El acceso a financiamiento para estudios en Educación Superior requiere políticas públicas que permitan asegurar a todos los jóvenes con méritos académicos y necesidades de apoyo socioeconómico el contar con los recursos para poder estudiar.

Como país hemos aumentado los recursos destinados a becas y créditos, lo que ha facilitado el aumento de la cobertura con la masiva incorporación de alumnos a centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Ha sido las instituciones privadas las que han acogido a la mayor cantidad de estudiantes que provienen de los quintiles de menores ingresos, en muchos casos los primeros miembros de sus familias que ingresan a la educación superior, y que requieren de mayor apoyo. Esta es una realidad objetiva e indesmentible.

Un significativo avance en materias de igualdad para los alumnos de educación superior se logró mediante la eliminación de las diferencias en las ayudas estudiantiles equiparando las condiciones de los créditos que reciben los alumnos de las instituciones tradicionales con los que reciben los alumnos de las instituciones privadas, eliminándose por fin la injustificable discriminación que existió durante muchos años entre estos solo por la dependencia de la institución en la que estudiaban.

Por ello la medida anunciada en orden a impulsar la gratuidad solo para un segmento de los alumnos más vulnerables, excluyendo a una sustantiva cantidad de jóvenes, representa a mi juicio un retroceso en la declarada lucha por la igualdad que el mismo gobierno sostiene impulsar.

Si partimos de la base de que todos los jóvenes vulnerables son iguales ante la ley este solo fundamento debería abrir la posibilidad de que todos estos opten a recibir las ayudas que el Gobierno define como políticas de Estado. Lo que debería exigirse es que pertenezcan a universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica que estén acreditados, mecanismo que el propio Estado ha definido para certificar la calidad de la Instituciones de Educación Superior.

Si como sociedad queremos facilitar la movilidad social y el progreso para los sectores más vulnerables de nuestra población, debemos propiciar la igualdad de trato para nuestros jóvenes. Es un imperativo ético.

A riesgo de una persistencia que puede molestar, debe insistirse en las profundas inequidades que golpean a nuestro país. En la práctica tenemos una realidad en el centro y otra en provincias. La desconfianza de Santiago con las regiones es histórica, en distintos estamentos se comenta que en las provincias no tienen las capacidades, a pesar que los errores más groseros en política pública han arribado desde el centro del país.

El ejemplo más reciente y caótico es el Transantiago, el sistema de transporte público capitalino que año a año le cuesta una enormidad de recursos al erario fiscal, cuestión que ya parece sin remedio.

El año pasado las siete empresas operadoras del Transantiago totalizaron 38.979 millones de pesos en pérdidas, mientras que el Metro triplicó la cifra alcanzando 131.141 millones de pesos en 2014.

Parte importante de las pérdidas se explica por efecto dólar, pero hay también otro problema insoluble: la alta evasión que llegó al 24% el año pasado, según información oficial.

Un proyecto de ley buscará aumentar los dineros fiscales en $60 mil millones entre 2015 y 2017 y en 130 mil millones entre 2018 y 2022.

Así, se evitaría un alza en el precio del pasaje del Transantiago en $30.

Se dice que en los países desarrollados, para tener un sistema de transporte de calidad, el Estado financia hasta un 60% del costo total, es verdad, pero también es cierto que aquello se hace extensivo a todo el país y no exclusivamente a la capital.

Con todos los vicios del Transantiago, lo que apreciamos son buses cómodos, de alto estándar, recorridos que han mejorado y todo a un buen precio.

Hay dificultades, por cierto, tanto en los microbuses, como en el Metro y por ello se planean multimillonarias inversiones en ese plano.

¿Pero qué tenemos en regiones? Poco. El sistema de transporte público es malo, pobre, con máquinas muy deterioradas, con recorridos poco eficientes y costos altos.

Eso no es sano, en especial para los sectores que más ocupan este sistema. Por tanto, es lógico que se reclame un trato justo y digno para todos.