La Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem), realizará mañana y el sábado su tradicional colecta nacional. La ayuda se pedirá con el fin de generar los recursos que permitirán dar continuidad a la rehabilitación gratuita de los más de ocho mil niños y jóvenes que son atendidos por la corporación cada año en sus centros de rehabilitación en Antofagasta, Santiago y Puerto Montt. Asimismo, la organización dará inicio a su campaña de prevención de quemaduras de invierno. La principal fuente de riesgo de este tipo de lesiones es por el volcamiento de líquidos calientes, como tazas de té y hervidores con agua. En los últimos años además han aumentado los accidentes causados por objetos como estufas, planchas de ropa y pelo, puerta de horno y medios de calefacción, según advirtieron desde Coaniquem, que ha atendido desde hace 36 años a más de 117 mil casos.

Un proyecto que busca fortalecer el Ministerio Público, aumentando en 577 sus funcionarios, fue despachado ayer por la Comisión de Constitución del Senado, tras ser aprobado en general y en particular.

De ese total, 122 funcionarios corresponden a fiscales y 203 profesionales. La iniciativa quedó así en condiciones de ser analizada por la sala de la Cámara del Senado.

A la salida de la votación, el presidente de la instancia, Felipe Harboe, valoró la aprobación de la iniciativa. Esto va a significar en la práctica un aumento de dotación, una mayor capacidad de persecución penal y un reconocimiento a la labor que hace el Ministerio Público. Es un momento muy importante porque además, por primera vez desde la creación del Ministerio Público, se va a establecer por ley la carrera funcionaria y eso es fundamental para evitar la fuga de fiscales buscando mejores alternativas laborales", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, destacó que con esta votación "se ha dado un paso importante, esperamos que el proyecto siga avanzando, tener más fiscales e incentivos para la permanencia en la carrera es una cuestión que no va a permitir cooperar con el fortalecimiento de la institución, mejorar la atención a víctimas y que en general la labor de la fiscalía llegue mejor a todo el mundo".

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, valoró la rapidez con la que se tramitó el proyecto. "Habíamos dicho que de aquí al 31 de agosto íbamos a tener esta ley despachada y lo estamos haciendo mucho antes", sostuvo.

El primer procesado y condenado por la Ley Emilia, Gonzalo Rojas, de 27 años, fue sentenciado ayer por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar a nueve años de cárcel, por el atropello en estado de ebriedad con resultado de muerte de un joven de 24 años en septiembre del año pasado.

Rojas había sido encontrado culpable por el tribunal el 29 de mayo pasado por el delito de conducir en estado de ebriedad con resultado de muerte, y además por no prestar auxilio a la víctima, el estudiante de arquitectura Pablo Ascencio de 24 años, a quien atropelló el 21 de septiembre de 2014.

En detalle, Rojas fue condenado a cinco años por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, y a cuatro por no detenerse, ni dar cuenta a la autoridad ni brindar ayuda a la víctima, tras darse a la fuga.

Así, la pena en el caso de Rojas fue de un total de nueve años, porque la Ley Emilia establece que el delito por fuga del lugar del accidente y la negativa a los exámenes respectivos son agravantes.

Rojas se realizó un alcotest en dependencias policiales, que arrojó 1,73 gramos de alcohol por mil en la sangre.

Además, como medida accesoria se le inhabilitó de por vida para conducir.

El condenado llevaba ocho meses en prisión preventiva por orden del tribunal.

La Fiscalía de Viña del Mar había pedido al tribunal una pena de cárcel de 13 años para el conductor del vehículo, por no ayudar a Ascencio y además porque no se sometió a los exámenes de alcoholemia tras ser detenido.

El fiscal a cargo del caso, Roberto Depaux, valoró la condena efectiva. "Esta sentencia marca un precedente ya que es la primera sentencia por Ley Emilia en la región", afirmó el persecutor.

Por su parte, el padre de la víctima, Pedro Ascencio, agradeció la labor de Depaux. "Yo y mi familia estamos muy satisfechos por el excelente trabajo realizado por el fiscal Depaux. Creemos que fue muy acucioso y profesional, y muy claro en las reuniones y audiencias", afirmó tras conocer la sentencia del tribunal.

En tanto, la mujer que acompañaba al conductor del vehículo el día que ocurrió el atropello, Katherine Antequera, fue condenada como encubridora del delito a 400 días de presidio menor en su grado mínimo, pena que no la privará de libertad y a tres años de vigilancia.

Las modificaciones a la Ley de Tránsito, conocidas como Ley Emilia, fueron promulgadas en septiembre de 2014. La moción fue bautizada así por la pequeña Emilia Silva Figueroa, quien murió el 21 de enero de 2013, luego de que el auto en el que viajaba fuera chocado por un vehículo conducido por un hombre que manejaba ebrio. La normativa sanciona con tres años y un día a cinco años, a quien ocasione muerte o lesiones graves a terceros conduciendo en estado de ebriedad. Asimismo establece como agravantes no auxiliar a la víctima y no realizarse los exámenes de alcoholemia.

El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, dijo ayer que ya sostuvieron diálogos bilaterales con los profesores y que las diferencias de ese gremio con el proyecto de Carrera Docente, se deben solucionar en el Parlamento, donde actualmente se discute la moción ingresada por el Gobierno.

Esto, ante el paro indefinido en el que se encuentran los docentes, que volvieron a realizar una movilización ayer en rechazo a la iniciativa del Ejecutivo que se encuentra en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

El secretario de Estado reconoció que los profesores tienen derecho a manifestarse pero afirmó que "la sociedad no se puede paralizar porque a un gremio no le parezca en un 100% lo que estamos planteando".

Desde el Magisterio han realizado múltiples llamados a generar una instancia de diálogo con el Mineduc. A raíz de esa solicitud, el ministro Eyzaguirre señaló que ya hubo un diálogo bilateral y que ahora las diferencias deben resolverse en el Parlamento.

"Nosotros tuvimos más de una decena de reuniones con el Colegio de Profesores. Ellos tenían algunos acuerdos y algunos desacuerdos y, como corresponde a la situación democrática, finalmente es el Congreso donde aquellas diferencias se procesan, porque tenemos que oír a distintas partes de la sociedad y no sólo al Colegio de Profesores, por importante que sea", sostuvo.

"Hay que diferenciar lo que es el diálogo versus aceptar íntegramente lo que plantea un sector", agregó.

Por otra parte, el Colegio de Profesores cifró en 70 mil los asistentes a la marcha que se realizó ayer en diversas ciudades del país.

"Tenemos el respaldo de gran parte de la sociedad para decir que este proyecto no puede salir tal como entró a la Cámara de Diputados", dijo el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, en declaraciones citadas por Emol.

El líder gremial reiteró su llamado a diálogo con el Ejecutivo. "El Gobierno debe entender que hay que sentarse a conversar y mejorar sustancialmente este proyecto mediante indicaciones sustantivas", afirmó.

Una de las principales quejas del gremio con el proyecto, es que consideran excesivas las evaluaciones a las que deben someterse los profesores para subir de escalafón e ingresar a la Carrera Docente, pruebas que no se suman a la ya existente Evaluación Docente.