizó que solo se ha tenido contacto con uno de los sindicatos aludidos. "El año pasado los representantes de uno de los sindicatos nos entregaron un modelo donde presentaban requerimientos para poder funcionar. Después de ello no se han generado otros acercamientos", comentó.

Respecto a su visión sobre el tema, Véliz agregó que "lo que nos planteó el alcalde es que producto de la catástrofe se debían ver otros temas de mayor prioridad, y yo me abstuve de votar porque encuentro que es un tema administrativo que no está en manos del concejo". Juicio distante al de Ahumada, quien dirigió parte las responsabilidades al mismo concejo comunal. "Yo me abstuve de votar porque considero que se ha dilatado demasiado y es una falta de respeto para los feriantes. Más allá de la situación que está viviendo Copiapó, la municipalidad debe tomar su normalidad y nosotros como concejales lo estamos dilatando mucho", destacó la concejal PC.

Puntos críticos

El cuerpo del documento citado hace mención a una serie de disposiciones que el municipio instruiría para normar la transacción de productos usados por parte de personas de escasos recursos, comerciantes incipientes o pequeños emprendedores comerciales "que buscan en esta fórmula la alternativa de inicio de una actividad que les brinde sustento económico para el normal desarrollo de su vida actual y/o les provea de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida futura".

Sin embargo, el informe de ocho títulos tiene como punto crítico la negativa de expender artículos nuevos, producción y venta de alimentos en el lugar y delimitación de espacios públicos, ya que, según indicaron los mismos feriantes, "sería quitarle la fuente de trabajo a alguien que lo necesita".

Ruth Ossandón, tesorera del Sindicato Trabajadores Unidos Copiapó del sector Palomar, lamentó el fondo de la cuestionada ordenanza municipal en este punto. "El hecho de eliminar las cosas nuevas o a quienes venden comida es una mala medida. Si alguien partió vendiendo cosas usadas, juntó capital y hoy está vendiendo cosas nuevas, porqué no te dejan surgir. Perjudicarán a las personas".

Según comentó la feriante, hay situaciones irregulares que se ajustarían a lo estipulado por el escrito mencionado, en desmedro de quienes comercializan productos tradicionales. "Hay gente que vende cosas pirateadas, por ejemplo, en ese caso es bueno que se fiscalice, pero legalmente debería poder venderse lo que uno pueda, no se debería limitar a las personas a vender cosas si no las tiene", señaló, al igual que Juan Cisternas, feriante itinerante.

"Malo estaría porque le cortan la posibilidad de trabajar a la gente. En este país, las personas que superamos los 40 años estamos vetados. Entonces uno tiene que buscar la fuente laboral como sea. Y, en vez de andar delinquiendo, yo prefiero trabajar en esto", comentó Cisternas.

Respecto a la delimitación de espacios públicos, el feriante, dueño de un puesto de detergentes y artículos de aseo, insistió en la falta de tolerancia que existiría por parte de los vendedores y la nula fiscalización de la autoridad comunal. "Aquí todos se creen dueños de todos. Se supone que mientras no haya una ordenanza que regule el sistema uno se puede ubicar donde quiera mientras no transgreda a otros. La semana pasada tuve un encuentro con un caballero en calle Lastarria porque según él, el lugar donde yo me puse era suyo. Esos problemas pasan todo el tiempo".

Frente a la molestia de los feriantes que observan con disgusto la falta de comunicación desde el municipio, la concejal Rosa Ahumada fue categórica al señalar que "el retraso es porque le tienen miedo al castigo de la gente, el miedo a perder el voto de muchos", sentenció.